A la Fiscalía, tres casos contra los gobiernos de Aguirre y Zeferino por recursos no comprobados

Daniel Velázquez

El contralor general del estado, Eduardo Loria Casanova, informó que hay “dos, tres quizá”, casos de auditorías aplicadas a dependencias del gobierno del estado que fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado por no solventar las observaciones que hizo la Contraloría.
En declaraciones a reporteros en un receso de las jornadas por la transparencia que la Contraloría General del estado organizó en Acapulco, Loria Casanova dijo que los casos corresponden a las administraciones de Ángel Aguirre Rivero y de Zeferino Torreblanca Galindo, pero no especificó más detalles.
“No puedo decir cuáles porque esa es información que ahorita está reservada”, dijo.
Dijo que los casos son porque se presume desviación de recursos y por eso se enviaron a la Fiscalía General del estado.
–Esos casos son de la administración de Ángel Aguirre.
–De Ángel Aguirre y puede ser, normalmente un asunto pierde su vigencia en 5 y hasta diez años, traemos asuntos inclusive de funcionarios de anteriores administraciones.
–¿De Zeferino Torreblanca?
–Y de administraciones anteriores.
Indicó que las “irregularidades” que encontró en la administración de Ángel Aguirre “fueron mucha falta de comprobación de recursos, al darte a ti un recurso y no comprobarlo pues tentativamente eres responsable, encontramos que muchos no habían comprobado y en gran parte ellos argumentaron la quema de expedientes” que ocurrió en octubre pasado, durante las protestas por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Indicó que el periodo “de transición”, del 26 de octubre de 2014 al 27 de octubre de 2015, en el que estuvo al frente de la administración Rogelio Ortega Martínez, se comprobará “perfectamente”.
Explicó que la revisión que hizo la administración de Ortega Martínez de las cuentas del periodo de Ángel Aguirre fue para deslindarse y asentar en el acta de entrega-recepción lo que recibió y lo que no encontró.
Indico que la Contraloría ha abierto “varios procedimientos” contra funcionarios aguirristas, pero “en tanto no se resuelva que es culpable o inocente no podemos presumir nada”.
El trabajo de la Contraloría también lo ha hecho en los municipios más grandes, como Acapulco, Iguala y Chilpancingo, donde han encontrado que las administraciones no han ejercido el dinero a tiempo porque deben usar y comprobar el dinero en el año para el que fue presupuestado.
Del Acabús dijo que el retraso se debe a que no se había podido “llegar a acuerdos reales” con los transportistas, y confió en que sea inaugurada antes de que concluya el gobierno de Rogelio Ortega.
En las jornadas por la transparencia ayer se impartió la conferencia Tres visiones del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, impartida por Víctor Manuel Pérez Castro, y se desarrolló el panel La cultura de la ilegalidad y su perjuicio en la vida de los mexicanos, en el que participaron María Teresa Troncoso de Venguer y Javier Morlet Macho.
Las jornadas concluyen hoy con el escritor Francisco Martín Moreno y el cabildo infantil de Acapulco.