Instan relatores de la ONU a Peña a que se investigue a las autoridades involucradas en el caso Ayotzinapa

* Piden al gobierno federal que instrumente “todas las recomendaciones” incluidas en el informe elaborado por el Grupo de Expertos de la CIDH

*Éstos van al Senado y plantean que EU colabore para resolver el caso Iguala

*Investiga la PGR a la central de autobuses de Iguala tras el informe

*Hay procedimientos contra agentes que no defendieron a los normalistas, dice el fiscal Godínez

*Acuden a Tlapa padres de los estudiantes desaparecidos a invitar a organizaciones a la movilización nacional en el DF a un año de los ataques

*Fincar responsabilidad penal a Murillo, demanda el PRD estatal

Insta la ONU a Peña Nieto a que se investigue a las autoridades involucradas en el caso Ayotzinapa

*Pide los relatores de Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales al gobierno federal que instrumente “todas las recomendaciones” incluidas en el informe elaborado por el Grupo de Expertos de la CIDH

Gloria Leticia  Díaz / Agencia Proceso

Ciudad de México

Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al presidente Enrique Peña Nieto “ahondar en los distintos grados de participación de todas y cada una de las autoridades” involucradas en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre del año pasado.
Juan Méndez y Christof Heyns, relatores especiales sobre Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales, respectivamente, también solicitaron que el gobierno mexicano instrumente “todas las recomendaciones” incluidas en el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A esa petición se sumaron Ariel Dulitzky, Bernard Duhaime, Jeremy J. Sarkin, Tae-Ug Baik y Jasminka Dzumhur, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
En un comunicado fechado en Ginebra, resaltaron la conclusión de que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero –versión presentada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como “la verdad histórica”–, y coincidieron con los expertos de la CIDH en la necesidad de hacer un replanteamiento general “a partir de los déficit”, como la búsqueda de estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas.
Al ofrecer su cooperación y asistencia técnica en el caso, los expertos de la ONU apuntaron que la investigación sobre los hechos de Ayotzinapa “debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción u omisión estuvieron involucradas en lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre de 2014, así como el desarrollo de las investigaciones y actuaciones realizadas con posterioridad”.
Luego de puntualizar que todos los funcionarios que obstruyeron la investigación del caso de Ayotzinapa deben ser sometidos a indagatorias, alentaron al Estado mexicano a “implementar todas las recomendaciones del GIEI”.
Ello, dijeron, “favorecerá la adecuada investigación y sanción de los responsables, el esclarecimiento de los hechos, así como la búsqueda, reparación y atención a las víctimas”, apuntaron.
Asimismo, recordaron que las observaciones de los expertos de la CIDH “son relevantes no sólo para el caso de los estudiantes normalistas, sino también para los grandes retos que el Estado mexicano enfrenta en materia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones”.
Finalmente, los expertos de Naciones Unidas ofrecieron su cooperación y asistencia técnica al gobierno de Peña, y enviaron “un mensaje de reconocimiento, solidaridad y aliento a las víctimas, a las familias y a los estudiantes normalistas”.

Plantean expertos del GIEI que EU colabore para resolver el caso Iguala

El gobierno de Estados Unidos podría ayudar a esclarecer los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, sostuvieron ayer integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Al reunirse con senadores, los especialistas plantearon que autoridades del vecino país podrían proporcionar información sobre la supuesta transportación de heroína en el quinto autobús involucrado en la desaparición de los 43 normalistas.
“Registros de Estados Unidos señalan la existencia de tráfico de heroína entre Iguala y Chicago (…) la existencia de autobuses que pueden llevar estos estupefacientes es una realidad”, externó el investigador Carlos Martín Beristain.
Aclaró que, aún cuando la investigación del GIEI no confirma la existencia de droga en ese vehículo de transporte, los testimonios hacen pensar que pudo ser así.
Beristain recordó que, en las indagatorias, lograron localizar un documento -en uno de los últimos tomos de la PGR– en el que el chofer del quinto autobús escribió, a mano, una bitácora que coincidía con el relato de los normalistas, pero no con su declaración ministerial.
Por su parte, Francisco Cox Vial, también integrante del GIEI, reiteró que la versión de que los normalistas llegaron a Iguala infiltrados por el grupo de narcotraficantes Los Rojos surgió de los perpetradores, pero fue desmentida porque todas las autoridades sabían que eran estudiantes.
Las comunicaciones internas entre las corporaciones de seguridad, señaló, revelan que sí sabían que eran estudiantes.
Los expertos explicaron ante senadores que es necesario que los servicios periciales tengan plena autonomía y que no sean parte de la PGR.
Pidieron tomar en cuenta la experiencia del caso Ayotzinapa para evitar la “victimización secundaria”, establecer protocolos con base en estándares internacionales e incorporar la figura de “declaración de ausencia”.
Reunidos por separado, familiares de desaparecidos entregaron al presidente del Senado, Roberto Gil, una propuesta de ley en la materia y demandaron ser tomados en cuenta durante la discusión de la misma.
Mientras, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, que pidió el anonimato, sostuvo que el Gobierno de México debe dar una seria consideración a las conclusiones del GIEI.
Sobre la posibilidad de que México solicite datos a EU respecto al tráfico de heroína en camiones, dijo que los gobiernos de ambos países cooperan regularmente en estos temas. (Claudia Guerrero y José Díaz Briseño / Agencia Reforma /?Ciudad de México).

Investiga la PGR a la central de autobuses de Iguala tras el informe de los expertos de la CIDH

*Policías federales y gendarmes vigilan permanentemente la Estrella Blanca, interrogan a los empleados y colocaron más cámaras de seguridad

Alejandro Guerrero

Iguala

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rindió su informe de los ataques a estudiantes de Ayotzinapa, policías federales y gendarmes pusieron vigilancia permanente en la central de autobuses Estrella Blanca, mientras agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) interrogaron al personal que ahí labora.
En la central de autobuses se colocaron más cámaras de seguridad de circuito cerrado, unas 20 en total entre la zona de andenes, el estacionamiento de los autobuses, entradas y salidas, según confirmaron empleados de la empresa.
Hace dos meses fueron despedidos y cambiados todos los empleados de la empresa de seguridad privada Águila, que estuvieron desde los ataques a los normalistas de Ayotzinapa y luego de que éstos tomaron tres autobuses la noche del 26 de septiembre, dos de la línea Costa Line que salió por la calle Galeana y uno más, al parecer de la Estrella Roja, que salió por la calle Altamirano.
Según el grupo de expertos independientes este podría ser el quinto autobús que los normalistas tomaron y que según su hipótesis llevaba un cargamento de droga, lo que desencadenó el ataque a los estudiantes.
Empleados de la central de autobuses ubicada al sur de la ciudad, frente al mercado municipal Adrián Castrejón, informaron que unos 20 agentes de la empresa de seguridad privada Águila, todos los que había, fueron cambiados hace dos meses.
Indicaron que en junio una persona, al parecer un empleado de la empresa Estrella Blanca con uniforme de chofer de la línea Costa Line, “se robó” o sacó sin autorización un autobús de la central camionera cerca de las 3 de la mañana, que un día después fue recuperado en Zacatepec, Morelos, en donde lo dejaron abandonado.
Los empleados confirmaron que a partir del domingo, después de que el GIEI dio su informe de seis meses, personal de la PGR vestido de civil investiga e interroga a los empleados y choferes de la empresa, “nos han preguntado que cuánto tiempo tenemos trabajando en la empresa y esas cosas”.
En la entrada de los autobuses, del lado de la calle Galeana que su circulación es hacia el centro de la ciudad, como en la salida del lado de la calle Altamirano que tiene el sentido hacia el Periférico Sur, hay cámaras de vigilancia, las cuales según los empleados siempre han estado pero en el interior, en el área de andenes y el estacionamiento de los autobuses también hay, y según los empleados algunas fueron colocadas luego de que el autobús Costa Line fue sacado sin autorización.
Ayer también se vio a un grupo de unos 10 de agentes federales de la división Gendarmería en un microbús de la corporación, en el área de estacionamiento adentro de la central camionera.
De las corridas de autobuses los empleados informaron que al día hay de dos  a tres corridas de autobuses Costa Line y Futura a Tijuana, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas pero que de esta central de autobuses no tienen salidas a Chicago o cualquier otro lugar que cruce la frontera.
De esta terminal salen autobuses de la línea Estrella Roja de Cuautla, que sólo va a Cuernavaca y Cuautla, Morelos.
De las líneas Monarcas Zacatecano o Autobuses Volcano, los empleados dicen que sus corridas siempre han sido las mismas.
Todos los autobuses que entran o salen de la terminal entregan un pase a los guardias de seguridad privada, y sólo así se les permite el acceso o la salida.
En el recorrido la tarde de ayer en el lugar, se observó que existe una cámara de seguridad que controla el C-4 en la esquina de la central de autobuses del lado de la calle Galeana, por donde salieron hacia el centro de la ciudad los dos autobuses Costa Line y el Estrella de Oro con normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, y que después fueron perseguidos y atacados por policías.

Hay procedimientos contra agentes que no defendieron a los normalistas, dice el fiscal

El fiscal general del Estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz informó que el martes acudió a una reunión en la Procuraduría General de la República (PGR) “para prestar mucha atención al informe reunido por el personal internacional, ver de qué manera vamos a darle continuidad al trabajo de investigación”.
De las observaciones del GIEI de que la noche del 26 de septiembre de 2014 hubo policías federales, soldados, policías estatales y ministeriales que tuvieron conocimiento de que los estudiantes fueron atacados y no intervinieron, el fiscal dijo que en lo que corresponde a los policías ministeriales “hay procedimientos administrativos de parte de la contraloría interna de la Fiscalía y son parte de la investigación”.
Dijo que no podía especificar el número de los policías ministeriales sujetos al procedimiento de la Contraloría Interna porque “son parte del trabajo” de la Fiscalía.
En la ronda de preguntas y respuestas después de que informó de 13 detenciones de presuntos integrantes del Cartel Independiente de Acapulco (Cida), al fiscal se le preguntó si ya se había reunido con la procuradora Arely Gómez González, e informó que el martes acudió a una reunión a la PGR para revisar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pero “por el momento quiero decirte, no quiero hacer un pronunciamiento al respecto porque estamos trabajando en ello, estoy coordinándome para darle puntual seguimiento a lo que se dijo en el mismo informe”.
Godínez Muñoz insistió en que la Fiscalía General del Estado (FGE), “investigó y envió un expediente” a la PGR sobre el quinto autobús presuntamente cargado con droga que por error los normalistas tomaron la noche del 26 de septiembre en Iguala.
“Creo que en su momento la PGR hará un pronunciamiento y su servidor también, porque es un tema de investigación y no podemos hablar mucho de lo que hay del contenido de la investigación, porque hay un sigilo que hay que respetar de acuerdo con la ley pero todo está en la averiguación previa, no creo que haya algo relevante, hay que tomar en cuenta todo el informe y en su momento daremos un pronunciamiento al respecto”, dijo. (Daniel Velázquez).

Acuden padres de Ayotzinapa a Tlapa; piden apoyo a estudiantes y organizaciones sociales

*Proponen que se sumen a la Acción Global por Ayotzinapa programada para el 26 de septiembre en la Ciudad de México, marcharán desde cuatro puntos, iniciarán un ayuno el 23 y lo concluirán el 25 para la marcha

Carmen González Benicio

Tlapa

Una comisión de padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada, y estudiantes visitó a las organizaciones sociales de esta región para informarles los resultados de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos  Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y pedirles se sumen a las acciones en su exigencia de la presentación con vida de los jóvenes.
Entre las actividades está la Acción Global por Ayotzinapa programada para el 26 de septiembre en la Ciudad de México, en la que marcharán desde cuatro puntos, iniciarán un ayuno el 23 y lo concluirán el 25 para la marcha del 26. Pidieron que se haga en las regiones si no pueden acudir a la capital del país.
Padres y alumnos se reunieron en las instalaciones de la Normal Regional de Tlapa con integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y de esa Normal.
En una rueda de prensa dijeron que la visita fue parte del plan de acción que diseñaron para visitar a las distintas organizaciones que los han apoyado en las distintas regiones y sus ciudades, para decirles de viva voz lo que hay y que se sigan sumando a la nueva etapa de lucha para exigir al gobierno la presentación con vida de sus hijos.
El representante de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega comentó que con las conclusiones del GIEI se cayó el montaje y mentira de las autoridades y se echó abajo la versión oficial, por lo que pidió a Enrique Peña Nieto que en lugar de que hagan una nueva investigación echen mano de las líneas de investigación que propuso el Grupo, y ya no se pierda tiempo, además de que se les permita la entrevista a militares.
Dijo que se tiene que castigar a los culpables porque aunque negaron la participación de las fuerzas de seguridad, ahí estuvieron policías municipales, estatales, federales y militares que sabían desde ese momento, “que nuestros hijos no iban a boicotear ningún acto político ni llevaban armas ni eran infiltrados ni son de Los Rojos, pero pretendieron responsabilizarlos para que no hubiera justicia”.
Mencionó que exigen la reunión urgente con Peña Nieto y que ya se manejaba una fecha tentativa para el 11 de septiembre en la que demandarán la presencia del GIEI hasta que se cumpla y respeten las observaciones que hizo, “queremos que se apropien del informe y no busquen armar otra mentira”.
Dijo que el informe les dio esperanza y demandó que el Estado busque a sus hijos con vida, aunque “ya perdimos la confianza en las autoridades, y la mentira le va a costar a quien hizo el trabajo sucio porque ya no queremos impunidad sino justicia”.
El 14 de septiembre enviarán el mensaje al país de que no se vive en libertad ni democracia, no hay igualdad y las reformas estructurales afectan a todos, por lo que no hay nada que celebrar el 15 de septiembre.
Lorenzo Francisco remarcó que se investigará a las fuerzas de seguridad que participaron el 26 y 27 de septiembre en los ataques en Iguala para saber por qué trataron a toda costa que no salieran los autobuses de esa ciudad.
Estanislao Mendoza pidió que los sigan respaldando en la búsqueda de sus hijos, porque a donde han ido hay desaparecidos “en todos lados hay, por eso pedimos que nos ayuden hoy y mañana por otros”.
Pidió justicia y que con los resultados del GIEI ahora tienen la certeza de que no fueron quemados, porque “desde que fui con otros padres al basurero de Cocula no creímos en eso”.
“Tenemos la esperanza de que están vivos y no pararemos hasta encontrarlos, ahora con fuerza  y seguiremos unidos”, expuso.
El estudiante se sumó a las exigencias “ya que siempre han tratado de acabar con la Normal”.
El integrante del MPG, Arnulfo Cerón Soriano dijo que la organización reitera su compromiso de seguir luchando por la presentación con vida de los 43 estudiantes y el esclarecimiento y castigo a los responsables intelectuales y materiales del activista Antonio Vivar Díaz, y la libertad de los presos políticos como Nestora Salgado.
Dijo que el informe del GIEI los fortalece y anima porque se cayó la “verdad histórica que es ahora la mentira histórica, con la que pretendieron engañar a la sociedad”.
Los padres acudieron a la radiodifusora comunitaria Palabra de la Lluvia para dar a conocer los pormenores del informe, e invitar a que los sigan apoyando en sus movilizaciones.

Fincar responsabilidad penal a Murillo por la “verdad histórica”, pide el PRD estatal

*También a los gobiernos federal, estatal y municipal que pudieron evitar el ataque contra los normalistas en Iguala, plantea

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

El Comité Ejecutivo Estatal del PRD exigió que se investigue y se finquen responsabilidades penales por encubrimiento y por los delitos contra la administración de justicia en contra del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y autoridades federales que participaron en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
También pidió que se finquen responsabilidades penales y administrativas a los gobiernos federal, estatal y municipal, “que tenían competencia y que pudieron evitar estos lamentables hechos”.
A través de un desplegado, el PRD estatal que preside Celestino Cesáreo Guzmán fijó un posicionamiento respecto al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el domingo pasado desmintió que los normalistas hayan sido incinerados y sus restos tirados a un río en Cocula, como lo indica la investigación de la PGR.
“Con el informe presentado por el GIEI, queda en tela de juicio la verdad oficial acerca de uno de los hechos más negros en la historia contemporánea de nuestro país, donde queda exhibida como una mentira histórica, por parte de la Procuraduría General de la Republica, para encubrir a los verdaderos responsables”, se lee en el desplegado.
El PRD estatal aseguró que con el informe del GIEI, que también reveló la existencia de un quinto autobús el día en que los normalistas fueron atacados a balazos y que tampoco se menciona en la investigación de la PGR, queda en evidencia “la fragilidad” de las instituciones de procuración de justicia en el país.
Se lee que se exhibieron “las irregularidades cometidas en la investigación, la mala actuación en la prevención, desarrollo y en la investigación de los hechos”, por lo que llamó a que las omisiones en que incurrieron las autoridades federales no se vuelvan a repetir.
La dirigencia del partido expuso que la investigación de la PGR desestimó “importantes indicios” que permiten presumir que militares y la Policía Federal estuvieron al tanto de lo que aconteció en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre, cuando fueron asesinadas seis personas y desaparecidos 43 normalistas.
“En el informe se pone al descubierto el conocimiento previo y la intervención directa de los cuerpos castrenses, policías federales, estatales y municipales en los sucesos de Iguala”, señala.
Recordó que los expertos señalaron que el crimen cometido en contra de los normalistas responde a una agresión “masiva, indiscriminada, arbitraria  y orquestada”, donde participaron policías municipales de Cocula e Iguala, la Policía Ministerial de Guerrero, la Policía Federal y el Ejército.
En el desplegado, el PRD indicó que “no es ni será cómplice de nadie”, por lo que llamó a los militantes y dirigentes del parido a que apoyen denunciando las “graves” irregularidades cometidas en las investigación del gobierno federal.
También pidió que se solidaricen con los padres de los estudiantes desaparecidos, manifestándose en todas las formas de lucha pacífica posible, y “asimismo extendemos nuestra más amplia solidaridad a los padres de familia y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos”.
Ante las irregularidades exhibidas por el informe del GIEI, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD exigió se investigue y se finquen responsabilidades penales por encubrimiento y por delitos contra la administración de justicia, en contra de  Murillo Karam y todas las autoridades federales que participaron en la investigación del gobierno federal.
Lo mismo pidió para los gobierno federal, estatal y municipal, “que tenían competencia y que pudieron evitar estos lamentables hechos”, y que sean investigadas todas las personas que “presuntamente” puedan aportar datos para conocer “la verdad histórica” de los hechos, “sin importar fueros o inmunidad”.
Reiteró también la exigencia de buscar y presentar con vida a los 43 normalistas, que se integre a los familiares de las víctimas en la investigación de los hechos y se adopten de manera inmediata las recomendaciones formuladas por el GIEI, “para que estos hechos no queden en la impunidad y se llegue a conocer la verdad histórica”.