Analizan el FUSDEG y la casa matriz de la CRAC “regularizarse” con el gobierno del estado
*Tiene su respaldo legal en el artículo segundo constitucional, en la ley 701 y en el convenio 169 de la OIT, responde la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo. Los vecinos de la sierra se integrarán como brigadistas, no como policías comunitarios, informa Nicolás Chávez
Lourdes Chávez
Chilpancingo
La casa matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) analizan su integración al proceso de refundación y regularización de las policías comunitarias que propone el gobierno del estado y que, se programó, terminará con la firma de un convenio el 29 de septiembre.
Según la convocatoria de la Convención Estatal de Refundación,
Institucionalización y Regulación de las Policías Comunitarias que organiza la Secretaría General de Gobierno, se va a consensuar una reglamentación en foros que comenzarían hoy, pero no se terminan de afinar los acuerdos.
Sólo la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) reconoció que las Brigadas Ecológicas y de Seguridad tienen asambleas en los 22 pueblos donde tienen presencia, para discutir la convocatoria que recibieron hace dos semanas.
El dirigente, Nicolás Chávez Adame estimó que las comunidades sí van a entrar a la regulación porque ya comenzaron a integrar las listas de los brigadistas que van a entregar a las autoridades estatales. No obstante, aclaró que van a pedir ser reconocidos como brigadistas, no como policías comunitarios.
La integrante de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de Temalacatzingo, Citlali Pérez ratificó que este movimiento ya tiene respaldo legal en el artículo segundo constitucional, en la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Informó que el sábado apenas recibieron la invitación cuando los plazos de registro ya estaban vencidos, aunque los pueblos ya habían determinado no participar en la convocatoria estatal, y expresaron mediante un boletín su negativa.
Añadió que en la vía de los hechos, los pueblos restablecieron el orden y la paz que no garantiza el Estado, que los confronta y emprende estrategias para confundir a la población. Recordó que el gobierno de Rogelio Ortega Martínez hostigó a los integrantes de la organización comunitaria, y en un conflicto local respaldó a los priistas de la organización Antorcha Campesina, que ha desarmados, detenido y golpeado a policías comunitarios.
Por su parte, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la CRAC, Abad García García, quien antes dijo que no se iban a alinear a la convocatoria estatal, ayer afirmó que el 13 de septiembre en asamblea microregional se va a analizar la convocatoria.
De manera extraoficial, fuentes del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que opera en el corredor Xaltianguis-Tierra Colorada-Petaquillas, informaron que hoy en conferencia de prensa van a fijar su posición sobre la convocatoria, y que van a hacer algunos planteamientos.
Se aclaró que este frente no ha tenido coordinación con la administración estatal, pero ha firmado convenios con el gobierno federal, y en este entendido podría sumarse al convenio.
Sin embargo, la fuente aclaró que ayer en la tarde seguían revisando los criterios de la convocatoria, y han considerado hablar con Ortega Martínez y después con el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, sobre la continuidad de estos trabajos.
La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se ha negado a dar una posición sobre la convocatoria y el convenio para la regulación, pero fuentes extraoficiales revelaron que están en asambleas en las comunidades para integrarse.
Grupos de la CRAC separados de la casa matriz de San Luis Acatlán, como la Casa de Justicia Mi Patria es Primero con sede en el barrio de El Fortín en Tixtla, y la de los Pueblos Fundadores que está en Santa Cruz del Rincón en Malinaltepec, expresaron con anticipación que no se integrarán a este proceso.
La convocatoria que se difundió el 22 de agosto indica que las organizaciones que accedan a ser reguladas y cumplan con el marco normativo que derivará de la convención, recibirán capacitación, equipamiento, atención médica y seguro de vida para sus policías comunitarios.
Para participar, los representantes de las organizaciones deberán presentar el acta constitutiva, reglamento interno, estructura orgánica y las actas de la asamblea general en las que conste que el nombramiento de cada uno de los miembros de la Policía Comunitaria se efectuó de manera pública y por mayoría calificada, al menos con dos de tres partes de los empadronados.




