Carlos Pérez Aguirre

Ayotzinapa, ocaso gubernamental

Los resultados de las investigaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son además de serias, demoledoras y graves contra el Estado mexicano, pues señalan responsabilidades, ya sea por comisión o por omisión, de todos los niveles de gobierno y de la mayoría de sus organismos de seguridad.
Recalca con criterio científico y objetivo, todos aquellos elementos que habían sido ya señalados por diversos personajes y medios como:
a) El conocimiento anticipado y mediante seguimiento que los gobiernos federal y estatal tenían de la ruta y acciones (no violentas) de los jóvenes de la escuela normal rural de Ayotzinapa; b) El conocimiento en el momento, en tiempo real, de las agresiones y arbitrarias detenciones; c) Del haberles negado no solo la protección, sino también la asistencia, y d) De haber demorado en la actuación evadiendo sus responsabilidades.
En cuanto a la investigación:
a) Se borraron o alteraron las pruebas y los escenarios; b) Se violentaron declaraciones y declarantes; c) Se creyó “ingenuamente” o se construyeron falsos supuestos (como la imposible, por muchos motivos, incineración de cuerpos en baldíos), y c) Se cerró una investigación solo para salir del problema.
Todo lo anterior y mucho más que desde el primer instante que la sociedad conoció del hecho, lo siguió con desconfianza de que la autoridad estuviese realmente realizando un trabajo pulcro –por la ya natural desconfianza de la sociedad respecto de las autoridades– y de nuevo defraudó, porque lo que la autoridad realizó fue la siempre tergiversada, comodina y a modo, investigación.
Cuando se requería, después del torpe retraso de la intervención federal, una investigación rápida objetiva y contundente, se obtuvo una fábula vil y mañosa.
Hay muchos responsables dentro de los órganos de seguridad en los tres niveles de gobierno; hay muchos responsables en las áreas de la administración de justicia; hay responsables que por su acción o comisión derrumbaron al Estado nacional y hoy lo tienen de hinojos y tambaleante.
Nunca más debe suceder un hecho como lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, requerimos hoy de nuevo respuestas reales, verdaderas.
Las esperanzas de los padres y de millones de indignados mexicanos deben tener respuesta, sino, el camino lo dio Guatemala. Por ello el Estado nacional debe recomponerse y si sus autoridades no pueden responder y resolver esto, menos podrán con la inseguridad porque se percibe complacencia para con los delincuentes y eso no lo podemos permitir.
Estamos a escasos días de que se cumpla un año de esos hechos criminales, la comisión de expertos de la CIDH mostró en su informe las graves inconsistencias, ahora nos toca de nuevo exigir por el bien de todos que se investigue y se castigue a los autores de ese hecho, pero a ellos ahora también se suma la petición de castigo a los negligentes que por cansancio, según dijeron, apresuraron cualquier hipótesis.
Podemos pensar que posiblemente los movía un interés más oscuro, el de esconder a los verdaderos responsables y a los participantes, esta respuesta solo nos lo dará el avance en la aplicación de justicia. Sabemos que la normalización de la convivencia, el restablecimiento del Estado de derecho y la erradicación de la delincuencia tiene que iniciar, porque no hay de otra, por la presentación de resultados objetivos del caso Ayotzinapa y el procesamiento de los culpables, de no ser así, sabremos que el Estado entró a su ocaso final.
Titishando: Realmente corresponde a una conducta no solo irresponsable sino sobre todo criminal lo que sucede en los hospitales de la Madre y el Niño, tanto de Tlapa como de Chilpancingo. Sus administraciones que reciben millonarios recursos juegan con la vida de los infantes, tráfico de influencias, cobros excesivos, adquisiciones y contratos de todo tipo a parientes o amigos, condiciones inadecuadas de limpieza e higiene, gastos no sustentados de tipo personal, etc. Tal cosa sucede en Chilpancingo donde un personaje que se dice ahijada del ex gobernador Aguirre ocupa como coto de su propiedad el presupuesto, instalaciones y personal.
Los resultados son lamentablemente decesos de infantes recién nacidos, como el de ocho bebés recientemente en Tlapa, pero que en Chilpancingo también son constantes. Algo tendrá que hacer la Secretaría de Salud, la Contraloría y el gobernador para evitar que sigan utilizándose recursos propios en beneficio de directivos ineficientes y corruptos.
Un agradecimiento a los expertos de la CIDH por que nos dieron informacion creíble y reabrieron con verdad la posibilidad de continuar con la busqueda de los 43 muchachos que estudiaban para docentes.
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