El alcalde de Tecoanapa protege a un grupo armado que amenaza a pobladores, denuncian ante la Codehum

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente municipal de Tecoanapa, Manuel Quiñones Cortés, del PVEM, ha incumplido con el otorgamiento de medidas cautelares que le pidió la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) desde el 24 de agosto para vecinos de la comunidad de Rancho Viejo, amenazados de muerte por un grupo armado.
Una de las víctimas, Nicéforo Loaeza Loaeza, denunció ayer aquí que, incluso, se han enterado que los integrantes del grupo armado cuentan con la protección del mismo alcalde.
El 20 de agosto, Loaeza Loaeza, Natividad Hernández Cruz y Justino Aley Loaeza, denunciaron ante la Codehum actos de hostigamiento y amenazas en su contra por parte de integrantes de un grupo armado que se hacen pasar como integrantes de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), pero que no son reconocidos como tal por el pueblo.
Denunciaron que se trata de quien se hace pasar como comandante de la Policía Ciudadana, Gilberto Aley Nava, Celso Dircio Navarrete, Alvaro Navarrete Aley, Doroteo Carranza Hernández, Gerardo Nava Flores y otras siete personas.
En su denuncia por escrito del 20 de agosto, Nicéforo Loaeza explicó que las amenazas en contra de varios de los habitantes del pueblo comenzaron a partir de que se negaron a pagar cada uno al comisario municipal, Ubaldo Castillo Loeaeza, mil 150 pesos que presuntamente depositaría al gobierno del estado para la construcción de una universidad en ese pueblo, que contaría con una carrera de medicina y otra de ingeniero agrónomo.
El comisario les aseguró que ya había firmado el convenio con el gobernador Rogelio Ortega Martínez y el secretario de Educación, Salvador Martínez Della Roca, pero que una semana después acudió a la comunidad, a petición de los inconformes, un funcionario de la SEG quien desmintió que el gobierno esté pidiendo ese recurso y no está proyectada la construcción de ninguna universidad en la región.
Loaeza denunció que a pesar de eso el comisario sigue pidiendo a los habitantes el dinero, “la mayoría somos de escasos recursos, y yo apenas le alcancé a dar 150 pesos, y como yo hay muchas personas que no pueden pagar”, dijo en su escrito de denuncia.
Sin precisar en la fecha, informó que un día pasaron por la comunidad elementos del Ejército y que denunció ante el capitán que iba a cargo de los militares las constantes violaciones a sus derechos humanos y amenazas que están sufriendo y el jefe militar le recomendó que presentara la denuncia ante el 48 Batallón que se encuentra en Cruz Grande.
Pero dijo que la situación se agravó porque inmediatamente después de que se fueron los militares, los integrantes del grupo armado lo buscaron y le dijeron que lo iban a detener “por bocón”, pero dijo que alcanzó a escapar y estuvo escondido hasta que días después visitó la comunidad el presidente municipal, Quiñones Cortés, ante quien acudió para solicitarle protección, “pero me privaron de mi libertad en presencia del presidente municipal”, denunció.
Por separado, Natividad Hernández Cruz y Justino Aley Loaeza presentaron otra denuncia aunque ésta fue directamente en contra del comisario municipal, Ubaldo Castillo Loaeza.
En respuesta, la Codehum solicitó al presidente municipal mediante el oficio 1565/2015 medidas cautelares para brindar protección a los tres quejosos y al resto de los habitantes que se sienten amenazados, “con el objeto de garantizarles la vigencia plena de los derechos fundamentales”.
El organismo pide al alcalde que “se actúe con eficiencia y oportunidad y se adopten las medidas administrativas y legales para salvaguardar la integridad física, emocional y psicológica, así como la vida del quejoso, instruyendo a quien corresponda tomar las medidas necesarias”.