No entregan los gobiernos los granos básicos para las comunidades damnificadas de la Montaña, denuncian

*Sólo tienen promesas, porque tampoco les han entregado las viviendas que se autorizaron, las escuelas siguen deterioradas, siguen incomunicados por la falta de puentes y no tienen energía eléctrica, informa el Consejo de Damnificados

Carmen González Benicio

Tlapa

El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña denunció el incumplimiento de las autoridades federales y estatales en la entrega de granos básicos a 90 comunidades, la lentitud de los apoyos en vivienda y otros servicios para damnificados en el 2013 por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid.
Los integrantes del Consejo de Damnificados, que se reúnen de manera constante tras las afectaciones de hace dos años, manifestaron que lo único que tienen hasta ahora son promesas, porque ni les han entregado los granos básicos que les prometieron, ni las viviendas que se autorizaron se han concluido, las escuelas siguen deterioradas, siguen incomunicados por la falta de puentes y no tienen energía eléctrica.
Los asistentes de los 13 municipios y las 185 comunidades que integran el Consejo de Damnificados acordaron movilizaciones este lunes en Chilpancingo, y una conferencia de prensa donde darán a conocer que el gobierno no cumplió con la reconstrucción, a dos años de que las lluvias les arrebataron sus siembras y parcelas, sus casas y sus pueblos.
Todavía algunos siguen en campamentos, porque no han sido reubicados, y las casas están en mal estado pese a los anuncios millonarios, que según se destinarían al estado.
Informaron que de las 185 comunidades que entraron al programa Que Llueva Maíz para la Montaña, no les han entregado a 90 de ellas, y que les faltan dos meses, pues el acuerdo con las autoridades era de seis meses y después se analizaría la ampliación o instauración como programa.
Dijeron que el gobierno no quiere entregar el faltante porque “algunos acusaron que se pide dinero por el maíz, frijol, arroz y sal”, y aunque no descartaron que algunas comunidades tuvieran ese tipo de acuerdos, la mayoría no lo hace.
Denunciaron que el gobierno quiere acabar con la organización que pide granos básicos, caminos y viviendas para damnificados, y una manera de hacerlo es dividirlos, “nos quieren hacen pelear para que ya no sigamos exigiendo que se cumpla con todas las comunidades, dirán ‘hay que darles a algunos y a los demás no, y ahí que se peleen’”, expuso un participante.
Otro, comentó que algunos se quejaron porque no eran beneficiarios, “de eso no tenemos culpa porque se les invitó y no creyeron que podíamos lograr cosas, y ahora ya no los podemos meter porque ya dimos una relación al gobierno, y hasta que lo hablemos”.
Ante los distintos planteamientos acordaron que las 95 comunidades que ya recibieron en su totalidad los seis meses de granos básicos exigirán se los entreguen al resto y sin condiciones, porque las minutas firmadas dicen que el apoyo era de seis meses, a cambio de un listado de los beneficiaros, credenciales de elector y fotografías personales.
Informaron que exigirán la entrega de los granos a las 90 comunidades que faltan, y luego demandarán la ampliación de la entrega de otros seis meses de apoyo, como se estableció en una minuta de febrero de 2014.
De las viviendas, manifestaron que va retrasada la atención pues de las 4 mil que reportaron afectadas, la Sedesol en un cruce de información resolvió que algunas ya son atendidas y queda un padrón de 2 mil 900, que son verificadas por promotores que apenas han ido a Acatepec, Tlacoapa, Malinaltepec y están empezando San Luis Acatlán, es decir, sólo a cuatro de los 13 municipios que se reportaron.
Además denunciaron que las autoridades que hace más de un año les dijeron que las personas que tuvieran un folio ya tenían asegurada su vivienda, ahora les dicen que eso no es garantía.
La integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Marta Ramírez comentó que en una minuta de trabajo del 2 de septiembre de 2015 con autoridades federales, les pidieron que los paquetes alimentarios se entregaran de acuerdo al padrón de beneficiarios, sin condicionarlos a cambio de cuotas.
También acordaron un seguimiento que las 16 mil familias afectadas requerían para levantar información de los menores de hasta 5 años con peso y talla, para determinar el grado de desnutrición y que se solventaran las observaciones de la primera y segunda entrega, hecha en el 2014, y de la tercera de este año.
Además, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) les pidió registrar en una tarjeta los datos de los beneficiarios, para justificar los recursos destinados al programa Apoyo a Familias con Carencia o Riesgo Alimentario, porque se los pedían las auditorías interna y superior de la federación, “ya que sin ellos es imposible que se justifique otro pago más a Diconsa y por lo tanto se detienen las entregas. En tal circunstancia la Cdi no podrá terminar la entrega a las 90 comunidades restantes”.
Dijo que Tlachinollan se comprometió a informar en la reunión de este sábado a los integrantes del Consejo para llenar “la tarjeta de entrega, recordarles que el apoyo de maíz era gratuito y que permitan el monitoreo de peso y talla en menores”.
La asamblea determinó que la entrega de maíz a las 90 comunidades no estaba a negociación, porque había minutas firmadas con las autoridades.