Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* PRD y narcopolítica en el 2015

El 29 de agosto el ex dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, fue elegido presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Algunas crónicas destacaron esa noticia como señal de la madurez democrática del país, el que un ex guerrillero, alguna vez integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, presida el Poder Legislativo.
Los aguafiestas, sin embargo, creemos que en lugar de significar un adelanto del pluralismo político, es un retroceso, pues ese hecho confirma la falta de escrúpulos que predomina entre la clase política. Porque si algo representa Zambrano hoy es a los políticos corruptos que proliferan en el mercado nacional, de lo cual su paso por la dirigencia nacional del PRD produjo numerosos ejemplos.
Quizás lo que con mayor claridad retrata a Zambrano en la actualidad es la reunión que sostuvo el lunes 29 de septiembre del año pasado con el todavía alcalde de Iguala, José Luis Abarca, tres días después de ocurrido el ataque de la policía municipal de esa ciudad contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
A semanas de entregar la presidencia del PRD, Zambrano no tuvo ningún reparo en entrar en tratos con Abarca, quien pertenecía a su corriente Nueva Izquierda y en esos días emprendió una desesperada búsqueda de protección política, lo que entre otras cosas incluyó una reunión de su esposa con el gobernador Ángel Aguirre Rivero en Acapulco.
Para justificarse, el ex presidente del PRD diría después que en ese encuentro, realizado en un Sanborns de la ciudad de México, le pidió al entonces alcalde que se entregara a las autoridades, pero al día siguiente Abarca huyó y un mes más tarde fue capturado en Iztapalapa. No hay forma de verificar el contenido de esa reunión, pero dejó la impresión de que el presidente del PRD le brindó su apoyo.
En el PRD hay muchos Zambranos. Sebastián de la Rosa es uno. Hace un año, cuando era diputado federal, De la Rosa hizo una defensa pública de Abarca, gesto que justificadamente ahora carga sobre sus espaldas como una lápida. Entre los muchos dirigentes perredistas que apoyaron a Abarca, De la Rosa y el ahora ex perredista Lázaro Mazón sobresalen porque fueron los principales promotores y protectores políticos del ex alcalde de Iguala.
A pesar de la conciencia plena que existe dentro del perredismo sobre la mala imagen que arrastra por su ligazón con Abarca, Sebastián de la Rosa fue designado hace unos días coordinador de la nueva fracción del PRD en el Congreso del estado. No le importó a la dirigencia estatal y nacional del PRD, ni a la decena de diputados locales que le dieron su voto, ese negro antecedente de De la Rosa. Es probable que les pareciera poco importante, si después de todo el coordinador saliente, que también presidía la Comisión de Gobierno del Congreso, Bernardo Ortega Jiménez, tenía antecedentes iguales o peores, pues es hermano de los cabecillas de la banda de Los Ardillos, uno de los grupos de la delincuencia organizada que incendió el municipio de Chilapa.
Carlos Reyes Torres y su hermano Crescencio, ahora ambos diputados locales, encajan también en el molde del que hablamos. En un video del que se tuvo conocimiento público en enero de 2014, los dos fueron señalados por Servando Gómez La Tuta, el líder de Los Caballeros Templarios, de tener vínculos con el grupo delictivo Los Granados, que desarrolla sus actividades ilícitas en la Costa Grande, lo que desde luego han negado.
Para mayor precisión, Crescencio Reyes, por aquellas fechas presidente municipal de La Unión, mientras su hermano estaba al frente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, apareció en la lista de 12 alcaldes de Guerrero acusados por el gobierno federal de mantener nexos con el narcotráfico. Como se recordará, esa lista fue hecha pública por el diario Milenio el 17 de noviembre de 2014, y en ella figuraban otros siete alcaldes del PRD y cuatro del PRI (de los priístas, el más destacado era el de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos). Sobre este tema, en mayo de 2013 el propio Aguirre Rivero había dado a conocer que presidentes municipales de la zona norte del estado tenían vínculos con la delincuencia organizada y eran investigados. El caso es que a pesar de esas acusaciones, Crescencio y Carlos Reyes Torres son hoy diputados locales del PRD, y el segundo hasta consiguió ser designado presidente de la mesa directiva con el aval de la fracción del PRI.
Hay más. David Jiménez Rumbo, el dirigente de la corriente Grupo Guerrero, es ahora diputado federal (plurinominal, por la circunscripción a la que pertenece Michoacán, su estado de origen), aun cuando también ha sido señalado de tener nexos con La Tuta, originario de Arteaga, como él. En noviembre de 2014, por una declaración del propio Jiménez Rumbo, se supo que Los Chuchos lo vetaron para ser candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Jesús Ortega alegó que “era muy posible que yo tuviera relación con la delincuencia organizada y que yo era gente de La Tuta”, dijo Jiménez Rumbo, conocido como un corrupto consumado, por ser dueño de un rancho con dos mil cabezas de ganado en la Costa Grande y por su afición por los automóviles de lujo. El veto le impidió encabezar al PRD en Guerrero, pero los argumentos esgrimidos por Los Chuchos ya no fueron suficientes para frenar la inclusión de Jiménez Rumbo en la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados. Ahí está hoy, con fuero.
Todos los casos mencionados en estas notas son manifestaciones de la narcopolítica, un problema que en Guerrero resurgió a la luz pública en octubre del 2012 con la difusión del video en el que el alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares, apareció en una forzada plática con un delincuente. Era un atisbo a las relaciones inconfesables que desarrollan partidos y políticos, y por consecuencia áreas de gobierno e integrantes del Poder Legislativo.
Escribimos por aquellas fechas que no se trata solamente de las presiones y las amenazas con las que los criminales consiguen su objetivo de controlar territorios y estructuras policiales. Se trata también, y sobre todo, de la complicidad creada por políticos con grupos delictivos con tal de ver satisfechos sus intereses a cualquier costo.
A propósito del caso del alcalde de Teloloapan, el dirigente estatal del PAN, Andrés Bahena, dijo entonces que si los alcaldes recibían presiones de los grupos criminales para obtener beneficios, era porque seguramente recibieron dinero de esos grupos para financiar sus campañas.
Unos meses antes, el ex diputado priísta y ex alcalde de Arcelia, Ernesto González Hernández, había ofrecido un testimonio contundente sobre el poderío que ejerce el narcotráfico sobre los políticos, o sobre los pactos que éstos hacen con aquellos. Ernesto González dijo en junio de 2012 a la revista Proceso que en Guerrero los narcos son los que mandan, y que para realizar actividad política es preciso solicitarles permiso. “Es de todos sabido que hay que pedir permiso (al narco) para hacer política”, declaró.
Con todo esto tiene que ver el hecho de que Jesús Zambrano sea presidente de la Cámara de Diputados y Carlos Reyes presidente del Congreso del estado, mientras el partido organiza foros para debatir sobre su futuro. Para qué pierde tiempo, si el futuro del PRD está entregado a los Zambrano, a los Sebastián de la Rosa y a los Carlos Reyes, entre los cuales debe estar ya otro Abarca.

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