El gobierno federal no ha cumplido los acuerdos con damnificados de La Montaña, denuncian

*El Consejo de Comunidades registra 4 mil 351 viviendas dañadas por las tormentas de hace dos años y 2 mil 288 no las contó la Sedatu. No se han reparado las afectaciones en primarias y jardines de niños de 35 pueblos, en 13 comunidades se mantienen los daños en los centros de salud en el hospital básico de Tlacoapa, informan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña emplazaron al gobierno federal a evaluar la atención de los daños provocados por la tormenta Manuel ocurrida en 2013, porque ningún acuerdo se ha cumplido a dos años de la devastación.
En conferencia de prensa mencionaron que el presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de 30 mil millones de pesos para la reconstrucción del estado, mediante un programa al que denominó Nuevo Guerrero, pero en 13 municipios de la Montaña aún no termina la reconstrucción de viviendas, la reubicación de poblados, la dotación de granos básicos, la reconstrucción y rehabilitación de carreteras, puentes y escuelas, ni la rehabilitación de los servicios dañados por las lluvias de aquel 15 de septiembre.
Consideraron que los programas no resolvieron los problemas, y se tradujeron en mayor discriminación para las 16 mil familias damnificadas de la Montaña y la Costa Chica.
El director del centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández denunció que los pueblos llevan dos años de lucha contra el hambre y la inequidad del gobierno.
Exigió a los tres niveles de gobierno que cumplan el compromiso que asumieron con los pueblos, después de que las comunidades rompieron el cerco informativo que acapararon los destinos turísticos, también afectados por las lluvias atípicas de ese año.
En un recuento de compromisos incumplidos, los afectados recordaron que el gobierno del estado dijo que distribuiría maíz, frijol y trigo a las familias, pero en los hechos fue la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) la que hizo la entrega “a cuenta gotas”.
El integrante del Consejo, Moisés Solano Cano mencionó que de 185 pueblos a los que se les autorizó el subsidio de granos, en 90 la Cdi condicionó la última entrega mediante trámites burocráticos.
Mencionó que tienen que llenar una tarjeta que incluye datos personales y el peso de los niños, eso no fue necesario en otros pueblos, y las comunidades no están dispuestas a sujetarse a los nuevos criterios porque el programa no nació del gobierno, fue resultado de las protestas de las comunidades.
Dijo que el acuerdo con la federación fue la dotación de granos por seis meses, los pueblos pidieron que el subsidio se extendiera un año. A la fecha, no termina la primera etapa de seis meses que se sujetaría a una evaluación para ampliar el programa a un año.
Sin embargo, dijo que el problema de la Montaña es más complicado porque la producción y la geografía son adversas para una buena cosecha, y van a exigir subsidio permanente. Incluso el gobierno reconoce que la desnutrición en los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas es más grave que en cualquier otra región, agregó.
Denunciaron que en dos años se han realizado 23 reuniones de trabajo con resultados mínimos. Como ejemplo mencionaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) hizo un registro mínimo de daños en viviendas.
Al confrontar los registros de los pueblos de 4 mil 351 viviendas censadas, se dieron cuenta que 2 mil 288 no estaban incluidas por la Sedatu, y hasta julio los funcionarios de la dependencia se comprometieron a hacer una revisión de campo, pero sólo han acudido a tres municipios, faltan 10 por visitar.
El integrante del Consejo, Alfonso Ayala Vicario aseguró que algunas familias viven con techos de plástico porque la construcción de las casas en obra es muy lenta, y otras están mal hechas, “tienen goteras, charcos en las azoteas”.
Denunciaron que no se han reparado las afectaciones en primarias y jardines de niños en 35 pueblos, que en 13 comunidades se mantienen los daños en los centros de salud así como en el hospital básico de Tlacoapa, cuya rehabilitación está retrasada.
Detallaron que siguen sin rehabilitar 21 puentes colgantes que usan particularmente los niños para ir a las escuelas cuando los ríos y arroyos están crecidos, y que 39 comunidades mantienen daños en postes de luz, cableado, transformadores de electricidad y cables de alta tensión están caídos sobre viviendas.
Reportaron entre 10 y 25 huertos por cada comunidad como dañados, y en los cafetales se habla de 20 por ciento de las parcelas con pérdidas totales.
De 28 comunidades que se encuentran en alto riesgo y que solicitaron su reubicación, la mayoría siguen sin ser atendidas porque el gobierno federal dice que sí las reubica si el gobierno del estado compra los terrenos, pero éste responde que no tiene dinero.
En tanto, las familias construyen sus viviendas en el mismo sitio, destruyen el bosque para reubicarse, o se conforman con casas muy reducidas porque no hay terrenos suficientes para los pueblos, entre ellos Tlacoapa, donde la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dijo en un acto público que habría un “cambio de fondo”.
El comisario de Totomixtlahuaca, del municipio de Tlacoapa reveló que cada vez que informan a las comunidades que van a ir a una reunión, los vecinos se desaniman porque ya no confían en las autoridades, por ejemplo, indicó que la entrega de maíz llegaba con retraso y cuando pidieron una explicación la Cdi responsabilizó a Diconsa de no hace las entregas.
Sin embargo, cuando se le preguntó a los funcionarios de Diconsa, respondieron que la Cdi debe aportar el dinero para mover los vehículos y no habían recibido los recursos.
Emplazaron a las autoridades a cumplir los acuerdos pactados y a atender las demandas de los pueblos, o volverán a las calles a protestar.
La conferencia fue en las oficinas de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) en Chilpancingo, con la presencia de algunos dirigentes sindicales.