El Congreso local está rebasado en el caso Ayotzinapa, responde el vocero de los padres

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Congreso local está rebasado de la investigación de los crímenes del 26 de septiembre, a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz.
En respuesta a los posicionamientos de las fracciones partidistas en la instalación de la 61 Legislatura, en los que se propuso crear una fiscalía especial o una comisión de la verdad, De la Cruz recordó que la mayoría de los crímenes ocurridos ese día se encuentran en el ámbito federal.
En todo caso, recomendó a los nuevos diputados que legislen en materia de delitos de lesa humanidad si quieren contribuir a la no repetición de crímenes de Estado, o que pidan información a la Fiscalía General del Estado sobre la situación que guarda la investigación de la tortura y ejecución extrajudicial del normalista Julio César Mondragón Montes.
Felipe de la Cruz reveló que en la última reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, éste les dijo que ese caso se quedó en la Fiscalía de Guerrero.
Después de una nueva prueba forense, el GIEI indicó que Mondragón Montes fue torturado, murió a alrededor de la una de la madrugada cel 27 de septiembre y fue desollado postmorten; se le vio por última vez cuando huía de un ataque a balazos dos horas antes de su muerte.
Sobre ese caso, la Fiscalía del estado dijo en su dictamen forense que el rostro del joven había sido devorado por “fauna nociva”, lo que indignó a sus familiares.
Indicó que antes de proponer, los diputados deben diferenciar lo que significa una comisión de la verdad y una fiscalía especial; la primera busca la verdad de un hecho oculto, y la segunda investiga para castigar un delito.
En este caso el GIEI está buscando la verdad, y señala lineas de investigación para castigar a los responsables.
Ratificó que van a exigir que la responsabilidad llegue a todos los niveles, que se castigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, incluso al gobernador sustituto Rogelio Ortega Martínez, porque su “política de represión” indica que también “forma parte del grupo delincuencial que ya no se debe tolerar en el estado”.
Indicó que los expertos del GIEI salieron del país para entregar su informe a la CIDH, volvieron a sus lugares de origen, pero volverán a la reunión prevista con el presidente Enrique Peña Nieto el 24 de septiembre.
En tanto, en la normal rural, padres y alumnos trabajan en los preparativos de la acción global del día 26, a un año de la desaparición forzada de sus compañeros.
Trascendió que cerraron la escuela a maestros y administrativos para dedicarse de tiempo completo a organizar las actividades de protesta.