Humberto Musacchio

La justicia: botones de muestra

La empresa OHL ha sido generosamente beneficiada por el gobierno del Estado de México, no tanto el presente como el anterior, y desde luego por el federal, el de hoy, que ha colmado de contratos y beneficios a esa constructora que también administra caminos de peaje, como el Viaducto Bicentenario, para el que ya gestiona un alza de cuotas.
En este sexenio de corrupción evidente y exoneraciones sobre medida de la Secretaría de la Función Pública, resulta por lo menos sospechoso el favoritismo del gobierno, que tiene a OHL construyendo la autopista Atizapán-Atlacomulco y que, según todos los indicios, también la dará por ganadora del contrato para edificar el Viaducto Elevado La Raza-Indios Verdes.
No sabemos, pero tampoco nos extrañaría que la misma empresa esté coludida con los políticos que insisten en ponerle un segundo piso a la avenida Chapultepec, precisamente en el tramo que ofrece menos problemas de tránsito, lo cual despide un olor nauseabundo, propio de esos negocios en los que empresarios privados y funcionarios públicos se convierten en socios. ¿O no?
El hecho es que OHL no deja de recibir favores gubernamentales, pese a que en mayo se difundió una grabación comprometedora que hizo caer sus acciones en la Bolsa de Valores hasta perder casi 40 por ciento en mes y medio, si bien se produjo una recuperación notable hasta 23 de julio, cuando nuevamente los papeles bursátiles se deslizaron en el tobogán de la desconfianza.
Escándalos van y escándalos vienen, pero la Bolsa Mexicana de Valores tiene las acciones de OHL en el más alto rango, pese a que la firma Infraiber denunció que era favorecida mediante contratos otorgados irregularmente o por cobrar más de lo autorizado en sus caminos de peaje. Suponemos que Infraiber sabe lo que dice, pues su función es medir aforos en carreteras de cuota, y debe ser una empresa digna de crédito, pues fue contratada por el gobierno mexiquense para realizar esa tarea.
Las denuncias de Infraiber y las grabaciones conocidas insisten en la colusión de la empresa con autoridades del más alto rango. Éstas han reaccionado con una virulencia excesiva, impropia de quien tiene la conciencia tranquila, y han denunciado a Infraiber por la difusión de desplegados, comunicados y grabaciones “ilícitas y manipuladas” que tienen como fin extorsionar, según OHL y su filial Conmex, la empresa que administra el Circuito Exterior Mexiquense.
Por lo pronto ya le cancelaron el contrato a Infraiber porque, según el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la empresa hoy demandada cobraría 50 centavos por vehículo, monto demasiado elevado, aunque el funcionario no explica por qué se firmó el contrato en tales condiciones.
Ante las amenazas de OHL y funcionarios públicos, Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, ha insistido en que la empresa mantendrá en pie su denuncia e incluso acusó a Ruiz Esparza y a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, de malinformar al presidente Enrique Peña Nieto. Como consecuencia, Díez Gargari fue detenido más de 48 horas por agentes de la Procuraduría General de la República, quienes le sembraron un arma en su auto, según consta en un video.
Con los antecedentes que pesan sobre los funcionarios federales de hasta arriba y el notorio favoritismo hacia OHL, los ciudadanos tenemos derecho a pensar que hay más de un punto irregular en todo este litigio en el que, tristemente, un secretario de Estado funge como abogado defensor de la OHL y la PGR incurre en hechos ilegales con el fin de amedrentar y desacreditar a Infraiber.
Pero nada de esto debe extrañarnos cuando las cárceles mexicanas están repletas de presos por motivos políticos y se mantiene en prisión a Nestora Salgado, comandante de policías comunitarios de Guerrero, a quien se acusa de secuestro pese a que las madres de las dos jovencitas dizque raptadas le encomendaron que las buscara y reeducara, cualquier cosa que eso signifique.
Igualmente canallesco es que se mantenga en la cárcel a Eva Ayón, a quien, como a otros viajeros que llegan al aeropuerto de la ciudad de México, le introdujeron droga en su equipaje y por ese motivo fue detenida y encarcelada en el penal de El Rincón, Nayarit.
Ésa es la procuración e impartición de justicia que priva en México, con fabricación de culpables, tráfico de influencias e inmunidad e impunidad –según se quiera– a favor de los altos funcionarios y las empresas amigas.