Pide la ONU a Peña un cambio de actitud para resolver las desapariciones forzadas

*México “ha fracasado” en asumir la gravedad de la dimensión del problema, e incluso nadie sabe cuántos personas desaparecidas hay en el país, señala el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Ariel Dulitzky

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que México “ha fracasado” en asumir la gravedad de la dimensión del problema de las desapariciones forzadas, e incluso nadie sabe cuántos personas desaparecidas hay en el país, apuntó.
En rueda de prensa, el presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, Ariel Dulitzky, demandó al gobierno de Enrique Peña Nieto “un cambio de cultura” y, sobre todo, un cambio de actitud que permita avanzar en la resolución de los casos.
Debe demostrar con actos y no solo con palabras que está comprometido en esa lucha, dijo. “Queremos no sólo retórica, sino pasos concretos”, subrayó.
En Ginebra, Suiza, durante la presentación de su último informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Dulitzky manifestó que después de asumir el problema, México debe establecer un proceso de reconocimiento de la verdad, crear una base de datos genética, que haya juicios contra los responsables de esos crímenes, que haya condenas y reparaciones para las víctimas. “Eso es lo que vamos a analizar nosotros como pasos concretos en la buena dirección”, sostuvo.
De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, Dulitzky recordó que nadie sabe ni siquiera cuántos desaparecidos hay en México, dado que las cifras varían en miles de personas, pero se entiende que son más de 20 mil.
“El ejemplo más claro es el de los estudiantes desaparecidos en Iguala. El mundo entero sabía de ellos y el gobierno tardó meses en incluirlos en su base de datos”, subrayó.
El experto recordó que una de las principales conclusiones del último informe del Grupo sobre México incidía en “la impunidad generalizada”.
Añadió: “En México existe un patrón de impunidad generalizada y es muy preocupante porque México es una democracia establecida”.
Además, dijo que el Grupo apoya las conclusiones del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, que hace medio año señaló que ese crimen es “generalizado”.
UN día antes, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias lamentó el desinterés del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones que emitió en 2011 durante su última visita al país.
Además, subrayó que “el incipiente reconocimiento discursivo al problema de la desaparición forzada no ha sido consistente, uniforme y homogéneo entre todas las autoridades del Estado mexicano, ni del más alto nivel”.
A principios de año, el Grupo de Trabajo recabó información del gobierno mexicano y de organizaciones de la sociedad civil sobre el cumplimiento de las recomendaciones que emitió durante su visita al país hace cuatro años.
Con base en ese intercambio con el gobierno de Enrique Peña Nieto, concluyó en un extenso informe: “El Grupo reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados durante su visita (en 2011) y plasmados en su informe aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación”.
También hizo suya la afirmación del Comité contra la Desaparición Forzada, según el cual existe “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
Si bien el Grupo valoró que el gobierno reconociera “la gravedad” del delito de desaparición forzada y “los importantes retos” que enfrenta en la materia, constató que en realidad “no ha habido un reconocimiento a la dimensión del problema”, ya que “las autoridades aún utilizan una terminología elusiva para referirse a las desapariciones forzadas”, “suelen evadir sus responsabilidades” o “minimizan los hechos calificándolos como aislados”.
Prueba de ello, destacó, fue la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, además de la “situación particularmente crítica” de las estadísticas, el descubrimiento de fosas clandestinas en varias partes del país o “la alarmante impunidad” que “favorece la perpetración de las desapariciones forzadas”.
“Parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desaparición forzada”, reiteró el Grupo de Trabajo, cuatro años después de hacer el mismo señalamiento. Precisó: “Los diferentes cursos de capacitación brindados y las reformas constitucionales y legales han sido insuficientes para remontar el clima de impunidad”.
Entre las observaciones del Grupo de trabajo destaca la ineficiencia de varios mecanismos de protección, como la ley general de víctimas o el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, así como el respaldo a las observaciones del Comité. La situación de los migrantes durante su tránsito por México es “dramática”, subrayó.
El Grupo lamentó que el gobierno no haya brindado información específica sobre las medidas que adoptó para combatir la desaparición forzada de mujeres, e insistió en su recomendación de retirar al Ejército de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal.
El Estado mexicano, sostuvo, falló en la instrumentación de las recomendaciones del grupo en materia de investigaciones forenses o en el manejo de las distintas bases de datos que registran las personas desaparecidas o víctimas, las cuales albergan “escasa información” comparado con la “crítica realidad existente”.
Y deploró que ante la “ausencia de búsquedas efectivas y localización” de personas de desaparición forzada, “sigue recayendo en las víctimas la carga de obtener y proporcionar los elementos de prueba”, elemento que consideró de “extrema preocupación”.
Sobre el caso Ayotzinapa, la ONU coincidió con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su recomendación de “replanteamiento general” de la investigación oficial, y urgió al gobierno a darle cauce todas las recomendaciones de los expertos internacionales. (Agencia Proceso / Ciudad de México).