Marcial Rodríguez Saldaña

Ayotzinapa-Iguala: verdad y justicia

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que rindieron el pasado domingo 6 de septiembre, ha dado un vuelco total al caso del asesinato de seis personas –entre ellos tres estudiantes- y la desaparición forzada de 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, cometidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, debido a que ha desenmascarado las falsedades con que se ha conducido Enrique Peña Nieto por conducto de la Procuraduría General de la República (PGR) en el desarrollo de la investigación.
1. Para quienes no les gusta o desagrada que se cuestione reiteradamente a Peña Nieto respecto de este asunto, hay que señalar que un caso de tanta relevancia como este, los aspectos importantes no son decididos por los funcionarios responsables de cada despacho administrativo, sino que son consultados, son sometidos a acuerdo personal y directo con su jefe, so pena de que quien no lo haga, quien actúe por su cuenta corre el riesgo de ser despedido inmediatamente, por ello, el tema de la supuesta verdad histórica y la determinación de dar por cerrada la investigación, no fue una resolución solo del ex Procurador Murillo Karam, sino que fueron decisiones tomadas por Peña Nieto, de las cuales él es directamente responsable.
2.- Nadie puede argumentar que las decisiones fundamentales de la investigación sobre el caso de los seis asesinatos y los 43 normalistas desaparecidos corresponden sólo al ex Procurador Murillo Karam o a la actual Procuradora, ya que el propio Peña Nieto se ha encargado de confirmar reiteradamente su posición sobre el caso, desde que ha reconocido que no le dio la dimensión –importancia- que tenía la comisión de seis asesinatos y 43 desaparecidos al resolver que era un asunto local, que deberían atender las autoridades del estado de Guerrero, hasta sus frecuentes llamados a superar la tragedia, a olvidar el asunto, como si a cada madre y padre de los estudiantes asesinados y desaparecidos les fuese fácil olvidar la muerte o desaparición de sus hijos.
3.- La presión de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de la opinión pública nacional e internacional, la movilización popular, ha hecho recular a Peña Nieto, quien ha aceptado que se hagan nuevos dictámenes sobre un tema que concluyeron los investigadores del GIEI relativo a que los estudiantes no fueron calcinados en el basurero de Cocula, toda vez que ello conlleva a responder la pregunta esencial de este caso que consiste en saber entonces ¿dónde están los estudiantes? Y como consecuencia, la obligación del gobierno de incrementar sus acciones para buscar y encontrar a los normalistas desaparecidos.
4.- El informe del GIEI mantiene abiertos temas relevantes respecto de los asesinatos y desapariciones relativos al móvil, por la forma tan cruenta en que fueron cometidos, que orientaría a la comprobada complicidad de muchas autoridades locales y federales como responsables de los hechos; ha quedado demostrado que la policía federal y miembros del ejercito destacamentados en Iguala el día de los hechos tuvieron conocimiento de los mismos y no actuaron para evitarlos; que los militares declaren directamente ante los miembros del GIEI para que puedan preguntar, repreguntar y conocer en un interrogatorio los pormenores de su actuación.
5.- El asunto de los seis asesinatos y 43 desapariciones de estudiantes normalistas que era inicialmente un tema local para Peña Nieto, ha tomado dimensiones internacionales; ahora su gobierno ya no se aferra a su supuesta verdad histórica, debido a que oficialmente consideran a los alumnos como cautivos, es decir, admiten jurídicamente la posibilidad de que estén vivos. Las instituciones del Estado mexicano siguen adormiladas, en un tortuguismo burocrático ante la dimensión de esta tragedia, que si se crea una o dos fiscalías, que si se crean comisiones especiales para el caso, etc,. El 24 de septiembre Peña Nieto ha prometido reunirse con los padres de los normalistas asesinados y desaparecidos, haber que les dice, mientras tanto debe continuar la movilización popular para exigir la presentación de los alumnos desaparecidos, el castigo a todos los responsables para que se conozca la verdad y se haga justicia.

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