No se puede dar a padres de Ayotzinapa verdades a medias, señala el gobernador

*A casi un año de la desaparición de los normalistas, exhorta a poner a disposición de los agraviados y su defensa todo el material que se tenga del caso en la Fiscalía estatal y la PGR, pero de la declaración de militares de Iguala pedida por el GIEI reitera que se debe respetar el protocolo del Ejército

Carlos Navarrete

Chilpancingo

Ante el rechazo del Ejército a que militares de Iguala sean entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobernador, Rogelio Ortega Martínez manifestó que se debe “convocar a todos los actores” a que aporten su versión sobre los hechos que acontecieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre en ese municipio.
En una improvisada conferencia de prensa que ofreció a reporteros la tarde del martes en la capital del estado, luego de inaugurar el Complejo Cultural Guerrero, el jefe del ejecutivo estatal opinó que es necesario que se aporten todas las pruebas a los familiares de los estudiantes desaparecidos y al grupo de expertos. No se puede entregar a los familiares “verdades a medias” o investigaciones “mal hechas”.
No obstante, por la mañana en Acapulco declaró, al pedirle su opinión sobre lo expresado por el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, de que los militares digan lo que saben de los 43 normalistas desaparecidos, reiteró lo declarado en el acto de la gesta heroica de los Niños Héroes, el pasado domingo: “es una opinión que respeto, de mi parte lo que he dicho, que respetemos los protocolos que el Ejército tiene y que cada institución tiene”.
Luego de inaugurar el Foro Internacional de Estadísticas aplicada al Turismo, donde estuvo el alcalde Luis Uruñuela Fey, abundó que todos, “desde los espacios que nos corresponde tenemos que contribuir y colaborar para ir en la búsqueda de la verdad y lograr que con la verdad se haga justicia a los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos y los agraviados”.

Pide que se tome en cuenta el trabajo de expertos

La semana pasada, en un comunicado, el jefe de Estado Mayor de la Novena Región Militar, Arturo Vallarta Tafolla, indicó que el GIEI no podrá entrevistar a los militares porque eso no es parte del acuerdo que el gobierno mexicano estableció con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la desaparición de los 43 normalistas, además advirtió que se violarían los “derechos fundamentales de los militares”.
Al respecto, Ortega Martínez manifestó que es necesario “convocar para que todos los actores, todos los actores, puedan aportar su versión, información, documentación y testimonios con relación al caso”.
Respecto a los videos a los que se refirió en su informe el GIEI que fueron grabados por las cámaras de vigilancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en Iguala, y que presuntamente fueron destruidos, también pidió que exista colaboración de todas las instituciones.
“Yo, lo primero que creo (es) que debe estar a disposición de los agraviados y su defensa de los liderazgos sociales vinculados al reclamo de la presentación con vida de los 43 jóvenes y de la búsqueda con todo el peso de las instituciones, todo el material del que se tenga acopio por parte de lo que fue la procuraduría del estado de Guerrero (hoy Fiscalía) y de lo que es la PGR que atrajo el caso”.
Sobre la investigación inicial de la Procuraduría General de la Republica (PGR) que sugiere que los normalistas fueron quemados, versión que fue desmentida por el grupo de expertos, indicó que no se puede entregar a los familiares “verdades a medias” o investigaciones “mal hechas”
Celebró que el grupo de expertos, auspiciados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esté dando ese acompañamiento a los familiares de los normalistas desaparecidos
“Qué bueno que ahora sea un organismo internacional el que se una a nosotros para decirlo, la verdad no se impone, no se decreta, se investiga y al final se entregan los resultados y a veces la investigación es parcial, cuando la investigación y el resultado es parcial todavía entonces hay que seguir investigando, no se pueden entregar verdades a medias y cerrar un caso de una tragedia como esta con una investigación a medias o mal hecha”.
Indicó que en casos tan complicados como lo es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es necesario que en el trabajo de las autoridades se tome en cuenta a los familiares y a los expertos “validados por la autoridad y los agraviados”, porque con ellos “se puede explorar las nuevas rutas que hay que investigar”.

Diputados tramitan pago de Fortamun y Ramo 33

Por otra parte, sobre la demanda de los alcaldes que exigen el pago de la ministración de septiembre correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y del Ramo 33, explicó que la gestión para que los presidentes municipales sean atendidos por el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, la están haciendo los diputados federales por Guerrero y no él.
El jueves pasado, el alcalde de General Heliodoro Castillo, el perredista Mario Alberto Chávez Carbajal, informó que en una reunión el gobernador se comprometió a encabezar su demanda, por lo que los coordinadores de los alcaldes del PRI, PRD y PAN, encabezados por Rogelio Ortega, buscarían reunirse con Luis Videgaray el pasado lunes.
Al respecto, Rogelio Ortega dijo que ya buscó acercamientos con la dependencia federal pero que la respuesta sigue siendo la misma, es decir, que la ministración está programada para pagarse el 30 de este mes, día en que entrarán en funciones los alcaldes electos, por lo que los salientes ya no podrán ejercer ese recurso.
Negó que él haya adquirido el compromiso de gestionarles una reunión a los presidentes municipales con el funcionario federal, pese a ellos dijo que seguirá tocando las puertas de Hacienda, para solicitar que el pago se delante de tal modo que los alcaldes en funciones puedan ejercer ese recurso y paguen los adeudos que enfrentan sus gobiernos.
Sin embargo dijo que hay otras alternativas para evitar que los presidentes municipales que entrarán en funciones el 30 de septiembre hagan un mal uso de ese dinero, como es que ellos se comprometan frente a un notario público en la entrega-recepción a que el recurso se destinará en lo que ya está contemplado (Con información de Aurora Harrison).