Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* De las elecciones a la indignación

La realidad venció a los crédulos académicos que proclamaron por anticipado la imposibilidad de un fraude electoral, pues la renovada capacidad del PRI en esa materia abofeteó y aturdió a todos. Hoy,  a la luz de las evidencias, es imposible considerar democrática la elección presidencial, irrisorio hablar de comicios ejemplares, y cínico dar por legítimo el triunfo de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, plumas ultramontanas dicen todo eso y más, y levantan una hoguera para quemar a quienes osan cuestionar la victoria “impecable e indiscutible” del candidato presidencial del PRI.
Se entiende que lo diga Peña Nieto, como en efecto lo dijo, pero resulta inapropiado que el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, se convierta en presuroso portavoz de quienes sólo ven en el primero de julio una “jornada electoral ejemplar, sin incidentes y con una amplia participación”. (Leonardo Valdés Zurita, “Gracias, muchas gracias”, El Universal, 4 de julio de 2012).
Valdés Zurita, y los que como él propalan la limpieza de las elecciones, sólo observan la mitad de los hechos: desde el momento en que las boletas electorales fueron depositadas hasta el momento en que los votos fueron contados. En ese trayecto no parece haber irregularidades, según lo confirmó el recuento de 54.4 por ciento de los paquetes electorales de la elección presidencial, es decir de 45 millones 49 mil 356 boletas. Pero otra cosa es lo ocurrido antes de que los electores llegaran a las casillas, en ese territorio que casi escapa al ojo de la ley y que concede un amplio margen de maniobra para la delincuencia electoral. Es ahí donde el PRI dejó huellas profundas que indican la existencia de un magno operativo de compra de votos a través de las tarjetas de las tiendas Soriana.
El candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, solicitará hoy al IFE la anulación de la elección presidencial. No por la masiva compra de votos, que a pesar de ser un delito no es causal de nulidad por sí misma, sino por el gasto excesivo de la campaña de Peña Nieto, que según las cuentas de los dirigentes del PRD, del PT y del Movimiento Ciudadano, en una doble contabilidad rebasó seis veces el tope de 336 millones de pesos establecido por el IFE. Se abrirá entonces un litigio complejo, al cabo del cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) podría de todos modos terminar avalando el triunfo de Peña Nieto. Como ocurrió en el 2006, cuando el Trife reconoció que se produjeron violaciones constitucionales en la disputa presidencial, incluso por parte del propio presidente Vicente Fox, pero no actuó en consecuencia y dejó impune la putrefacción que se introdujo en la contienda, lo que más tarde llevó al presidente Felipe Calderón a pronunciar la célebre frase “haiga sido como haiga sido”.
El conservadurismo de las instituciones electorales, por no decir ceguera, impide augurar una perspectiva jurídica satisfactoria a la inconformidad expresada por López Obrador, de carácter partidista, y a la creciente protesta social que se abre paso en todo el país. La proclividad al inmovilismo, que suele asumirse como expresión de institucionalidad, podría conducir a los magistrados electorales a desdeñar los argumentos de la coalición lopezobradorista y a desestimar el reclamo del movimiento social. En el primer caso se trataría de un golpe a un proyecto político, pero en el segundo se pondría de manifiesto una vez más la arteriosclerosis que sufren las instituciones electorales, incapaces por ello de ofrecer respuestas a problemas sociales nuevos que trascienden la letra de la ley y demandan sensibilidad y reacciones también nuevas.
Aun cuando el PRI ha negado responsabilidad en la compra masiva de votos para Peña Nieto, y hasta se dice calumniado y víctima de un montaje, las pruebas y testimonios recogidos principalmente por los diarios Reforma y La Jornada en la ciudad de México sugieren lo contrario, la aplicación de un ambicioso plan para captar votantes mediante el reparto de millones de tarjetas con dinero canjeable en las tiendas Soriana. Como si no fuera grave la compra de los favores de Televisa para la fabricación de la imagen de Peña Nieto, o la manipulación abierta de las encuestas para favorecerlo, con la operación Soriana quedaron colmados los límites admisibles, si es que hubiera algo de admisible en el comportamiento del PRI.
Si alguna prueba faltara de todo ello, llegó con la revelación de que siete gobernadores (cinco priístas y dos que llegaron al poder con el apoyo del PRD) firmaron entre diciembre de 2011 y principio de este año, contratos con las tiendas Soriana para adquirir despensas. Esos contratos suman 2 mil 294 millones de pesos, incluidos los 330 que pagó el gobierno de Guerrero. Se necesita una elevada dosis de indulgencia, o una ingenuidad de académico desligado de la realidad, para creer que esta súbita ola de contratos con Soriana no tuvo nada que ver con la campaña del PRI y la compra de votos.
La legitimación formal del triunfo de Peña Nieto implicaría la legitimación de los medios ilegales e inmorales mediante los cuales fue llevado a ese triunfo. Es eso lo que ha suscitado la repulsa de los jóvenes integrados al movimiento Yosoy132, al que se suman cada día otros sectores de la población, como sucedió el sábado pasado. Las movilizaciones realizadas por “132” ese día en la ciudad de México y en otras 29 ciudades –incluidas las de Acapulco, Chilpancingo, Tlapa, Zihuatanejo y Ciudad Altamirano– son expresión viva de la indignación generada por los sucios medios empleados por el PRI para ganar la elección presidencial.
Es ahora cuando cobra verdadera fuerza la indignación que nació durante las campañas. Hasta hoy los gritos de los muchachos no han obtenido respuesta más allá de las generalidades retóricas de los políticos, pero su movimiento podría rebasar a las instituciones si éstas no son capaces de abrigar el reclamo social y ofrecer respuestas veloces y realmente satisfactorias. Entre esas respuestas no cabe el tortuguismo habitual de la Fepade, que tarda meses y años en resolver las denuncias, cuando ya no importan. Si la Fepade, el IFE y el Trife reaccionan con indolencia, avivarán esa fuerza desconocida que es la pasión de los jóvenes. Se equivocan aquellos que, como Valdés Zurita y las plumas peñanietistas, creen que el problema es López Obrador, a quien le atribuyen la intención de destruir la democracia mexicana sólo porque denuncia los actos fraudulentos del PRI. Él no es el problema. El problema de fondo es que el país necesita dar respuesta a la indignación social que llegó de la mano de los jóvenes. Todavía es una incógnita si la democracia mexicana sabrá responder a ese impulso.

…Y Ángel Aguirre

No sorprende que entre los gobiernos estatales que participaron en el enjuague para respaldar a Peña Nieto, esté el de Guerrero. El contrato que el gobierno de Ángel Aguirre firmó en marzo pasado con Soriana, en plena campaña, es la enésima prueba de que sus afectos y sus alianzas estuvieron siempre con el candidato del PRI, no con López Obrador. Ese doble juego se materializó también en las elecciones locales, con gran visibilidad en Chilpancingo, donde ganaron solamente los que son cercanos a él, sin importar si fueron postulados por el PRI o por el PRD. El gobernador tuvo la oportunidad el sábado pasado de explicar el origen y destino de sus tratos con Soriana, pero la dejó ir. Sólo dijo que la contratación fue transparente y no tiene nada que ocultar. Si no había nada que ocultar entonces ¿por qué ocultó el contrato?

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