Carlos Pérez Aguirre

El país es una gran tumba

Estamos a una semana de que se cumpla un año de los terribles acontecimientos sucedidos en Iguala. Las contradicciones del gobierno federal van en aumento, la “verdad histórica” que se construyó a modo, cuando se quisieron dar por cerrados estos asesinatos y desapariciones, se han caído por insostenible ante los datos que aportaron las investigaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cada día existe mayor sorpresa e indignación en la sociedad porque se tienen mayores datos y evidencias que empiezan a probar lo que siempre se dijo, que fue un crimen de Estado, porque quedaron huellas de la participación –antes, durante y después– de las diversas corporaciones.
La credibilidad del gobierno federal, por otra parte, es demasiado endeble, como escribió en un diario de circulación nacional el periodista Julio Hernández López: “No debe olvidarse que la recolección de esas muestras (refiriéndose a los residuos de la supuesta cremación) no tuvo ninguna constancia de respeto a la obligada cadena de custodia. Se dijo que correspondían al basurero de Cocula, pero nada más. Palabras sin más sostén en equipos de trabajo a sueldo, que por ejemplo, ha sido capaz de sembrar una pistola en el automóvil de un abogado de una empresa que ha denunciado las pillerías de OHL que llega a altísimos niveles gubernamentales”.
La denuncia la hace Julio Hernández, respecto a un hecho que afortunadamente fue grabado y que reseña la vileza con que actúan en un caso quemante para el gobierno federal. La “autoridad” presta para incriminar y falsear.
Graves por donde se veas las conclusiones y las secuelas del caso Iguala, poco a poco salen a la luz nuevos datos y nuevas evidencias. La única salida del problema será la intervención de tribunales internacionales ante la endeble credibilidad de los funcionarios de nuestro país y los ciudadanos ahora sí exigimos se les aplique la ley a todos los implicados, por comisión u omisión, directos e intelectuales.
Por otra parte existe ya la certeza de que el caso Iguala y lo que sucede en Guerrero sólo es la punta del iceberg en el mar nacional, pues en cualquier lugar de la geografía nacional, la actuación de la delincuencia organizada está presente, solo basta echar una vista a las noticias nacionales para darse cuenta de ello; no se salva ninguna entidad ni localidad, en menor o mayor grado –aunque en Guerrero ya es intolerable y alarmante–pareciera que la estructura de seguridad está anulada y nos preguntamos entonces, ¿Los cuantiosos recursos presupuestales? ¿Los miles de elementos, solo sirven para desfilar?
El equipamiento, los sueldos, los gastos que se justificarían si existiesen medianos resultados, pero la delincuencia controla gobiernos y estructuras de poder y decisión. Los cuantiosos presupuestos utilizados entonces, ¿solo se están malgastando?, Pensamos que realmente son tan ineficientes nuestras autoridades, puesto que contando con aparatos bien organizados y estructurados, equipamiento y medios, pensamos que por ineficientes su trabajo es vano, el país se ha convertido en una gran tumba donde diariamente se pierden decenas de vidas, una gran tragedia.
Y la ciudadanía no ve resultados de confiabilidad y seguridad, al parecer solo la ciudad de México había alcanzado esa tranquilidad, que no goza casi ninguna entidad. Es entonces ¿la eficiencia y honestidad la que da la pauta? Seguramente sí.

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