Mantiene la SCT el proyecto de ampliar sus bodegas a expensas del Jardín del Puerto

El director general de la Administradora Portuaria Integral en Acapulco, Alex Casarrubias García, dijo que hasta que haya cambio de gobierno se retomarán las negociaciones para aclarar las diferencias legales entre el ayuntamiento y la dependencia federal, así como saber a quién corresponden los terrenos que diversas organizaciones, fundamentalmente ambientalistas, exigen, para que se mantenga el área verde abierta al público

Karla Galarce Sosa

El director general de la Administradora Portuaria Integral (API) en Acapulco, Alex Casarrubias García, dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mantiene el proyecto de remodelación de la terminal en Acapulco para ampliar sus bodegas y alojar un mayor número de vehículos de exportación en el área que se conoce como Jardín del Puerto.
En entrevista en sus oficinas, dijo que hasta que haya cambio de gobierno se retomarán las negociaciones para aclarar las diferencias legales entre el ayuntamiento y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y saber a quién corresponde los terrenos que diversas organizaciones, fundamentalmente ambientalistas, exigen, para que se mantenga el área verde abierta al público.
La API, dijo, mantiene la remodelación de la terminal como parte de su Programa Maestro de Desarrollo, sin embargo, reconoció que los problemas legales “no son fáciles”.
“Aquí la responsabilidad ahora está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), habrá que entender que están terminando una administración municipal y una administración estatal, y ahora espero que nos llamen a cuentas y nos digan hasta dónde llegan los bienes del dominio público de la federación, porque existen los decretos y la información, y que sea la autoridad correspondiente en la que determine, junto con las otras autoridades, para que se tenga la certeza en la posesión de lo que hasta la fecha ha venido teniendo la Administración Portuaria”, expuso Casarrubias García.
Comentó que por diferencias entre la SCT con el ayuntamiento de Acapulco, es que no se ha podido continuar con la ampliación de la terminal.
Este será, continuó, un tema que ineludiblemente le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la API es concesionaria del recinto portuario, la responsabilidad de la delimitación del recinto portuario a concesionar, es una responsabilidad ineludible de la SCT de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene las atribuciones para la determinación del recinto portuario, que son bienes del dominio público de la federación y estamos seguros, que con las nuevas administraciones, la SCT y la API contarán mejores medidas de comunicación para encontrar los acuerdos y poder ampliar la terminal, si es el caso.
Como se informó en su oportunidad, integrantes del Frente de Recuperación del Jardín del Puerto convocaron a las autoridades de los tres ámbitos ser intermediarias y se retomara el diálogo con los representantes del grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM) y de la API, para evitar la pérdida de un espacio donde confluyen acapulqueños provenientes de puntos distantes y principalmente de la zona suburbana.
De realizarse la ampliación, advirtió la ambientalista Kay Mendieta Marsalis en agosto de 2012, se retirarán 110 árboles y palmas, varias de ellas protegidas por la NOM -059 Semarnat 2010, lo que provocaría un desequilibrio ambiental y la pérdida irreversible de un pulmón en la ciudad.
El argumento de los defensores del Jardín del Puerto, es que la obra, no responde a la vocación turística del puerto, afectaría la imagen de la ciudad y eliminaría una de las pocas ventanas que quedan al mar.
La Profepa clausuró el arranque de las obras en el Jardín de Puerto en marzo de ese mismo año porque comenzó las labores sin contar con la documentación requerida por las normas ambientales.
Una semana antes, la Dirección de Obras Públicas municipal también colocó sellos de clausura porque no recibió la notificación.
La Profepa levantó los sellos de clausura porque el grupo TMM consiguió la exención de la Semarnat, no obstante, los regidores firmaron en pleno el acuerdo para impedir la construcción del estacionamiento, mismo que aún tiene vigencia.