Notifican a Nestora Salgado de dos nuevas órdenes de aprehensión, una por homicidio

En el segundo juzgado de Tlapa la acusan por robo y privación ilegal de la libertad, y en el de Huamuxtitlán por homicidio calificado, informa el abogado de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Después de dos años de reclusión, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García fue notificada de dos nuevas órdenes de aprehensión por robo y homicidio, y el 28 de septiembre tendrá el primer careo con seis personas que la acusan de secuestro, mediante una videoconferencia desde Olinalá, informó su abogado Leonel Rivero Rodríguez.
Indicó que suman cinco órdenes de aprehensión contra la luchadora social que está en el penal de Tepepan en la ciudad de México, y otra sigue pendiente de ejecutar en el juzgado de San Luis Acatlán, para incluir a una persona que estuvo detenida en la Casa de Justicia de El Paraíso, liberadas por policías y soldados en agosto de 2013, y que por omisión del juez no se integró a la primera demanda.
Informó que apenas el viernes la jueza segunda de Tlapa remitió la orden de aprehensión por robo y privación ilegal de la libertad contra Salgado García, un juez de Huamuxtitlán notificó otra orden de aprehensión por homicidio calificado. Detallarán los casos una vez que revisen los expedientes.
Del próximo careo indicó que están citados tres menores de edad sometidas a “reeducación” por la Policía Comunitaria, y sus padres, que acusaron a Salgado García de secuestro. Ellos pidieron que la audiencia se desahogara mediante una videoconferencia desde Olinalá, bajo el argumento de que no tenían dinero para trasladarse a la Ciudad México.
Rivero Rodríguez denunció que la jueza primera de lo penal de Tlapa, Leonor Mojica Arroyo, sin constatar la falta de recursos de las familias, determinó que las audiencias se celebraran en Olinalá el lunes 28 de septiembre, a distancia.
La defensa interpuso un recurso de revocación de la decisión de la jueza, porque consideró que debió constatar que efectivamente había un impedimento económico, y de confirmarlo tuvo que recurrir a la Ley General de Víctimas que tiene un fondo para cubrir esos gastos.
Denunció que la juez tampoco ponderó los derechos de su clienta a carearse de viva voz con quienes la acusan, sin dejar de lado que las presuntas víctimas también tienen derechos.
Aclaró que precisamente las adolescentes y sus padres se han trasladado a la Ciudad de México más de una vez para denostar a luchadora social, junto a la organización Alto al Secuestro, que encabeza  la activista de derecha Isabel Miranda de Wallace.
Indicó que los abogados particulares de Alto al Secuestro fueron designados como abogados de las adolescentes y sus padres, y autorizados para recibir notificaciones, “evidentemente ellas están en su derecho de nombrar a sus representantes, pero esto no le puede quitar el componente político y generar mayor fricción”.
Insistió en que la jueza primera de Tlapa toma decisiones que afectan la defensa de Salgado García, obliga a los abogados a interponer recursos y amparos que triplican sus esfuerzos.
Entre éstos recordó que la jueza se negó a dar trámite a una apelación para anular todos los procesos de la causa número 5/2013, porque salgado García no recibió asistencia consular como ciudadana estadunidense.
La juez estimó que Salgado García debió decir al juez que tenía doble nacionalidad México-Estadunidense, pero “lamentablemente la jueza no está actualizada en el cuanto a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), que a petición del Estado mexicano emitió una opinión consultiva, en el sentido de que son las  autoridades que tienen bajo su resguardo a un extranjero, el Estado tiene la obligación de cerciorarse de que sí es extranjero, y debe darle a conocer sus derechos”, en este caso denunció  que ni siquiera se estableció la nacionalidad de Salgado en sus datos generales.
También informó que el 30 de septiembre habrá una audiencia en la primera sala penal de Chilpancingo, para atender una denegada apelación que interpusieron las presuntas víctimas contra el traslado de Nestora Salgado del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, al de la Ciudad de México.