Se impedirá que el movimiento normalista afecte a terceros, dice el delegado de la Segob

“Si se llega afectar la vialidad y el libre tránsito, sin duda alguna tendremos que actuar para liberar esos espacios”, advierte Erik Castro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Frente a las posibles acciones de protesta que realicen en Guerrero los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos y las organizaciones que los respaldan, con motivo del primer año de los hechos de violencia de Iguala, el gobierno federal privilegiará el diálogo, garantizará su derecho a la protesta y a la libre manifestación, pero impedirá que se afecten derechos de terceros, advirtió ayer el delegado de Gobernación federal, Erik Castro Ibarra.
El funcionario federal fue entrevistado ayer al término de la entrega simbólica de los recursos del Programa de Empleo Temporal, por parte de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado (SCT-Guerrero).
También insistió en que las policías comunitarias deben apegarse al marco legal para que puedan trabajar en materia de seguridad en sus comunidades, en respuesta a los comisarios de las 36 comunidades de la parte baja del municipio de Chilapa, que el jueves marcharon y se plantaron afuera del Palacio de Gobierno, en donde emplazaron a los gobiernos federal y estatal a que garanticen la seguridad en esas comunidades o regresarán con la Policía Comunitaria armada a la cabecera municipal, como ya lo hicieron del 9 al 14 de mayo pasado.
Respecto al primer tema, Castro Ibarra declaró que no ve un escenario de actos violentos en Guerrero con motivo del primer año de los hechos violentos ocurridos en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014, o por la identificación de los restos del segundo de los 43 estudiantes desaparecidos, Jhosivani Guerrero de la Cruz, que dio a conocer la PGR.
“Hemos estado estableciendo diálogos y hemos encontrado muchas coincidencias. El proceso de investigación continúa, el gobierno federal siegue haciendo su trabajo llamando y deteniendo a los responsables de los hechos lamentables de Iguala del 26 y 27 de septiembre”, dijo.
Agregó que eso ha logrado que disminuyan las manifestaciones violentas por parte de las organizaciones que respaldan a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
Y sobre el plan de acción que contempla diversas movilizaciones con motivo del primer año de los hechos de violencia que derivaron en la desaparición de los estudiantes, el delegado de Gobernación declaró que el gobierno federal privilegiará el diálogo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y con las organizaciones que los respaldan para evitar que se afecten a terceros, pero advirtió que en caso de que haya bloqueos y acciones que afecten a terceros, hay la instrucción de aplicar la ley.
“Si hay condiciones de diálogo, no vemos algún escenario adverso que genere inestabilidad. Seremos respetuosos de las acciones que se realicen por la lamentable situación que sucedió hace un año, ese es un sentimiento que sí se está dando en Guerrero”, declaró.
En estas condiciones añadió que el gobierno federal garantiza la libertad de expresión y el derecho a la protesta, “pero lo que no podemos permitir es que estas manifestaciones de cualquier índole lleguen a violentar derechos de terceros. Si se llega afectar la vialidad y al libre tránsito, sin duda alguna tendremos que actuar para liberar esos espacios”, advirtió.
Sin embargo, reconoció que la dependencia federal ha observado que últimamente “a través de un diálogo y acuerdos, atendiendo  sus necesidades, se logra desmovilizar a la gente que protesta  y ya no han llegado a generar bloqueos”.
Informó que los que se han llegado a hacer, “son bloqueos momentáneos, que luego con el diálogo y la atención de sus demandas podemos liberar las vías de comunicación. No es necesario que lleguemos a hacer uso de la fuerza pública para mover a la gente”.
Agregó que por eso han hecho un llamado a quienes tengan alguna inconformidad o algún problema que exponer, “que se acerquen a las instancias correspondientes para poder resolver sus conflictos que tengan y no llegar a afectar derechos de terceros”.
En cuanto al emplazamiento que plantearon el jueves comisarios de las 36 comunidades de Chilapa para que los gobiernos federal y estatal les garanticen seguridad y atiendan sus demandas, o regresarán con los policías comunitarios a Chilapa como lo hicieron en mayo, el funcionario los llamó a  que atiendan la convocatoria que ha hecho el gobierno del estado a todos los grupos de policías comunitarios para que se regularicen y puedan participar en materia de seguridad en sus comunidades.
Agregó que tiene entendido que ya se reunieron el jueves con funcionarios del gobierno estatal y que ha atendido sus peticiones, por lo que no cree que regresen nuevamente a la cabecera municipal, como lo advirtieron.
Sin embargo, advirtió que en caso de que finalmente decidan regresar esta vez no se permitirá que entren, pues aseguró que los índices delictivos han disminuido en sus comunidades. Incluso puso en duda que hayan sido levantadas otras 10 personas a partir de mayo, como lo denunciaron.
“Pero si así ocurrió los convoco a que presenten las denuncias correspondientes para que se pueda trabajar en la investigación, pero tengo entendido que no lo han hecho”, dijo.