Jesús Mendoza Zaragoza

La incertidumbre, una cruel forma de vida

Los casos de los desaparecidos son tan crueles que condenan a sus familias a una situación de suspenso e incertidumbre. Estamos por conmemorar el aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso emblemático de desaparición forzada, pero no son los únicos. La cifra, incierta también, se calcula en más de 25 mil en el país. Cada una de las familias de estos desaparecidos ha tenido que vivir en la incertidumbre debido al desconocido paradero de sus ausentes. La violencia generalizada ha generado diversas formas de daños a la población, y uno de los más crueles es, precisamente, la desaparición de personas, ya sea forzada por la implicación de agentes del Estado, o ya por particulares.
Más aún, la incertidumbre ya es parte del clima nacional donde la violencia y la inseguridad se han adueñado de amplios territorios y de sectores de la población. Todos vivimos ya en la incertidumbre. No sabemos a qué hora podremos ser víctimas de alguna acción violenta, no sabemos si vamos a regresar sanos y salvos a casa, no sabemos si las autoridades que nos atienden al presentar denuncias son confiables, no sabemos si nos tenemos que cuidar de los vecinos, no sabemos si las autoridades están coludidas o están de nuestra parte, no sabemos cuánto tiempo más tenemos que soportar la tortura de la inseguridad, no sabemos ahora si los nuevos gobiernos que están por entrar sean de fiar. En fin, no sabemos si el Estado de derecho es una mera utopía o puede ser una realidad.
El impacto directo y más grave de una desaparición recae sobre la familia de la persona desaparecida, que se experimenta herida en su intimidad, con un dolor interminable como interminable es la ausencia de su ser querido. Mientras la persona desaparecida no regrese o se conozca la verdad sobre su caso, no hay posibilidad de que su familia encuentre sosiego por su ausencia, pues la incertidumbre la agobia y la desgasta progresivamente. La vida ya no es igual, pues el familiar arrebatado de su seno ocupa el interés, el empeño y la atención, que se vuelve eterna. Con mucha razón, las familias de los 43 desaparecidos han mantenido su movilización durante este año, pues no pueden vivir sin buscar a sus hijos hasta encontrarlos. Y lo mismo sucede en los casos de los otros 25 mil desaparecidos más anónimos, que necesitan ser reconocidos y buscados, de manera igual y cuyas familias, en condiciones de mucha vulnerabilidad no han estado en condiciones de hacer oír su voz y de exigir públicamente su búsqueda y la verdad sobre cada uno de esos casos.
Otro impacto de las desapariciones lo recibe la sociedad como tal, que experimenta su vulnerabilidad y orfandad. La alta cifra de desaparecidos en México, que ya es parte de la normalidad social, no deja de ser una afrenta, en la que la sociedad misma es agraviada en sus miembros desaparecidos. No obstante, la sociedad no logra generar y desarrollar respuestas de solidaridad con las víctimas ni exigencias de justicia a las autoridades. El efecto de esto es que el dolor, el enojo y la desesperanza permanecen incubados en todos esos espacios sociales en los que se ha dado el agravio de las desapariciones.
Por otra parte, el Estado, conformado por las instituciones públicas de gobierno, muestra una grave debilidad institucional y estructural, en dos formas. Primera, no ha sido capaz de contar con la capacidad de prevenir para que las desapariciones no sucedan. Si han sucedido las desapariciones, en gran parte, ha sido por una responsabilidad pública, por acción u omisión. Al Estado le toca la gran responsabilidad de poner las condiciones para que los delitos no sucedan o, al menos, se reduzcan al mínimo. Segunda, el Estado no ha sido capaz de buscar de manera eficaz a los desaparecidos hasta encontrarlos. No ha sido capaz de instrumentar una estrategia institucional en favor de los desaparecidos y de sus familias, de manera que se responda a sus demandas y se cumpla, de manera puntual, con las obligaciones que las leyes determinan para estos casos.
En el caso de los 43 normalistas, después de un año no ha habido ni verdad ni justicia ni reparación del daño. Menos aún para la multitud de desaparecidos, muchos de los cuales ya cumplen más de una década en sa condición, que no han contado con la relevancia política de los estudiantes de Ayotzinapa para promover una exigencia social y política. Todos, todos ellos requieren ser buscados y encontrados y sus familias requieren la atención privilegiada del Estado y de la misma sociedad, para curar la honda herida causada en su seno. Estamos ante una crisis humanitaria que tiene que afrontarse no solo en términos políticos y sociales, sino en términos humanitarios. Esto quiere decir que hay que afrontar este asunto por elemental sentido humanitario, porque se trata de seres humanos con dignidad y con derechos.
El caso es que la incertidumbre nos ahoga a todos. A las víctimas, a la sociedad, a las instituciones públicas. Y esto no es normal, no debe pasar a ser parte de nuestra normalidad, no puede admitirse que siga siendo parte del clima social y político. La incertidumbre nos hace daño y nos va desgastando como personas, como comunidades, como sociedad y como nación. Tenemos que dar pasos para pasar a construir las certezas elementales para vivir y no solo para sobrevivir. Necesitamos la certeza de que podemos confiar en los gobiernos, la certeza de que podemos salir a la calle y regresaremos a salvo a casa. Certezas que nos hagan capaces de la democracia y del desarrollo.