Vidulfo: en su declaración, El Gil no reconoció que haya ordenado matar y quemar a los normalistas

*Los abogados de los padres tuvieron acceso al expediente donde aparece que el detenido no aceptó la “verdad histórica” de la PGR. Los gobiernos federal y estatal son cómplices de la protección que tuvo el jefe de sicarios, dice el defensor de Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por omisión, los gobiernos federal y estatal también son cómplices de la protección que recibió de autoridades municipales el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildarlo López Astudillo, conocido como El Cabo Gil o El Gil, que permaneció en el territorio controlado por la organización criminal, dijo el abogado del Centro de Derecho Humnos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Pese a su participación en los homicidios de estudiantes, civiles y en la desaparición forzada de 43 alumnos de la Normal Rural la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, el grupo de narcotraficantes nunca se desmanteló, sigue intacto operando en municipios de Guerrero, uno del Estado de México y otro Morelos, dijo el abogado.
Añadió que según las constancias de la averiguación previa a las que tuvieron acceso abogados de los padres de los normalistas desaparecidos, antes de la consignación de Gildardo a una prisión de máxima seguridad, el implicado no aceptó la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).
Es decir, no reconoció que haya mandado matar y quemar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el basurero de Cocula; siniestro que quedó descartado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En consulta telefónica, indicó que en las declaraciones que han tenido a la vista, El Gil sólo reconoció que el 27 de septiembre, entre las 2 y 2:30 de la madrugada, se reunió en su casa con el subjefe de la Policía Municipal de Iguala, el ahora detenido, César Nava, quien llegó con otras personas vestidas de civil, tomaron bebidas alcohólicas hasta entrada la madrugada y de manera tangencial, le comentó que hubo eventos en Iguala.
El narcotraficante aceptó que conoce al ex jefe de la policía de Iguala, César Nava, por sus  actividades de gallero y ganadero, pero no que esa noche recibió de este mando policiaco a los normalistas desaparecidos, distinto a lo difundido por la Policía Federal y la PGR.
No obstante, el abogado señaló que dado su nivel en la estructura de Guerreros Unidos, es una detención importante que hasta donde los defensores de los padres sabían, no había aportado nada a la localización de los desaparecidos.
Ratificó que para los padres y defensores es muy sospechoso que haya sido detenido después del informe que presentó el GIEI, que anuló la tesis del basurero de Cocula, y al acercarse las acciones de protesta a un año de lo crímenes de Iguala.
Reveló que los padres de familia entregaron datos concretos al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, que indicaban la posible ubicación de Gildardo López, y nunca hubo una explicación de por qué no procedieron a detenerlo antes.
Consideró que no sólo hay complicidad de parte de la autoridad municipal también de la autoridad federal, como dicen ahora en sus comunicados, porque las autoridades estaban enteradas de que la Policía Municipal de distintos municipios del estado, son parte de la estructura de Guerreros Unidos.
“No era difícil detener a estar persona, tenían todos los elementos para hacerlo, pero decidieron  administrar esa detención… un hecho evidente es que la estructura de Guerreros Unidos sigue intacta, sigue habiendo detenciones, desapariciones y personas ejecutadas”, señaló Vidulfo Rosales.
La presencia de la Gendarmería en Iguala, como en otros municipios de la Zona Norte, que presuntamente está a cargo de la seguridad, sólo tiene fines de represión contra la movilización social, dijo el abogado.
Inicialmente se habló de 13 municipios vinculados con Guerreros Unidos, pero Rosales Sierra precisó que de acuerdo con las constancias ministeriales, la organización opera en nueve, entre éstos Iguala, Cocula, Taxco, Tepecoacuildo, así como Ixtapa de la Sal en el Estado de México, y Jiutepec, Morelos.
En todos cuenta con la colaboración de policías municipales que son parte de la estructura de Guerreros Unidos, por lo tanto, Gildardo López siempre estuvo en zona de confort, protegido por policías municipales, federales y estatales que conocen la red de esta organización.

Pese a amenazas, siguen firmes las protestas

Del llamado del gobernador Rogelio Ortega Martínez a las organizaciones para que se conduzcan en el ámbito de la absoluta legalidad respetando los derechos de terceros, Rosales Sierra señaló que esos son conceptos que acuñan gobiernos tiranos y autoritarios, no sólo en México, sino en América Latina, para justificar la represión.
Consideró que derechos de terceros y orden público son expresiones ambiguas para privilegiar los derechos de empresarios sobre el derecho a la libertad de expresión de padres que protestan por la muerte y desaparición forzada de sus hijos; delitos gravísimos.
Aclaró que alterar el orden público, tiene significados distintos dependiendo del cristal con que se mire; para los defensores de derechos humanos, son las ejecuciones y desapariciones que ocurren a diario en Iguala, Acapulco, Chilapa y muchos municipios de la región Norte y Tierra Caliente.
Pero en este discurso, los gobernantes usan a todas las corporaciones policiacas y militares para disuadir un bloqueo, que afecta los intereses de la clase empresarial.
Sobre la investigación que pidió Ortega Martínez para las autoridades que protegían a El Gil, respondió que el gobernador habla como un ciudadano más, pero “que no se le olvide que su deber fue justamente poner el aparato estatal de que dispone, para llegar a la verdad, ¿o no los manda él, por eso no hicieron nada?”.