Jorge G. Castañeda

La justicia en los tiempos de Groucho Marx

El maltrecho sistema mexicano de justicia se ha llevado una verdadera paliza en el ámbito internacional estas semanas. Columnas, editoriales, informes de expertos, declaraciones de relatores, reportajes en grandes medios impresos, comparaciones demoledoras hasta con Guatemala… en una palabra, le ha llovido.
De allí que resulte incomprensible la acción de la PGR al detener a varios funcionarios de Gobernación por la fuga del Chapo, en particular dos de nivel medio, Celina Oseguera, coordinadora de Penales Federales, y Valentín Cárdenas, director de la cárcel del Altiplano. Ya habían sido destituidos el 13 de julio, pero ahora fueron detenidos y acusados de “evasión de reo procesado por delitos contra la salud”. Hasta aquí, todo normal.
Pero resulta que según la jurisprudencia de la SCJN a propósito del artículo 150 del Código Penal Federal, “el delito de evasión de presos no solo se puede realizar en la forma de culpabilidad dolosa sino que también admite el grado de culpabilidad culposa o imprudencial, (o) conducta negligente.” En otras palabras, los dos funcionarios y los otros once detenidos son acusados de un delito que encierra dos vertientes: la acción deliberada –aceptar una mordida por permitir la fuga– y la negligencia por no evitarla. Es lógico que se trate de dos delitos diferentes, pero resulta que son incompatibles.
Si hubo mordida, no hay negligencia: al contrario, imperó una gran eficacia en cumplirle al cliente. Si fue negligencia, es serio el asunto, pero al final no hay dolo ni corrupción, solo incompetencia. Si a cada funcionario incompetente del actual  gobierno se le encarcelara, necesitaríamos un Gulag soviético para que cupieran todos.
En realidad, la hipótesis más verosímil es que la PGR decidió usar un “escopetazo” que sirve para todo, mientras decide cual de las opciones va a escoger: no lo ha dicho. Es complejo el asunto: si fue negligencia, cómo explicar que Celina Oseguera ocupó cargos en el gobierno federal desde 2012, y en el gobierno de Marcelo Ebrard de 2008 a 2012. Y si fue soborno, la pregunta es si hasta allí llegó, o si a alguien de arriba le tocó también.
En cualquier caso, en ningún país donde rige el imperio de la ley se le puede detener a una persona por varios delitos distintos e incompatibles a la vez, sin resolver de entrada cual es el “bueno”. Cuando los agobiados corresponsales extranjeros se percaten de que los acusados fueron detenidos sin que se especificara la razón precisa de su arresto, pondrán el grito en el cielo. Y si los nuevos reclusos son listos, denunciarán una evidente falta de debido proceso.
Pareciera que en este sexenio y el anterior, se sigue una versión jurídica del apotegma de Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no te gustan… aquí tengo estos otros.” Sustitúyase principios por delitos, y queda perfecto.