El Gil no reconoció que haya ordenado matar y quemar a los normalistas: Vidulfo

* Los abogados de los padres tuvieron acceso al expediente donde aparece que el detenido no aceptó la “verdad histórica” de la PGR, dice el defensor de Tlachinollan

*Los gobiernos federal y estatal son cómplices de la protección que tuvo el jefe de sicarios, señala

*En el Congreso Nacional del PRD piden llamar a cuentas a quienes promovieron a Abarca

*La dirigencia estatal no mete “las manos al fuego” por alcaldes señalados de nexos con el narco, dice Cesáreo

*Bloquean padres y alumnos de Ayotzinapa la autopista

Vidulfo: en su declaración, El Gil no reconoció que haya ordenado matar y quemar a los normalistas

*Los abogados de los padres tuvieron acceso al expediente donde aparece que el detenido no aceptó la “verdad histórica” de la PGR. Los gobiernos federal y estatal son cómplices de la protección que tuvo el jefe de sicarios, dice el defensor de Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por omisión, los gobiernos federal y estatal también son cómplices de la protección que recibió de autoridades municipales el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildarlo López Astudillo, conocido como El Cabo Gil o El Gil, que permaneció en el territorio controlado por la organización criminal, dijo el abogado del Centro de Derecho Humnos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.
Pese a su participación en los homicidios de estudiantes, civiles y en la desaparición forzada de 43 alumnos de la Normal Rural la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, el grupo de narcotraficantes nunca se desmanteló, sigue intacto operando en municipios de Guerrero, uno del Estado de México y otro Morelos, dijo el abogado.
Añadió que según las constancias de la averiguación previa a las que tuvieron acceso abogados de los padres de los normalistas desaparecidos, antes de la consignación de Gildardo a una prisión de máxima seguridad, el implicado no aceptó la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR).
Es decir, no reconoció que haya mandado matar y quemar a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el basurero de Cocula; siniestro que quedó descartado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En consulta telefónica, indicó que en las declaraciones que han tenido a la vista, El Gil sólo reconoció que el 27 de septiembre, entre las 2 y 2:30 de la madrugada, se reunió en su casa con el subjefe de la Policía Municipal de Iguala, el ahora detenido, César Nava, quien llegó con otras personas vestidas de civil, tomaron bebidas alcohólicas hasta entrada la madrugada y de manera tangencial, le comentó que hubo eventos en Iguala.
El narcotraficante aceptó que conoce al ex jefe de la policía de Iguala, César Nava, por sus  actividades de gallero y ganadero, pero no que esa noche recibió de este mando policiaco a los normalistas desaparecidos, distinto a lo difundido por la Policía Federal y la PGR.
No obstante, el abogado señaló que dado su nivel en la estructura de Guerreros Unidos, es una detención importante que hasta donde los defensores de los padres sabían, no había aportado nada a la localización de los desaparecidos.
Ratificó que para los padres y defensores es muy sospechoso que haya sido detenido después del informe que presentó el GIEI, que anuló la tesis del basurero de Cocula, y al acercarse las acciones de protesta a un año de lo crímenes de Iguala.
Reveló que los padres de familia entregaron datos concretos al comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, que indicaban la posible ubicación de Gildardo López, y nunca hubo una explicación de por qué no procedieron a detenerlo antes.
Consideró que no sólo hay complicidad de parte de la autoridad municipal también de la autoridad federal, como dicen ahora en sus comunicados, porque las autoridades estaban enteradas de que la Policía Municipal de distintos municipios del estado, son parte de la estructura de Guerreros Unidos.
“No era difícil detener a estar persona, tenían todos los elementos para hacerlo, pero decidieron  administrar esa detención… un hecho evidente es que la estructura de Guerreros Unidos sigue intacta, sigue habiendo detenciones, desapariciones y personas ejecutadas”, señaló Vidulfo Rosales.
La presencia de la Gendarmería en Iguala, como en otros municipios de la Zona Norte, que presuntamente está a cargo de la seguridad, sólo tiene fines de represión contra la movilización social, dijo el abogado.
Inicialmente se habló de 13 municipios vinculados con Guerreros Unidos, pero Rosales Sierra precisó que de acuerdo con las constancias ministeriales, la organización opera en nueve, entre éstos Iguala, Cocula, Taxco, Tepecoacuildo, así como Ixtapa de la Sal en el Estado de México, y Jiutepec, Morelos.
En todos cuenta con la colaboración de policías municipales que son parte de la estructura de Guerreros Unidos, por lo tanto, Gildardo López siempre estuvo en zona de confort, protegido por policías municipales, federales y estatales que conocen la red de esta organización.

Pese a amenazas, siguen firmes las protestas

Del llamado del gobernador Rogelio Ortega Martínez a las organizaciones para que se conduzcan en el ámbito de la absoluta legalidad respetando los derechos de terceros, Rosales Sierra señaló que esos son conceptos que acuñan gobiernos tiranos y autoritarios, no sólo en México, sino en América Latina, para justificar la represión.
Consideró que derechos de terceros y orden público son expresiones ambiguas para privilegiar los derechos de empresarios sobre el derecho a la libertad de expresión de padres que protestan por la muerte y desaparición forzada de sus hijos; delitos gravísimos.
Aclaró que alterar el orden público, tiene significados distintos dependiendo del cristal con que se mire; para los defensores de derechos humanos, son las ejecuciones y desapariciones que ocurren a diario en Iguala, Acapulco, Chilapa y muchos municipios de la región Norte y Tierra Caliente.
Pero en este discurso, los gobernantes usan a todas las corporaciones policiacas y militares para disuadir un bloqueo, que afecta los intereses de la clase empresarial.
Sobre la investigación que pidió Ortega Martínez para las autoridades que protegían a El Gil, respondió que el gobernador habla como un ciudadano más, pero “que no se le olvide que su deber fue justamente poner el aparato estatal de que dispone, para llegar a la verdad, ¿o no los manda él, por eso no hicieron nada?”.

Piden llamar a cuentas a quienes promovieron a José Luis Abarca

El Congreso Nacional del PRD pidió a los dirigentes involucrados en la postulación de José Luis Abarca como candidato a la alcaldía de Iguala, ponerse a disposición de las autoridades por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Sin mencionar ningún nombre, cargo o corriente, los perredistas aseguraron que llamarán a cuentas a los dirigentes vinculados no sólo a la candidatura de Abarca, sino también a su posterior afiliación al sol azteca.
“El Congreso Nacional resuelve llamar a cuentas a los dirigentes del partido que fueron responsables y corresponsables de haber promovido a José Luis Abarca para la candidatura a la presidencia municipal de Iguala. Asimismo a quien o quienes promovieron su afiliación al PRD y por qué no tomaron en cuenta la fama pública esta persona”, señala el resolutivo.
Legisladores, dirigentes e informes del PRD han señalado a personajes como Sebastián de la Rosa, David Jiménez Rumbo y hasta a Jesús Zambrano, entonces presidente del partido, como personajes relacionados con el caso del ex alcalde, quien se encuentra en prisión. (Claudia Guerrero / Agencia Reforma / Ciudad de México).

El PRD no mete “las manos al fuego” por alcaldes señalados de nexos con el narco, dice Cesáreo

*El PRI se deslinda y señala que la PGR es la instancia responsable de encontrar o no vínculos con el crimen. El PAN niega que el alcalde de Tepecoacuilco tenga relación con Guerreros Unidos

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Mientras el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, indicó que el partido “no mete las manos al fuego” por los alcaldes perredistas que son señalados de tener nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, el del PRI, José Parcero López, indicó que solamente la PGR puede dar por cierto que existe un vínculo entre alcaldes del tricolor y ese cártel.
En tanto, el dirigente del PAN, Óscar Silva Abarca, dijo que Acción Nacional respalda al alcalde panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, y negó que el edil esté relacionado a esa célula delictiva.
El 30 de octubre de 2014, apareció en Iguala una manta atribuida a El Cabo Gil, en la que se mencionan, entre otros, a los ex alcaldes priistas de Taxco, Salomón Majúl González, ahora diputado federal; de Huitzuco, Norberto Figueroa Almazo, y de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana; así como a los perredistas de Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; de Iguala, José Luis Abarca; de Apaxtla, Efraín Peña Damasio, y al panista de Tepecoacuilco, Antonio Galarza Zavaleta, todos con sus directores de la policía municipal, de tener nexos con Guerreros Unidos.
Al respecto, el sábado en Iguala, el gobernador Rogelio Ortega Martínez pidió que se investigue “a profundidad” a los funcionarios señalados en la narcomanta firmada por el capo, en la que evidenció supuestos nexos con el cártel responsable del ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, dijo que el presunto lugarteniente de la agrupación criminal recibió protección de policías municipales, lo que evitó su captura durante los 11 meses que estuvo prófugo por su implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Consultados vía telefónica sobre esta situación, los líderes partidistas respaldaron la propuesta del mandatario estatal.
El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, Celestino Cesáreo, indicó que el partido  “no mete las manos al fuego” ni por Ignacio Valladares, ni por Peña Damasio.
Dijo estar de acuerdo con el gobernador, en el sentido de que sean investigados y se aplique la ley en caso de que alguno haya incurrido en acciones ilegales, pero aclaró que las investigaciones deben ser dirigidas a todos los que sean sospechosos, sin importar el partido al que pertenezcan.
Además, llamó al gobernador a que también las autoridades estatales inicien una investigación en ese sentido y no deje esa responsabilidad solamente al gobierno federal.
A pregunta expresa, Cesáreo Guzmán dijo que ni Peña Damasio ni Ignacio Valladares le manifestaron que fueran víctimas de presiones u hostigamientos por parte de Guerreros Unidos, pero insistió en que el PRD “no mete las manos al fuego por nadie”.
Por su parte, el dirigente del PRI, José Parcero, dijo que solamente la Procuraduría General de la República (PGR) puede determinar si realmente existió protección por parte de los alcaldes para ese grupo de la delincuencia organizada.
Indicó que el PRI cree en las instituciones del Estado mexicano y aseguró que la postura del tricolor es que los hechos violentos que sucedieron en Iguala, los días 26 y 27 de septiembre, sean investigados y esclarecidos.
Sobre los señalamientos de la narcomanta, en la que se acusa de tener vínculos con Guerreros Unidos al diputado federal Salomón Majul, ex alcalde de Taxco, donde fue detenido El Cabo Gil, Parcero López insistió en que solamente las autoridades que tienen a su cargo la investigación de los hechos de Iguala, pueden dar por hecho o no esa presunta relación.
Comentó que desde que asumió el cargo de delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y después de dirigente estatal, ninguno de los tres alcaldes priistas le informaron que fueran víctimas de presiones o amenazas de Guerreros Unidos.
Aseguró que en el tricolor existe disciplina y transparencia en la afiliación de sus militantes, además de que el partido ha dejado claro a los priistas, que ocupan cargos públicos, que deben sujetarse a la ley y responder ante los reclamos de la sociedad.
– ¿El PRI mete las manos al fuego por esos tres alcaldes que fueron señalados? – preguntó este reportero.
– El PRI tiene estatutos claros, hay que esperar a que las autoridades determinen cualquier indicio, nosotros no protegemos a nadie, pero que investiguen a quien tengan que investigar, hasta donde pegue, hasta el fondo – respondió.
Luego insistió en que debe ser la PGR la que determine si existió o no protección de las autoridades municipales a ese cártel.
Agregó que no se opone a que las autoridades investiguen a los alcaldes del PRI o de otro partido.
En tanto, Óscar Silva, secretario general del PAN con funciones de presidente, a diferencia del PRD, dijo que Acción Nacional “sí mete las manos al fuego” por  Antonio Galarza Zavaleta, alcalde de Tepecoacuilco de quien su nombre también apareció en la manta.
Indicó que existe el respaldo total del partido al edil y negó que este tenga algún tipo de relación con ese u otro grupo delictivo que opera en la región Norte de Guerrero.
Dijo que Galarza Zavaleta nunca se ha acercado al partido para manifestar algún tipo de presión por parte de la delincuencia organizada, y se sumó a la postura del gobernador de que el edil panista sea investigado.
Sin embargo, pidió que Rogelio Ortega también sea investigado, toda vez que “en los últimos 54 años ha sido el peor gobernante en Guerrero”, y denunció que existieron irregularidades en los recursos ejercidos en la Secretaría de Desarrollo Económico, “no hubo transparencia en esa dependencia, es necesaria una auditoria”.
Indicó que el PAN está en la exigencia de que se llegue a la verdad de los hechos ocurridos en Iguala, y lamentó que la impunidad sea uno de los problemas que más aquejan al estado.

Bloquean padres y alumnos de Ayotzinapa tres horas la autopista y la carretera en Chilpancingo

*Comienzan las protestas por el primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. Intentan tomar la caseta de cobro de Palo Blanco, pero lo impiden 500 policías federales. El vocero del movimiento, Felipe de la Cruz, denuncia actos de provocación de los uniformados, que golpearon a un normalista y empujaron a otros, y los jóvenes responden con pedradas a algunos autobuses en que llegaron los efectivos

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

Ayer padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon durante tres horas la Autopista del Sol y la carretera federal en la salida de Chilpancingo a Acapulco, como parte de las actividades programadas para exigir la presentación con vida de los jóvenes, a casi un año de que fueron atacados a balazos por policías municipales y sicarios en Iguala y probablemente por efectivos de otras corporaciones.
Por la mañana, intentaron tomar la caseta de cobro de Palo Blanco de la autopista, pero más de 500 policías federales lo impidieron, incluso padres de los desaparecidos denunciaron provocaciones de los uniformados, a quienes acusaron de golpear a uno de los normalistas que participaba en la actividad, y hubo una reacción de los estudiantes que lanzaron piedras a los agresores.
El vocero de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz, explicó que aproximadamente a las 10:30 de la mañana llegaron a la caseta de Palo Blanco unas 200 personas, entre estudiantes y familiares, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y pedir cooperación a los automovilistas.
Sin embargo cuando llegaron ya se encontraban en ese lugar cientos de policías federales con equipo antimotines.
Comentó que los policías tenían bloqueada la caseta, y no había paso para los automovilistas que querían entrar a Chilpancingo o que viajaban rumbo a Acapulco.
Según consta en fotografías y videos difundidos en redes sociales, los policías se colocaron a lo ancho de la caseta, y ni los estudiantes ni los padres de los desaparecidos pudieron instalarse en el lugar.
Felipe de la Cruz indicó que los manifestantes permanecieron ahí durante una hora, tiempo en el que discutieron con los policías y les solicitaban que permitieran realizar la actividad,  incluso, comentó que les hicieron ver que eran ellos los que estaban afectando a los viajeros porque estaban bloqueando el paso.
Dijo que durante la discusión un policía le lanzó a un normalista una botella, lo que desató empujones entre ambas partes, y que los estudiantes lanzaran algunas piedras, mismas que se impactaron en los cristales de los autobuses en los que se trasladaban los uniformados.
El vocero de los padres de familia explicó que la confrontación duró pocos minutos, y se restableció el diálogo con los policías, pero al ver que éstos no les permitirían protestar en ese punto, los manifestantes se retiraron y se trasladaron a la salida sur de Chilpancingo, donde se juntan la Autopista del Sol y la carretera federal a Acapulco, frente al hotel Parador del Marqués.
A este lugar llegaron aproximadamente a las 12:30 de la tarde y de inmediato bloquearon los cuatro carriles de la autopista, incluso atravesaron cuatro tráileres, tres de ellos sin logotipos y uno de la empresa refresquera Pepsico.