Se apoyará sólo a 26 restauranteros afectados por la marina, informa el gobierno estatal

Mariana Labastida

Trabajadores de la Secretaría General del estado comenzaron la aplicación de un censo de afectados de Puerto Marqués por la marina Majahua, aunque sólo enlistaron a los propietarios de restaurantes y no a los prestadores de servicios turísticos ni acuáticos, lo que causó la inconformidad entre éstos pues, dijeron, era parte del acuerdo con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Rossana Mora Patiño.
El representante legal de los prestadores de servicios, Enrique Molina, indicó que los inconformes están decididos a no aceptar ninguna indemnización y seguir exigiendo que se vaya la empresa Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), porque no están dispuestos a esperar cuatro meses del estudio que realizará la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El miércoles de la semana pasada, los afectados por la construcción del muelle en  la playa Majahua acordaron con Mora Patiño que el lunes –ayer– se haría un censo de los prestadores de servicios turísticos, acuáticos y restaurantes para saber quiénes serían indemnizados por la empresa, en caso de que el estudio que realice la UNAM determine que tiene responsabilidad en la reducción de la playa.
Pero los trabajadores de la Secretaría General de Gobierno sólo censaron los restaurantes, a cuyos propietarios les pedían una copia de su credencial de elector y la licencia de funcionamiento, y dijeron a los trabajadores de la playa que a ellos no los incluirían, que sólo a los restauranteros, y se quejaron de que cuando les intentaron explicar de dónde deberían de comenzar y a partir de qué tramo habían sido afectados, los empleados estatales los ignoraron.
La omisión molestó a los marquesanos y al llegar la subsecretaria de Asuntos Jurídicos les confirmó que sólo se censaría a los 26 restaurantes por ser los afectados directos y que con ellos por ser indirectos se haría después.
“Explicó la funcionaria que ellos son independientes porque no son afectados de manera directa. Como los 93 prestadores de servicios no tienen un restaurante o cómo comprobar que son calificados como afectados indirectamente aunque estén perdiendo su lugar de trabajo”, dijo el representante legal.
Enrique Molina expuso que la secretaria les comentó que no hay dinero para apoyarlos como les habían dicho con el cambio de mobiliario de playa, lanchas y acuamotos, “que no tienen 26 millones de pesos y que no podrán cumplir”.
Agregó que también Mora Patiño les puntualizó que el gobierno estatal no causó ningún daño y por ello no tenía porqué resarcirlo.
Luego de la visita de la funcionaria los afectados decidieron que no esperarán los cuatro meses que les dijeron que durará el estudio que elaborará la UNAM para determinar el daño ocasionado por el muelle, que ya no quieren ninguna indemnización y que tampoco permitirán que se continúe con la obra, “que la empresa se vaya”.
El representante legal expuso que también están preocupados por la zona arqueológica que es afectada con la construcción porque es un patrimonio cultural, por lo cual no están dispuestos a esperar mientras la obra sigue.