Avala la Corte al presidente para impugnar leyes estatales contra la reforma educativa

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el presidente Enrique Peña Nieto puede impugnar las leyes estatales que sean contrarias a la reforma educativa que impulsó su gobierno.
Los ministros adoptaron de manera unánime ese criterio en el inicio de una serie de juicios interpuestos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra de leyes en materia de educación aprobadas por los estados de Baja California, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora y Zacatecas.
La Presidencia de la República interpuso el año pasado las controversias constitucionales, al considerar que las leyes aprobadas por los congresos de esos estados y publicadas por los gobiernos respectivos invaden facultades señaladas en la reforma educativa, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2012, al inicio de la actual administración.
En la primera controversia, relativa a Zacatecas, los ministros acordaron que la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) no se ve afectada por las impugnaciones interpuestas por el presidente.
En el caso de Zacatecas, el Ejecutivo considera que la Ley de Educación, publicada por el gobierno de la entidad en abril de 2014, invade esferas del INEE al establecer reglas para la readscripción en caso de que se obtengan resultados insuficientes en una tercera evaluación, además de regular derechos laborales no aplicables al servicio profesional docente.

Alistan ultimátum a Oaxaca

La Suprema Corte de Justicia alista un ultimátum para que el estado de Oaxaca emita las leyes necesarias para la reforma educativa en la entidad.
El pleno discutirá en breve, probablemente esta semana, un proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, que determina que el Congreso y el Ejecutivo de Oaxaca han incurrido en “omisión legislativa absoluta”, pues no ha aprobado una sola ley para reglamentar la reforma constitucional de 2013.
“Los plazos de seis meses otorgados a las entidades federativas fenecieron el 12 de marzo de 2014, por lo que es evidente que han transcurrido en exceso sin que el estado haya dado cumplimiento a su obligación.
“Lo manifestado por el gobernador de Oaxaca, en el sentido de que presentó una iniciativa de ley, no subsana la omisión que se le imputa, toda vez que al gobernador le corresponde tanto la iniciativa como la publicación de la norma que se emita”, dice el proyecto de la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo Federal contra Oaxaca.
Pardo también rechaza argumentos del Gobernador Gabino Cué, en el sentido de que es necesaria una consulta previa a los pueblos indígenas de Oaxaca, antes de emitir leyes en materia educativa.
De ser aprobado el proyecto, como todo indica, los ministros deberán acordar el plazo que fijarán al Congreso local para discutir y aprobar las leyes estatales que reglamentarán tanto la reforma al artículo tercero constitucional, como las leyes generales de Educación y de Servicio Profesional Docente.
Lo más probable es que el actual periodo de sesiones será fijado como plazo de cumplimiento, aunque en ocasiones la Corte también ha fijado plazos en días hábiles específicos.
En julio pasado, cuando quitó a la CNTE el control sobre el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el gobernador instruyó a los nuevos administradores del órgano para aplicar directamente la Constitución y las leyes generales.
Sin embargo, ello no cambia el hecho de que hay un mandato constitucional para que los estados generen sus propias leyes, lo que no se subsana con un decreto como el que expidió Cué para reorganizar al IEEPO.
La Corte discutirá otras seis controversias del Ejecutivo sobre leyes educativas, pero las demás son para pedir la invalidez de algunos artículos de normas que sí fueron aprobadas en Zacatecas, Baja California, Michoacán, Morelos y Chiapas, así como de la Ley de Educación para el Estado de Sonora.