Exige Vidulfo Rosales que se consigne a los funcionarios que sabían de los ataques en Iguala

*El gobernador muestra una posición ambigua y servil con el gobierno federal, afirma el abogado de los padres de los 43 desaparecidos

Lourdes Chávez

Ciudad de México

El gobernador Rogelio Ortega Martínez debe investigar a los policías ministeriales que patrullaron Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y consignar a los funcionarios estatales que sabían y nada hicieron para impedir la masacre y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigió el abogado de los padres de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
“Está obligado a asumir un compromiso con la verdad y la justicia”, de lo contrario es cómplice, señaló.
No obstante, dijo que la posición de Ortega, impuesto desde la federación y quien muestra una posición ambigua y servil, pues un día declara que se debe castigar a los funcionarios que protegieron al líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, quien estuvo prófugo más año en el estado, y otro día amenaza con aprehender a los estudiantes que protestan por justicia y la presentación con vida de sus compañeros.
En otro tema explicó que una vez desacreditada la versión de la Procuraduría General de Justicia (PGR), de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y los restos tirados al río San Juan, podrían salir en libertad cuatro detenidos que con declaraciones sustentaron esa versión.
Entre ellos está el presunto sicario Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de ser el autor material del homicidio de los 43 normalistas.
Estimó que de los más de cien detenidos que  menciona la PGR por este caso, 70 por ciento están acusados de otros delitos, como delincuencia organizada, secuestro y enriquecimiento ilícito.
Algunos policías municipales implicados en los crímenes de Iguala también están acusados de otros delitos.
Rosales Sierra aceptó que le preocupan las órdenes de aprehensión que anunció el gobernador contra los estudiantes, porque responde a la política de represión del gobierno federal que por un lado ofrece diálogo y por otro reprime, pese a que los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, son los hechos más graves ocurridos en la historia reciente del país, sin olvidar que Guerrero ha sido escenario de masacres y represión que siguen impunes.
Cuestionó que Ortega Martínez en lugar de comprometerse con el seguimiento a las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se sometió a los dictados de la federación.
Aclaró que a la fecha no saben cuántos estudiantes o defensores están señalados en las órdenes de aprehensión por la protesta en la Fiscalía General de Estado el lunes, pero conoce la política de represión a todos los luchadores sociales en la entidad.
Una prueba es el último despliegue policiaco en la carretera de cuota Tierras Prietas-Tixtla, para impedir una protesta en Chilpancingo, que terminó en la confrontación de policías contra los estudiantes.
El abogado insistió en que los ataques de Iguala han causado indignación contra las instituciones del país, particularmente las de impartición de justicia, y no es posible que en el gobierno estatal haya total insensibilidad y se asuman poses autoritarias “cuando de por medio existen violaciones de las que ellos también son responsables”.
Demandó al gobernador que cumpla con su deber y obligación de hacer una investigación exhaustiva, imparcial, sin obstruir las manifestaciones de inconformidad,  de indignación contra autoridades que omitieron cumplir con su deber.
“Eso causa indignación y se expresa en una manifestación, pero el gobierno federal pretende proscribir todo intento de inconformidad, y llevar a la ilegalidad las protestas legítimas”, agregó.
Mencionó que si no asume otra posición,  Ortega Martínez sólo está simulando y muestra total incongruencia, “no hay preocupación de ellos por los hechos en Iguala, su mayor preocupación es proteger a las transnacionales, las carreteras, sus instituciones, para nosotros no se puede pisotear el anhelo de justicia por los asesinatos de estudiantes de una forma tan cruel. Hay una lectura política equivocada, de un gobierno insensible que no dimensiona la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidos en iguala.