Fiscalía que integre el informe de los expertos, pedirán padres a Peña

*Exigirán en la reunión de hoy con el presidente castigo a quienes manipularon la investigación de los crímenes de Iguala

*Exige el abogado Vidulfo Rosales que se consigne a los funcionarios que sabían de los ataques a los normalistas

*Las pesquisas del caso Ayotzinapa, un “escandaloso encubrimiento” en los más altos niveles del gobierno mexicano, señala Amnistía Internacional

*Aplicamos la ley, no se reprimió”, dice Ortega de la actuación policiaca del martes

*Estudiantes del CREN?pondrán una queja en la Codehum contra el secretario de Seguridad Pública; les dieron descargas eléctricas, denuncian

*Resguardan policías terminales en Acapulco y Chilpancingo

En huelga de hambre de 43 horas, padres de los desaparecidos de Ayotzinapa en el Zócalo del DF

*Exigirán en la reunión programada para hoy con el presidente Peña Nieto castigo a los funcionarios que manipularon la investigación de los crímenes de Iguala: Murillo Karam y Galindo Ceballos. Demandarán el cese al hostigamiento a la Normal Rural y la  creación de una fiscalía para la investigación de los crímenes, que integre el informe de seis meses de trabajo del GIEI, adelantan

Lourdes Chávez

Ciudad de México

Los padres de los alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa instalaron a las 7 de la noche de ayer una huelga de hambre de 43 horas en el Centro Histórico, a un lado de la catedral metropolitana y frente la bandera a toda asta.
Está programado que se reunirán hoy con el presidente Enrique Peña Nieto y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en donde exigirán castigo a los funcionarios que manipularon la investigación de los crímenes de Iguala, como el exprocurador Jesús Murillo Karam y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos.
En la actividad anunciaron que en la reunión demandarán el cese al hostigamiento a la Normal Rural de Ayotzinapa y la  creación de una fiscalía para la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, que integre el informe de seis meses de trabajo del GIEI como parte del expediente.
Los padres aseguraron que pese a los esfuerzos de los gobiernos por dividirlos, los padres de los 43 están más unidos con cada golpe del gobierno.
En una carpa sobre una avenida lateral de la explanada, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que en Guerrero lejos de hacerse una investigación exhaustiva para fincar responsabilidad a sus funcionarios estatales que fueron omisos en la desaparición de los normalistas, se amedrenta al movimiento por los 43.
Consideró que el gobernador Rogelio Ortega está más preocupado por meterlos a la cárcel, “si nos va a meter a la cárcel por luchar no tenemos miedo, aquí estamos dando la cara, y decimos no nos vamos a rendir, vamos a seguir la lucha hasta conseguir la presentación con vida de nuestros compañeros”.
Subrayó que no es delito manifestar la indignación por una acción criminal que condujeron los cuerpos policiacos el 26 y 27 de septiembre, “son ellos quienes deben estar en la cárcel, allá están los criminales. Nosotros somos víctimas y exigimos castigo a los responsables”.
En tanto el vocero de los papás, Felipe de la Cruz añadió que no tienen miedo a la prisión y tampoco se van a esconder, “no hemos cometido un solo delito, y todo mexicano quiere saber por qué la justicia está secuestrada por los gobernantes de este país. Los padres están dispuestos a lo que sea con tal de ver de vuelta a nuestros muchachos”.
Adelantó que al presidente Peña van a recordarle el compromiso que hizo con los padres en Los Pinos, para que castigue a todos implicados del Ejército y de su gobierno en la desaparición de los normalistas, entre ellos Galindo Ceballos y Murillo Karam, éste último separado de su cargo pocos días antes de la presentación del informe del GIEI.
Acusó que la procuradora Arely Gómez manipuló el informe de la universidad de Innsbruck, en Austria, para decir que uno de los restos enviados a análisis pertenecen al normalista desaparecido Jhosivani Guerrero de la Cruz, pese a que las probabilidades son mínimas.
Denunció que así vuelven a atormentar a los padres, “si insisten en que el basurero es el escenario del crimen… decimos que no le creemos pues el GIEI ya hizo peritajes y demostró que en ese lugar no pasó nada”.
El señor Mario César González, padre del normalista desaparecido César Manuel, de Tlaxcala, ratificó que los padres no se van a vender ni se van  separar, “estamos más fuertes que nunca con los resultados de los expertos, aquí vamos a luchar por los 43 hijos, porque los hijos no se van a regalar ni se van a perder”.
Aseguró que sin importar a dónde tengan que ir no se rendirán ni se van a vender, “siempre vamos a estar juntos. Los golpes del gobierno nos hacen más fuertes”.
Desde el lunes varias madres viajaron a Estados Unidos con la esperanza de que en su gira por la unión americana,  el Papa Francisco los reciba y envíe un mensaje al mundo en apoyo a los 43.
Ayer el normalista desaparecido Jorge Álvarez cumplió 20 años de edad, informó su papá Epifanio Álvarez ante los medios de comunicación, “donde quiera que esté que sepa que lo estamos buscando, aquí estamos, los 43, unidos a pesar de tantas mentiras, engaños… todavía tenemos mucha rabia ¡De verdad!, y aquí vamos a estar”.
De las amenazas de aprehensión por la incursión a la fiscalía que encabezaron los padres de familia, dijo “ahora dice que nos va a detener pero los ánimos y la convicción de seguir la lucha no ha bajado, estamos con la misma exigencia de hace un año, justicia para Daniel, Julio y César”, éstos tres masacrados en Iguala.
El representante de la dirigencia estudiantil de Ayotzinapa dijo que esta lucha ya no es nacional, trascendió las fronteras, “a pesar de todos los malos momentos y de las pocas victorias que se han tenido, ahora más que nunca la exigencia tiene que ser global, en todos los países que han sufrido este tipo de atrocidades”.
En la sesión de preguntas ratificaron que los padres ya no creen en el Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ni en la PGR, y el presidente es la última instancia donde pedirán verdad y castigo  a los perpetradores de los crímenes como a quienes los encubrieron.
La protesta estuvo rodeada de símbolos, una mujer con la muerte denunció en una pancarta, “México agoniza, ni democracia ni libertad, ni justicia. Si Guatemala pudo, México por qué no”.
Los alumnos de primer año que se identifican por el pelo rapado, cantaron sin detenerse consignas de lucha, y una banda de chile frito tocó mientras médicos independientes revisaban las condiciones físicas de los que ayunaban.

Exige Vidulfo Rosales que se consigne a los funcionarios que sabían de los ataques en Iguala

*El gobernador muestra una posición ambigua y servil con el gobierno federal, afirma el abogado de los padres de los 43 desaparecidos

Lourdes Chávez

Ciudad de México

El gobernador Rogelio Ortega Martínez debe investigar a los policías ministeriales que patrullaron Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, y consignar a los funcionarios estatales que sabían y nada hicieron para impedir la masacre y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigió el abogado de los padres de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
“Está obligado a asumir un compromiso con la verdad y la justicia”, de lo contrario es cómplice, señaló.
No obstante, dijo que la posición de Ortega, impuesto desde la federación y quien muestra una posición ambigua y servil, pues un día declara que se debe castigar a los funcionarios que protegieron al líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, quien estuvo prófugo más año en el estado, y otro día amenaza con aprehender a los estudiantes que protestan por justicia y la presentación con vida de sus compañeros.
En otro tema explicó que una vez desacreditada la versión de la Procuraduría General de Justicia (PGR), de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y los restos tirados al río San Juan, podrían salir en libertad cuatro detenidos que con declaraciones sustentaron esa versión.
Entre ellos está el presunto sicario Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, acusado de ser el autor material del homicidio de los 43 normalistas.
Estimó que de los más de cien detenidos que  menciona la PGR por este caso, 70 por ciento están acusados de otros delitos, como delincuencia organizada, secuestro y enriquecimiento ilícito.
Algunos policías municipales implicados en los crímenes de Iguala también están acusados de otros delitos.
Rosales Sierra aceptó que le preocupan las órdenes de aprehensión que anunció el gobernador contra los estudiantes, porque responde a la política de represión del gobierno federal que por un lado ofrece diálogo y por otro reprime, pese a que los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, son los hechos más graves ocurridos en la historia reciente del país, sin olvidar que Guerrero ha sido escenario de masacres y represión que siguen impunes.
Cuestionó que Ortega Martínez en lugar de comprometerse con el seguimiento a las líneas de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se sometió a los dictados de la federación.
Aclaró que a la fecha no saben cuántos estudiantes o defensores están señalados en las órdenes de aprehensión por la protesta en la Fiscalía General de Estado el lunes, pero conoce la política de represión a todos los luchadores sociales en la entidad.
Una prueba es el último despliegue policiaco en la carretera de cuota Tierras Prietas-Tixtla, para impedir una protesta en Chilpancingo, que terminó en la confrontación de policías contra los estudiantes.
El abogado insistió en que los ataques de Iguala han causado indignación contra las instituciones del país, particularmente las de impartición de justicia, y no es posible que en el gobierno estatal haya total insensibilidad y se asuman poses autoritarias “cuando de por medio existen violaciones de las que ellos también son responsables”.
Demandó al gobernador que cumpla con su deber y obligación de hacer una investigación exhaustiva, imparcial, sin obstruir las manifestaciones de inconformidad,  de indignación contra autoridades que omitieron cumplir con su deber.
“Eso causa indignación y se expresa en una manifestación, pero el gobierno federal pretende proscribir todo intento de inconformidad, y llevar a la ilegalidad las protestas legítimas”, agregó.
Mencionó que si no asume otra posición,  Ortega Martínez sólo está simulando y muestra total incongruencia, “no hay preocupación de ellos por los hechos en Iguala, su mayor preocupación es proteger a las transnacionales, las carreteras, sus instituciones, para nosotros no se puede pisotear el anhelo de justicia por los asesinatos de estudiantes de una forma tan cruel. Hay una lectura política equivocada, de un gobierno insensible que no dimensiona la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidos en iguala.

Las pesquisas del caso Ayotzinapa, un “escandaloso encubrimiento” del gobierno mexicano, acusa AI

*El organismo mundial calificó el caso de los estudiantes normalistas como uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Amnistía Internacional (AI) consideró que las negligentes investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, exponen un escandaloso encubrimiento en los más altos niveles del gobierno mexicano.
Mediante un comunicado, la organización defensora de derechos humanos calificó el caso de los estudiantes como uno de los peores escándalos de derechos humanos de la historia reciente de México.
“A menos que el presidente Peña Nieto tome acción real, ahora va a continuar siendo visto en todo el mundo como el facilitador de estos horrores”, sostuvo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Este miércoles los padres de los jóvenes desaparecidos iniciaron un ayuno de 43 horas, mientras que hoy se reunirán en Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto, y el sábado realizarán una marcha al mediodía hacia el Zócalo capitalino.
En el comunicado, Guevara-Rosas considera que es un distractor la versión de que los normalistas fueron asesinados por narcotraficantes que los incineraron en el basurero de Cocula, Guerreo.
“En particular, deberían explorar el rol de los militares y agencias responsables de hacer cumplir la ley en la tragedia después de que no tomaron acción a pesar de ser conscientes de los abusos contra los estudiantes mientras se estaban llevando a cabo”, agrega.
Según el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes, tanto la Policía Estatal como la Federal, e incluso el Ejército, estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes desde que dejaron la Normal Rural de Ayotzinapa.
“Si el gobierno está convencido que los militares no tienen ninguna información relevante que proporcionar, ¿de qué están tan preocupados?, proteger a los soldados de las investigaciones genera alarmantes preguntas”.

“Aplicamos la ley, no se reprimió”, dice Ortega de la actuación policiaca del martes

*La “tolerancia extrema llegó al límite”, insiste el gobernador, y hace un reconocimiento a la actuación del secretario de Seguridad, Pedro Almazán, acusado de golpear a normalistas del CREN

Jacob Morales

El gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que su gobierno no reprime las manifestaciones, “solamente aplicamos la ley”; ponderó que mantiene la estrategia del diálogo con las personas que protestan por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, pero la “tolerancia extrema llegó al límite”. Calificó de “radicales” las acciones de los manifestantes de estos últimos días.
Ayer, por la mañana el gobernador dio entrevistas telefónicas a Adela Micha en el noticiero de primera emisión de Imagen Radio, a Carlos Loret de Mola  en Primero Noticias de Televisa y luego en sus espacios radiofónicos a los periodistas Denise Maerker, al mediodía, y Raymundo Riva Palacio, por la tarde. En las entrevistas, informó que hubo seis heridos en el enfrentamiento de policías y normalistas el martes en el libramiento a Tixtla; cuatro policías estatales, ninguno con lesiones que pongan en riesgo su vida, y dos normalistas, a quien le explotó un cohetón en la mano.
El gobernador declaró “mi reconocimiento a mi secretario de Seguridad, el General Pedro Almazán, un general en activo… calentano, con un absoluto profesionalismo, y las personas que forman parte de la policía estatal”.
El martes en Chilpancingo el secretario de Seguridad fue acusado de golpear con una varilla metálica a tres estudiantes normalistas del Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Iguala, cuando se encontraban solicitando papelería en un almacén de la de Secretaría de Educación Guerrero.
Las declaraciones del gobernador a medios nacionales se dieron luego de que policías estatales colocaron un filtro en el libramiento a Tixtla, para revisar a normalistas y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre, que pretendían protestar en Chilpancingo. Los estudiantes se negaron a la revisión, e incendiaron un camión y arrojaron petardos y piedras contra los agentes que respondieron lanzando gases lacrimógenos y piedras.
En el noticiero de Adela Micha explicó que desde el domingo, “un grupo reducido ya, muy reducido de personas todavía con esta radicalidad”, intentaron bloquear la autopista y tomar la caseta de Palo Blanco. “Ni 5 minutos le permitimos que estuvieran”, afirmó.
Un día antes, el lunes, un grupo de manifestantes ingresó a Chilpancingo a realizar “acciones de violencia” en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE). Y el martes “intentaron penetrar a la ciudad capital, con bombas molotov, petardos y generar acciones que incluso habían anunciado, de violencia y de incendio de edificios públicos”.
“Pusimos un filtro, antes de la entrada a Chilpancingo, no para impedir la libre manifestación que está consagrada por nuestras Leyes, sino para que no circularan con artefactos, que ponen en riesgo su seguridad y su vida”.
“Ahí ni siquiera hubo oportunidad de establecer un diálogo con ellos o de revisión de inmediato, comenzaron a atacar a la policía y nosotros contuvimos y afortunadamente logramos que se replegaran y que desistieran de realizar estas acciones de violencia en Chilpancingo”

Se actuó conforme a protocolos

El gobernador informó que en las manifestaciones participan estudiantes de otras normales del país provenientes de Cañada Onda, Aguascalientes, y de Amilcingo Morelos, “y muy presionados por los padres, alguien les mentalizó, les vendió la idea, (que) con acciones de violencia y de denigración extrema es como se puede recuperar a sus hijos con vida”.
Indicó que durante el retén que se instaló el martes en el libramiento a Tixtla, los policías intervinieron bajo los protocolos legales establecidos, “no reprimimos, solamente aplicamos la ley. Nadie puede andar circulando con artefactos que ponen  riesgo su vida y la de los demás”.
Ortega Martínez insistió que los policías estatales actuaron apegados a los protocolos y fueron acompañados por un notario público y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que dieran fe del actuar de los elementos de seguridad pública.
“El problema es que no vamos a permitir actos de violencia, no vamos a permitir acciones vandálicas, porque incluso Adela, hay quienes aprovechando el dolor, la tragedia, el reclamo que podríamos decir incluso justo de los familiares de los 43 desaparecidos, pues aprovechan para hacer saqueos, para vandalizar y transgredir el estado de Derecho”.
Subrayó, “la estrategia de diálogo sigue, y la de tolerancia extrema ya llegó al límite. Ya ni bloqueos de calle, ni bloqueo de autopistas, ni acciones de radicalización y violencia en contra de edificios públicos o en contra de particulares”.
Ortega Martínez reiteró que “ya no son miles de personas que se manifestaban todos los días, afortunadamente logramos salvar la economía del estado y la elección y el magisterio se evaluó”.
Informó que del tema lo habló con el gobernador electo Héctor Astudillo, pero que compete a la actual administración. Dijo que la mesa de entrega–recepción atiende temas como el macrotúnel, el sistema de transporte Acabús, y los informes de cómo se encontró la administración del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero y cómo dejará el periodo que estuvo al frente.
El gobernador dijo a Carlos Loret de Mola que “no podemos nosotros ser omisos a quienes anuncian de antemano que van a realizar acciones de violencia…Nosotros actuamos conforme a la legalidad”.
Además afirmó que el movimiento está “focalizado en decenas de personas, no miles como hablaban”. Sostuvo que al movimiento de los padres y normalistas ya no los acompañan miles de maestros y personas de la sociedad como hace 10 y 11 meses, que “los acompañaban en la radicalidad también”.
Ortega Martínez afirmó “estuvimos aislando el conflicto, reducirlo a su mínima expresión  y ahora bueno está prácticamente focalizado en decenas de personas, no miles como hablan”.

Policías los golpearon y les dieron descargas eléctricas, dicen estudiantes del CREN de Iguala

*Anuncian que presentarán una queja en la Codehum contra el secretario de Seguridad Pedro Almazán y policías por abuso de autoridad

Alejandro Guerrero

Iguala

Alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN) precisaron en conferencia de prensa que tres de sus compañeros fueron golpeados con toletes, y a otros dos les dieron descargas eléctricas en la represión encabezada por el secretario de Seguridad Pública, el militar Pedro Almazán Cervantes, la tarde de este martes en Chilpancingo, donde pedían papelería y fueron “confundidos” con alumnos de la Normal de Ayotzinapa.
Uno de los jóvenes declaró que durante la arremetida de los policías antimotines y algunos vestidos de civil y armados, Almazán Cervantes y otros agentes insultaron y golpearon con toletes a tres estudiantes en los brazos y los tomaron por el cuello, en tanto que a otros dos les dieron descargas eléctricas y los despojaron de sus pertenencias.
Informó que estaban en un almacén de la Secretaría de Edu-cación Guerrero (SEG) en una mesa de trabajo con autoridades gestionando el material didáctico para la Feria del Niño.
Agregó que la negociación iba bien ya que les entregaron parte del material didáctico y del dinero requerido.
A pregunta dijo que presentarán una queja en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) contra el abuso de autoridad de Almazán Cervantes, y de los agentes antimotines y civiles armados que lo acompañaban.
Dijo que trataron de hablar con el secretario y los policías, “pero eya tenían órdenes estrictas de que nos hicieran lo que tuvieran que hacer para desalojarnos, nos trataron peor que a delincuentes, ya tenían listos los toletes, los gases lacrimógenos y los aparatos para dar descargas eléctricas, iban armados los policías”.
Narró que algunos de sus compañeros ya se habían subido al autobús, pero los antimotines los bajaron a la fuerza e intentaron llevarse detenidas a dos de sus compañeras, lo cual finalmente no sucedió.
Dijo que tienen de evidencia grabaciones de sus teléfonos y que hubo representantes de la Codehum que atestiguaron la agresión.
Afirmó que no tomaron el almacén de la SEG, y tampoco preten-dían sustraer el material didáctico, sino que había una mesa de trabajo acordada anteriormente con las autoridades educativas.
Consideró que la represión  que sufrieron de los policías estatales fue porque “nos confundieron” con normalistas de Ayotzinapa y del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG), a los que la mañana del martes los policías estatales desalojaron con gases en el nuevo libramiento Chilpancingo-Tixtla.
La joven Kenia Hernández dijo que desde hace casi un año el CREN de Iguala se desmarcó del FUNPEG y del movimiento por Ayotzinapa, por desacuerdos con el dirigente anterior Francisco Salmerón.
Dio a conocer que el martes cerca de las 9 de la noche llegó a la Normal parte del material didáctico para la Feria del Niño, pero están pendientes las becas de manutención para cerca de 389 alumnos de primero a tercero.
Agregó que mantendrán el paro y la toma de las instalaciones hasta que les entreguen todo el material y las becas.
Culpó al jefe de Normales, Os-car Arias Alatorre y al titular de la SEG, Salvador Martínez della Roca del incumplimiento y el retraso en la entrega del dinero y el material didáctico que se comprometieron a dar para la Feria del Niño, la cual se pospuso para próximos días en el contexto del aniversario de la escuela.

Resguardan policías terminales en Acapulco y Chilpancingo para evitar tomas de autobuses

Luis Blancas y Carlos Moreno A.

Chilpancingo y Acapulco

Policías del estado resguardaron las terminales de autobuses de Acapulco y Chilpancingo, y en algunas patrullaban las avenidas, para impedir que normalistas tomaran camiones para movilizarse, a tres días de que se cumpla un año de la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala.
A las 11 de la noche, un pasajero de un autobús de la ruta Acapulco-Ciudad de México, se comunicó a esta redacción e informó que a esa hora había al menos diez patrullas de la Gendarmería y de la Policía Estatal en la caseta de La Venta, “y los agentes suben a cada autobús para preguntar si todo está bien”.
En un recorrido por la terminal de autobuses Estrella Blanca de Chilpancingo, se pudo ver un camión con unos 20 policías antimotines, mientras que en la entrada había dos policías y en la puerta derecha otros dos con toletes resguardando el lugar para evitar que normalistas tomaran autobuses .
Sin embargo, en la terminal Estrella de Oro, que se ubica frente a la central camionera Estrella Blanca, no se observó vigilancia.
En un recorrido por el bulevar del río Huacapa se observó que cerca del teatro Mario Luisa Ocampo había dos patrullas y una Urvan estacionados, y abordo había unos 15 policías estatales, así como otro camión de policías antimotines estacionado al lado del Colegio de Chilpancingo, en el encauzamiento río Huacapa, a bordo de los cuales había unos 20 agentes con equipo antimotín.
Antes de llegar al lugar conocido como Tierras Prietas, cerca de una gasolinera había un retén de policías estatales que revisaban vehículos que transitaban en el carril norte-sur de la Autopista del Sol.
Asimismo, había a unos metros del retén dos autobuses de la Policía Estatal antimotines en ese carril.

Instala el Ejército un retén en la caseta de La Venta para detener a normalistas

En Acapulco, el Ejército instaló un retén cerca de la caseta de La Venta ante la versión de que normalistas llegarían a tomar los autobuses en las terminales, y tras un reporte a las autoridades poco después de las 9 de la mañana, de que estudiantes tomarían camiones en la terminal de Estrella Blanca en la avenida Ejido.
Poco antes de las 10 de la mañana, durante un recorrido se observó a unos seis policías estatales que vigilaban en una patrulla la terminal en la avenida Ejido, y a otra patrulla afuera de la terminal Costa Line, en la avenida Cuauhtémoc del Centro de la ciudad.
Mientras, en la central de autobuses Estrella de Oro del paso elevado Bicentenario, a unos 30 metros del punto conocido como Las Anclas, y en la terminal Estrella Blanca frente al parque Papagayo sólo se observaron patrullajes de la Policía del Estado y guardias de seguridad privada que confirmaron que los policías tienen indicaciones de vigilar las terminales del puerto.
Además, cerca de la caseta de La Venta, soldados, y policías estales y federales instalaron un filtro de revisión de vehículos particulares y de autobuses que entraban o salían de Acapulco.
El martes, el gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que concluyó la tolerancia y que hay órdenes de aprehensión contra los líderes normalistas que el lunes irrumpieron y causaron destrozos en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, mientras que el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado advirtió que habría filtros para impedirles el paso en Chilpancingo, Acapulco e Iguala.