Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Reunión sin compromisos

“Estamos del mismo lado; ustedes y yo buscamos lo mismo: saber qué pasó con sus hijos”, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, frase que sin embargo no es representativa del verdadero estado de ánimo con el que llegó al encuentro de ayer con los padres de los 43 normalistas desaparecidos. También dijo que “la investigación sigue abierta, nunca se ha cerrado y no habrá carpetazo”, lo cual tampoco es cierto.
Es una verdadera lástima, y también significativo, que el gobierno federal haya apartado la reunión del escrutinio público, al contrario de lo que sucede con numerosas ceremonias ordinarias en las que interviene el presidente, que la televisión transmite íntegramente en vivo. Por esa razón la opinión pública conoció fragmentariamente lo que dijo Peña Nieto ayer, y sólo a través de su vocero, Eduardo Sánchez, quien al terminar el hermético acto salió a decir qué había dicho el presidente y hasta la hora en que comenzó y terminó la reunión.
Como adelantó ayer El Sur, los padres de los normalistas presentaron al presidente la propuesta de crear una unidad especializada para replantear la investigación bajo supervisión internacional, con objeto de establecer dónde están los estudiantes desaparecidos y sacar a la luz “el montaje con el que se pretendió engañar a las familias”, en referencia a la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con la propuesta central de los padres, incluida en un pliego de ocho puntos, esa unidad o fiscalía especial tendría como punto de partida el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual prácticamente plantea hacer a un lado la “verdad histórica” de la PGR y reponer toda la investigación. Por lo tanto, la aceptación de la exigencia de los padres significaría la aceptación del informe del grupo de expertos de la CIDH, de ahí que enfatizaran en la necesidad de que el gobierno federal asuma las conclusiones del “Informe Ayotzinapa”, lo que ayer no sucedió.
Lo que sí sucedió, según el vocero, es que “el presidente ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que analicen la viabilidad de cada uno de estos ocho puntos presentados”.
En consecuencia, está claro que el presidente no asumió ayer ningún compromiso con los padres y que la bonita expresión en la que declara estar junto a ellos en su reclamo de la verdad es solamente una frase hueca. No es nueva esa estrategia de Peña Nieto. Ya el lunes 7 había dado la impresión de que hacía a un lado la versión oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayortzinapa y aceptaba los cuestionamientos contenidos en el informe del Grupo de Expertos de la CIDH, presentado un día antes, sin que fuera cierto.
“Me une a ellos el deseo de conocer la verdad de lo que ahí, lamentablemente, haya ocurrido”, dijo entonces, pues “soy el primero en asumir el pleno interés, no sólo como presidente de la República, sino porque la sociedad mexicana demanda y tiene razón en saber con verdad qué fue lo que ahí ocurrió”.
Esas palabras no requerían interpretación, decían lo que dicen, y con ellas el presidente pareció dar marcha atrás a la “verdad histórica” elaborada por el ex procurador Jesús Murillo Karam. También sugerían que el gobierno abría la posibilidad de enmendar las investigaciones para conocer “con verdad qué fue lo que ahí ocurrió”.
Pero no era así. Que no existió nunca la intención de hacer caso al informe del grupo de expertos de la CIDH –como no existe ahora según se ve por los resultados de la reunión–, quedó de manifiesto el miércoles 15, cuando la procuradora Arely Gómez convirtió arbitrariamente un reporte preliminar y parcial de la Universidad de Innsbruck en un informe definitivo de la identificación del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz. En la postura oficial, ese hallazgo técnico confirmaría que los jóvenes sí fueron calcinados en el basurero de Cocula y por lo tanto la veracidad de la versión oficial, hipótesis rebatida por el informe de la CIDH. Con la misma euforia y el mismo propósito oficialista, el jueves 17 fue anunciada la captura de Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, el integrante del grupo delictivo Guerreros Unidos que, en la versión oficial, habría impartido la orden de quemar a los normalistas y esparcir sus cenizas en el río de Cocula.
Era evidente que la PGR no tenía en sus planes retomar y reencauzar las investigaciones en la dirección propuesta por los especialistas independientes, ni siquiera por el compromiso para realizar un tercer peritaje en el basurero, pues los dos anuncios hechos por la Procuraduría estaban dirigidos a sostener la versión oficial y a inducir en la percepción pública la idea de que al paso de los días la “verdad histórica” es confirmada por nuevos avances. Para respaldar el objetivo de las autoridades, el sábado 19 una oportuna filtración periodística dio a conocer que El Gil aceptó haber dado la orden de detener, levantar, ejecutar e incinerar  a los normalistas “para no dejar rastro alguno”. (Excélsior, 19 de septiembre de 2015).
Con estos antecedentes inmediatos y ningún resultado concreto en la búsqueda de la verdad, según las palabras del propio presidente, se realizó ayer la segunda reunión con los padres en la que Peña Nieto tuvo la oportunidad de mostrar su sensibilidad y la profundidad de su compromiso con la justicia, pero no lo hizo. Si las demandas de los padres serán sometidas a un análisis de viabilidad es porque el presidente las considera inviables.
Algo similar ocurrió en la primera reunión del 29 de octubre del año pasado, cuando el presidente dijo que en el caso Ayotzinapa “no cabe el mínimo resquicio para la impunidad” y ordenó intensificar la búsqueda de los estudiantes, cuando en ese momento el procurador Murillo Karam ya fraguaba la versión del basurero de Cocula con la obvia pretensión de cerrar el caso y limitarlo a una confusión entre criminales, versión que presentaría pocos días más tarde como la hipótesis definitiva que hasta esta fecha no ha cambiado: ahí está el carpetazo. Así se cumplirá mañana un año del ataque contra los normalistas, entre la indignación social por la atrocidad que no halla respuestas, y la persistente simulación oficial.

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