La tortura policiaca y militar en México ya es endémica, afirma juez español

*Por su parte el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, denunció durante su informe que el crecimiento de los casos ahora ya forma parte de la agenda nacional cuando hace tres años no lo era

Agencia Proceso

Ciudad de México

En México, la práctica de la tortura por parte de policías y militares se ha convertido en un problema endémico, aseguró el juez español Carlos Castresana, al participar en el informe del tercer año de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura, que lleva a cabo en el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
Castresana, quien ha sido fiscal de la Sección Penal del Tribunal Supremo y director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, manifestó su preocupación por el crecimiento de casos de tortura como instrumento policiaco para la obtención de información y como medio de expresión de control de grupos fácticos de poder.
Al presentar el informe, el director del Insyde, Ernesto López Portillo, señaló que el crecimiento de los casos de tortura entre los cuerpos policiacos y militares ahora ya forma parte de la agenda nacional cuando hace tres años no lo era.
Se trata de un problema crítico que se debe a la impunidad que hay en los tribunales para castigar a los responsables, aseguró el especialista.
De 2006 al 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene registradas 8 mil 784 quejas, de las cuales se han derivado 80 recomendaciones; 140 casos siguen abiertos, hay cuatro sentencias y una sola sanción.
“Hay torturados pero no sancionados”, precisó López Portillo en la conferencia. Detalló que Puebla, Guanajuato, Jalisco y Tabasco son los estados donde ha encontrado mayor resistencia al reconocimiento de la práctica de la tortura dentro de los cuerpos policiacos.
El director de Insyde aseveró que en el plano legislativo, la normativa que se aplica tanto de manera sustantiva como procesal ha creado “incentivos perversos” que reproducen la impunidad de la tortura y que lo mismo ocurre con el diseño y los procesos institucionales de las autoridades que están a cargo de investigarla.
“El subregistro oficial de la tortura y la impunidad se benefician de manera recíproca”, indicó López Portillo. Precisó que el Insyde tiene un proyecto de largo plazo de trabajo con las instituciones responsables para combatir este problema nacional.
Hasta el momento solo trabajan en 17 estados en los cuales han encontrado que la tortura es una práctica tradicional de los agentes policiacos para obtener declaraciones de presuntos delincuentes.
Al respecto, el juez Castresana advirtió que uno de los problemas es que los jueces mexicanos siguen tomando como válidas declaraciones obtenidas bajo tortura, lo cual motiva más el ejercicio de esta práctica.
Indicó que en países donde había este problema como Chile y Guatemala, se trabajó por años en cambiar esta práctica tradicional policiaca y en leyes que castigaban a los responsables.
“Es cuestión de mucho trabajo y de paciencia”, aclaró el juez español al poner como ejemplo el juicio que se lleva a cabo en Guatemala contra el presidente Otto Pérez.
Dijo que hay que convencer a los jueces de rechazar las pruebas obtenidas bajo tortura y a los policías enseñarles otras formas científicas de investigar, por ejemplo, la identificación de ADN, intervención telefónica regulada, prácticas de seguimiento; así como especializar el trabajo de investigación policial.
Además, agregó, se les debe presionar para que los políticos asuman su responsabilidad porque, de no hacerlo, el fenómeno crecerá aún más y se extenderá hasta convertirse en un problema estructural que tardará años en superarse, sostuvo Castresana.