Desencuentro en la reunión entre el presidente y los padres de Ayotzinapa

*Ofrece Peña no cerrar el caso, incorporar el informe del GIEI y nuevo peritaje

*Recibe un pliego de ocho puntos y da instrucciones de que se analice pero no fija fecha para la respuesta

*Se compromete a ampliar seis meses el trabajo de los expertos independientes y a crear una fiscalía especializada para desaparecidos

*Dijo que él y su gobierno están “del mismo lado” que los familiares en la búsqueda de la verdad

*Se negó a atender sus demandas, denuncian los familiares t Le pidieron la permanencia indefinida de los expertos hasta la conclusión de la investigación, pero lo rechazó

*Piden la creación de una Unidad Especializada con supervisión internacional para la búsqueda de los 43 y otra para que investigue y castigue las irregularidades de la investigación. Temen que el nuevo peritaje sea otro montaje

Ofrece Peña a padres de los 43 no cerrar el caso, incorporar el informe del GIEI y nuevo peritaje

*En una reunión que duró dos horas y media, a puerta cerrada, el presidente recibe un pliego de ocho puntos y da instrucciones de que se analice pero no fija fecha para la respuesta. Se compromete a ampliar seis meses el trabajo de los expertos independientes y a crear una nueva fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas. Dijo que él y su gobierno están “del mismo lado” que los familiares, pues quieren encontrar la verdad, informó el vocero presidencial

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

Ampliar seis meses más el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrar un equipo de expertos de alto nivel para un peritaje y no cerrar la averiguación previa, fueron algunos de los “compromisos” asumidos por el presidente Enrique Peña Nieto en la reunión sostenida ayer con los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.
Sin descalificar por completo “la verdad histórica”, Peña Nieto recibió formalmente el informe del GIEI y fue reiterativo en afirmar que la averiguación sigue abierta, que se incorporará a la misma el informe de los expertos y que se instruirá un nuevo peritaje.
Por su parte los asistentes, que entregaron un pliego de ocho exigencias, se fueron sin respuesta, pues sólo obtuvieron de Peña Nieto la instrucción a sus colaboradores para que analizaran la viabilidad de cada uno de los reclamos y responderles en alguna fecha indeterminada.
Las propuestas planteadas por Peña Nieto y sus colaboradores fue, en realidad, una reiteración de diferentes acciones ya anunciadas, y consisten en la instrucción de investigar todos los hallazgos relacionados con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014; incorporar a la averiguación previa las conclusiones del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); descubrir qué pasó con cada uno de los desaparecidos; garantizar el acceso a todos los mecanismos de atención a víctimas y cobertura médica a quienes resultaron lesionados, así como crear una nueva fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.
Durante más de una hora, los 110 asistentes a la reunión –entre padres y familiares de los estudiantes, defensores de derechos humanos, e integrantes del GIEI– esperaron la llegada del mandatario para una cita que inició con media hora de retraso y duró dos horas y media, en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en la Segunda Sección del bosque de Chapultepec, cuyas inmediaciones fueron aseguradas con un tumultuoso dispositivo de seguridad, al igual que la residencia oficial de Los Pinos.
Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez y por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Francisco Guzmán, así como por subsecretarios del ramo y subprocuradores.
En la reunión también participaron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales; mandos policiacos y responsables de atención a víctimas del gobierno federal.
En el encuentro destacó la presencia del ombudsman Luis Raúl González Pérez. También el hecho de que Peña haya recibido formalmente el Informe de GIEI, sobre el que instruyó a la procuradora Arely Gómez sea integrado a la averiguación previa.
El contenido de la reunión –que se llevó a cabo a puerta cerrada– fue descrito por el vocero presidencial Eduardo Sánchez, quien aseguró que, al inicio y al final de la cita, el presidente Peña Nieto habría expuesto a los asistentes que está “del mismo lado” que ellos, pues él y su gobierno quieren encontrar la verdad.
Sánchez Hernández recordó que ésta es la segunda ocasión en que el presidente se reúne con las familias, a las que les habría expresado su solidaridad, comprensión y apertura, luego de hacer un recuento estadístico sobre reuniones, detenidos, patrullajes, actuaciones ministeriales y otras acciones gubernamentales en torno al caso.
Durante una sesión de preguntas, el vocero presidencial fue renuente a exponer incidencias y pormenores de la reunión, evitó emplear calificativos sobre el desarrollo y en todo momento se remitió a la información de lo expuesto por el gobierno de la República, argumentando que desconocía el contenido del documento que entregaron las familias al mandatario.
Tampoco admitió responder sobre la supervisión internacional que solicitan las familias; no tuvo fecha, condiciones ni nombres relacionados con la creación de la nueva fiscalía para desaparecidos, pues el anuncio “sucedió hace unos minutos” y, respecto del avance de los 10 puntos que Peña Nieto expuso a los familiares en la reunión del 29 de octubre pasado, se limitó a decir que a todos ellos se les ha dado seguimiento.
Además, a pregunta expresa sobre el señalamiento del equipo de futbol Avispones, que se vieron envueltos en la andanada de violencia la noche del 26 de septiembre de 2014 y que ayer acusaron al gobierno de abandono, Eduardo Sánchez aseguró que a todas las víctimas se les había brindado la atención correspondiente.

Ordena atención a las víctimas

El vocero presidencial dijo que “el presidente ha instruido a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que analicen la viabilidad de cada uno de estos ocho puntos presentados”, dijo.
“El Presidente Enrique Peña Nieto les expresó que las instituciones del Gobierno de la República están de su lado y que la Secretaría de Gobernación y la PGR tienen la instrucción de escucharlos y apoyarlos”, afirmó Sánchez.
Indico que Peña Nieto giró instrucciones para procesar a todos los responsables según la averiguación, incorporar los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y pormenorizar lo ocurrido con cada uno de los normalistas.
También ordenó acciones para atención a las víctimas.
En el encuentro, la procuradora general reportó que se ha detenido a 111 personas, incluidos 52 policías de Iguala, 19 de Cocula y 40 integrantes de Guerreros Unidos.
También informó la realización de 674 dictámenes periciales, 135 estudios a muestras de ADN, 577 declaraciones, 677 inspecciones en sitios propuestos por los familiares y 6 mil 700 patrullajes.
Sánchez dio cuenta de que alrededor de 110 personas asistieron por parte de los familiares y en representación del gobierno fueron los titulares de Segob, PGR, CEAV, CNS, SEIDO, PF, CNDH, la Consejería Jurídica, la Oficina de la Presidencia y diversos subsecretarios.
También estuvieron presentes los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La reunión comenzó en punto de las 13:30 y concluyó en punto de las 16:18 horas, informó el vocero.
Tras la cita, los familiares y compañeros de los normalistas regresaron al campamento que mantienen frente a la Catedral Metropolitana.

Llevan padres ocho demandas a la reunión con Peña Nieto; se niega a atenderlas, denuncian

*En el encuentro de ayer en el DF le pidieron la permanencia indefinida de los expertos de la CIDH hasta la conclusión de la investigación, pero lo rechazó. Piden la creación de una Unidad Especializada con supervisión internacional para la búsqueda de los desaparecidos y otra para que investigue y castigue las irregularidades de la investigación. Se hará un tercer peritaje en el basurero de Cocula les dice el presidente, pero temen otro montaje. Presenta el Ejecutivo federal seis puntos que “no solucionan los problemas”, informan

Lourdes Chávez

Ciudad de México

Luego de esperar un mes la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, salieron muy enojados del encuentro porque el Ejecutivo se negó a atender las ocho demandas para llegar a la verdad y la justicia de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala.
El abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra denunció que el presidente planteó seis puntos de manera unilateral, unos ya habían sido acordados y en otros siempre han estado en desacuerdo.
Los padres salieron en silencio y de prisa del museo de la Tecnología de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la tercera sección de Chapultepec, y uno de los rezagados fue increpado por un guardia de la presidencia que le dijo “usted qué espera para irse”, reveló el agredido.
Es familiar de un padre de un estudiante desaparecido que se negó a despedirse de mano de uno de los funcionarios de seguridad.
En conferencia de prensa después del mensaje del vocero de Presidencia en el club naval, transmitido en televisión, Rosales Sierra informó que el presidente planteó la continuidad del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por seis meses más, que ya fue un acuerdo anterior con la procuradora Arely Gómez.
Aunque los padres pidieron la permanencia indefinida de los expertos hasta la conclusión de la investigación, la solicitud fue rechazada por el presidente.
Rosales Sierra dijo que Peña Nieto propuso la creación de una fiscalía especializada para personas desaparecidas, con las que nunca han estado de acuerdo los padres y abogados, porque se debe conformar con la participación  de las víctimas, y en el marco de la formulación de la Ley General de Desapariciones Forzadas que se discute en el Congreso de la Unión.
El presidente priista también se dijo dispuesto a continuar la investigación, pero el abogado recordó que esa es su obligación.
En lo que se refiere a la investigación, los padres pidieron la creación de una Unidad Especializada de Investigación con supervisión internacional, con dos vertientes de trabajo: la primera para la búsqueda de los 43 desaparecidos, y otra para que investigue y castigue las irregularidades de la investigación.
Es decir, contra quienes dieron forma a la “verdad histórica” e insisten en que los estudiantes fueron incinerados y sus restos tirados al río de Cocula.
Denunciaron que Peña confirmó que van a hacer un tercer peritaje en el basurero de Cocula, que los padres rechazaron porque se temen que los usen para hacer otro montaje, denunció el señor Mario César González, de Tlaxcala.
María de Jesús Tlatempa, madre del joven José Eduardo Bartolo Tlatempa, demandó a las autoridades que acepten que se equivocaron, que cometieron un error.

Que se investigue a quienes elaboraron la “verdad histórica”

La reunión citada a la 1 de la tarde comenzó media hora después y terminó a las 4:20. Los padres regresaron en tres autobuses del servicio público al campamento en el Centro Histórico, donde activistas coreaban la consigna, “¡si no puedes renuncia Peña!”.
En conferencia de prensa en el campamento del Zócalo de Ciudad, el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz denunció que los puntos que presentó Peña a la opinión pública, no solucionan los problemas.
Rosales Sierra aseguró que el presidente esgrimió seis posibles compromisos de manera unilateral, como la ampliación del periodo del GIEI, el tercer peritaje del basurero de Cocula y la fiscalía especializada en búsqueda de desaparecidos.
Insistieron en que se investigue a quienes elaboraron la versión del basurero de Cocula, que se presentó como “verdad histórica” -desechada científicamente por el GIEI- hace siete meses por el procurador Jesús Murillo Karam, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo Ceballos, así como al director de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio, y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

El gobierno tienen que aceptar sus errores

Visiblemente molesto, el papá del normalista desaparecido César Manuel González, Mario César González dijo que la actitud de Peña no fue una sorpresa, pero era necesario verlo, como requisito.
Agregó que del Estado sólo han recibido golpes emocionales dolorosos, el último, cuando la procuradora dijo que el normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz fue identificado entre los restos enviados a Austria para su análisis.
Agregó que tenían cierta confianza de que siendo mujer la nueva procuradora iba a ser más sensible con el dolor de las madres, pero “no sabe lo que es eso, al llegar (al puesto) nos volvieron a golpear diciendo lo de Jhosivani sabiendo que no es contundente”.
Este fue un reclamo en la reunión, “le dije que esperábamos mucho de ella por ser mujer, pero desagraciadamente hay mujeres que no tienen corazón”.
Del encuentro denunció que para las autoridades la “verdad histórica” sigue siendo una hipótesis de investigación, y para los padres parece una oportunidad del gobierno “para salir con otro teatro”.
Insistieron en que los mecanismos de continuidad de los trabajos de búsqueda e investigación sean asesorados por el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), porque  su confianza está con ellos y no se van a rendir.
Con voz alta la señora María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, exigió al gobierno federal que admita que se equivocó: “tienen que aceptar sus errores y si no pueden resolver este problema, que se lo dejen a los expertos, son los únicos que han trabajado con seriedad y que nos han apoyado… es triste decir que el gobierno nada más nos da largas, que nos confunde con su política, pedimos que se quite la máscara, que sea transparente, que (nuestros hijos) sean la prioridad”.
La mujer reveló que preguntó a Peña en la reunión cerrada  a la que no les permitieron pasar celulares ni bolsas de mano, “¿a quién obedecen los policías?, nosotros creemos que (a los 43 desaparecidos) los tienen los militares, por eso no permite que entrevisten a los militares, está con el pueblo o con los delincuentes, con el pueblo o con la delincuencia organizada”. El presidente no le respondió.
El señor Bernabé Abraján, padre de Adán Abraján de la Cruz, consideró que el gobierno tiene miedo del informe del GIEI, por eso se negó a aceptar los ocho puntos que le llevaron padres y abogados. Distinto a la primera reunión el año pasado, cuando firmó 10 puntos que tampoco cumplió.
Convocó a la sociedad organizada nacional e internacional a que no deje de apoyarlos y marchen juntos este 26 de septiembre por los 43, “los queremos con vida, ojalá que este gobierno se comprometa por lo menos para buscar a los 43 estudiantes”.
La madre de Benjamín Ascencio Bautista expuso que está desesperada porque no recibieron ninguna respuesta a dos días de que se cumpla un año de la desaparición de sus hijos, y aclaró que la intervención del GIEI no es una concesión del presidente sino resultado de la lucha de los ciudadanos al lado de los padres y familiares.
En medio del ayuno de 43 horas rogó a la población, “no se queden en casa, salgan a marchar el 26, y a todos los familiares que tienen miedo de salir que salgan, que es el momento de levantar la voz, pedimos por 43 estudiantes con vida pero también por las más de 23 mil personas desaparecidas en el país”.
Un familiar del normalista torturado y desollado en Iguala, Julio César Mondragón Fontes, denunció que se pospuso la exhumación del cuerpo del estudiante porque la PGR no ha concentrado todos los expedientes de los crímenes de Iguala, y “sabemos que no fue una fauna nociva lo que le quitó el rostro, fue torturado y desollado, vamos a vengar esa muerte”.
De manera extraoficial se supo que el presidente evadió los compromisos y delegó las decisiones que demandaron los padres en sus secretarios.
En la tarde habría una reunión del GIEI con funcionarios de la PGR para definir los mecanismos de la continuidad de los trabajos de asesoría y acompañamiento a la investigación de los eventos del 26 y 27 de septiembre.