Entrega la PGJE a la PGR el caso del trabajador de la gasolinería

Jesús Saavedra

Chilpancingo

La procuradora de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal, dio a conocer que entregará a la PGR la investigación que inició por el incendio de la gasolinera y la muerte del trabajador Gonzalo Rivas Cámara.
Asimismo, dio a conocer que ha habido sanciones en contra de funcionarios y trabajadores de la Procuraduría por los hechos del pasado 12 de diciembre, como recomendó la CNDH.
Este lunes Garzón Bernal encabezó la inauguración de un curso de verano para los hijos de los trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el auditorio de esa dependencia, y al finalizar se le preguntó si tiene conocimiento de más órdenes de aprehensión contra funcionarios por los hechos del pasado 12 de diciembre, cuando se ejecutó un desalojo violento que dejó como saldo dos normalistas de Ayotzinapa asesinados a tiros.
Al respecto, la procuradora dijo que “no tenemos conocimiento de nada, comentaba que hay mucha inquietud de gente que labora en la PGJE, pues los mandaron a traer a declarar ante la SIEDO, pero no tenemos nada, además ustedes saben que cuando hay órdenes de aprehensión no avisan de nada”.
Entonces se le preguntó si esos trabajadores le han solicitado apoyo jurídico, y señaló que “no en sí, no sabemos a quién vayan a llamar, lo que sí es que debemos esperar a quien detengan, hay acciones legales, tienen que agotar las acciones legales de índole federal”.
Se le preguntó sobre el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la PGJE, donde le pide fundamentalmente que no queden impunes las actuaciones al margen de la ley de peritos, ministerios públicos, policías ministeriales y funcionarios de la dependencia por su actuación del pasado 12 de diciembre.
Martha Elva Garzón aseveró que “vamos muy adelantados y se puede decir que de parte de la PGJE hemos agotado las recomendaciones, el día de mañana sale a la ciudad de México a entregarse a la PGR parte de las averiguaciones por considerar que son de carácter federal y que es la PGR la que debe conocer en el caso de Gonzalo Rivas (quien murió a consecuencia de las quemaduras que sufrió luego del incendio de la gasolinera el 12 de diciembre pasado), va una determinación fundada y motivada para poder entregar a la PGR esas averiguaciones”.
Luego afirmó que ya ordenó la impresión de “los trípticos que nos recomendaron hacer en donde se plasman los derechos de las víctimas, del victimario, en donde se plasman sus derechos y además estamos por mandar a la imprenta trípticos que están en las lenguas maternas de Guerrero”.
Añadió que la Procuraduría ha implementado “cursos de capacitación de derechos humanos, estamos dando cursos, este viernes termina un diplomado, la próxima semana se echarán a andar simultáneamente en las siete regiones de la entidad cursos de derechos humanos, entonces no vamos a dejar de descansar por tratar de enriquecer a la gente que trabaja con nosotros, tendemos a la profesionalización de la gente que presta sus servicios como ministerios públicos, peritos, queremos cambiarle la imagen a la PGJE en todos sus aspectos, sé que no se hace de la noche a la mañana, pero hay voluntad por lograr los cambios lo más pronto posible”.
Se le preguntó sobre lo más importante de la recomendación de la CNDH y si hay sanciones a funcionarios y trabajadores de la PGJE, y manifestó que “ya la recomendación ya está, la resolución de los expedientes que se ventilaron en Contraloría ya están, a muchos ya se les notificaron, hay muchas suspensiones que se han notificado y bueno, si alguien ve que gente que tuvo que ver en Ayotzinapa está ahí es porque promovieron el recurso al cual todo mundo tiene derecho, porque el hecho que se les haya sancionado no se les coarta sus derechos humanos para poder impugnar las resoluciones de la PGJE”.
Sobre cuántos son los servidores públicos sancionados, dijo que “no me acuerdo exactamente, pero sí fueron varios servidores públicos, a los cuales se les suspendió por 30, 60 días por cuestiones de omisión que no tipifican delito, son faltas administrativas”.
Otra reportera le preguntó acerca de los casos que no se han resuelto y sobre su estado actual, en concreto al asesinato del diputado local Armando Chavarría, que en agosto próximo cumplirá tres años de ocurrido, y respondió que “este día se designa al ministerio público que se va a encargar única y exclusivamente de agotar las diligencias faltantes, tengo los diagnósticos de cinco casos importantísimos para la PGJE, pero no puedo dar a conocer las líneas de investigación”.
“Esos diagnósticos nos dan a conocer qué se ha hecho, qué falta por hacer, son diagnósticos muy profesionales y hemos hecho mesas de trabajo con el delegado de la PGR, todo su equipo de subdelegados y ministerios públicos; también otra mesa de trabajo con el secretario de Gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia”, añadió.
Presumió que tiene “un trato directo con la familia de Moisés Villanueva, quedamos por definir cosas importantes esta semana; con la familia de Armando Chavarría tienen un abogado de su confianza para que de forma conjunta y transparente se pueda agotar lo que se tenga que hacer”.
La procuradora dijo que su “posición es completamente técnica, no política, a lo mejor no les va a parecer, pero no persigo quedar bien, que sepan y confíen en la PGJE, que hay capacidad técnica y jurídica para solucionar esos casos”.
Durante la inauguración del curso, en el que estuvo con los subprocuradores Violeta Parra y Fernando Monreal, adelantó que le va a pedir al gobernador Ángel Aguirre que haya una guardería para los hijos de los empleados de la PGJE porque “es importante la integración familiar, la educación y cuidado de sus hijos, que no confíen totalmente en quienes atienden a sus hijos y que haya mucha comunicación con ellos”.
Dijo que está “cumpliendo con la política del gobernador, que haya sensibilidad y que haya una bandera de respeto a los derechos humanos, que nos preocupemos de la estabilidad emocional de ustedes, su tranquilidad dará mayor productividad y es el compromiso que tenemos ante la sociedad, tenemos un trabajo de riesgo, difícil, las conductas antisociales no las vamos a combatir aumentando penas, persiguiendo a los delincuentes toda la vida, las vamos a combatir con educación, y si ponemos un granito de arena, que sus hijos se sientan orgullosos del trabajo de sus padres”.