Es una aberración jurídica que el gobernador diga que el paro de burócratas es “ilegal”: SUSPEG

“El Tribunal de Conciliación y Arbitraje está en paro, por lo tanto no pueden emitir un documento fuera de las instalaciones, porque eso sería ilegal”, explica el abogado del sindicato. Si el gobierno aguanta al 27 de octubre “tendrá que salir por la puerta de atrás y no por la grande”, agrega

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

El secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Adolfo Calderón Nava reprobó que el gobernador Rogelio Ortega respecto a que la Junta de Conciliación y Arbitraje “declaró ilegal” el paro de trabajadores del gobierno del estado, lo que calificó de “aberración jurídica”.
En conferencia de prensa en el plantón de Palacio de Gobierno, el líder sindical enfatizó que de esa manera no se abona a que se resuelva el conflicto laboral, que mantiene detenida la operatividad del gobierno del estado.
“La bases trabajadoras son las que mueven el gobierno del estado, son los que hacen el trabajo; a partir del lunes y hasta este día, las actividades están paradas en todo el estado, están cerradas todas las oficinas del estado, con el solo objetivo y propósito de que se cubra le pago de finalización (de la administración)”, agregó.
Señaló que en administraciones pasadas se han cubierto los pagos de bono de fin de sexenio, por lo qué no entienden porqué ahora no se quiere cumplirle a los burócratas.
Calderón Nava insistió en que “el Tribunal de Conciliación y Arbitraje está en paro, por lo tanto no pueden emitir un documento fuera de las instalaciones, porque eso seria ilegal”.
“Eso de que no hay dinero no es nuevo, desde que inició la admiración o desde que asumió la responsabilidad se han manifestado”, agregó.
Señaló que el movimiento no es en defensa de nadie, ni es para proteger a nadie, ya que la lucha que iniciaron el lunes es en beneficio de los trabajadores.
“Aquí fue una decisión de la base trabajadores en colectivo, no fue ni un servidor, fue la base trabajadora, y yo voy al frente, no me pueden hacer a un lado, por eso estamos encabezando este movimiento”, comentó.
Insistió que lo único que exigen los trabajadores es una mesa de diálogo en la que se definan la fecha de pagos y los montos de los bonos para los más de 15 mil trabajadores del gobierno del estado.
Sobre la declaración del gobernador Rogelio Ortega respecto a que está en espera de que se establezca una mesa de trabajo con los líderes sindicales y está dispuesto a encabezar él mismo las negociaciones con el SUSPEG para resolver el paro laboral, respondió que en ningún momento el gobierno ha tenido la sensibilidad de acercarse al sindicato; inclusive, recordó que el viernes de la semana pasada se determinó la movilización ante la falta de atención de las autoridades.
Señaló que el sábado 19 de septiembre, el sindicato recibió un documento firmado por el secretario particular del gobernador, sobre una supuesta reunión para evitar la movilización, pero en el documento no se fijó hora ni lugar para su realización.
Comentó que, pese a la nula respuesta de las autoridades del estado, no aumentarán la presión ni radicalizaran sus movilizaciones.
El líder explicó que los bloqueos continuarán en la capital, por lo que pidió a los comerciantes que se sensibilicen ante la demanda de los burócratas, ya que la ganancia del bono se reflejará en la derrama económica capitalina.
“Es un movimiento responsable en el que están cerradas todas las oficinas, y creo que es la mejor forma para que el gobierno se siente a negociar cono nosotros”, agregó.
Señaló que, ante la negativa del gobierno actual para atender sus demandas, los trabajadores están dispuestos a permanecer hasta el fin de la administración de gobierno de Rogelio Ortega
“Si aguantan de aquí al 27 de octubre tendrán que salir por la puerta de atrás y no por la grande”, agregó.
A pregunta expresa sobre si consideran que se pone en riesgo el proceso legal de entrega-recepción del actual gobierno, dijo que esa responsabilidad caerá únicamente en el gobernador Rogelio Ortega.
Ante la duda de que su movimiento sea posiblemente para evitar que los normalistas de Ayotzinapa entren a las oficinas gubernamentales, el líder sindical respondió: “aquí no hay mezcla de ningún tipo, es un movimiento legítimo de la burocracia del gobierno del estado, y si vienen se le dará la oportunidad de que entren a Palacio, nosotros no nos vamos a confrontar si los de Ayotzinapa tienen un movimiento y quieren venir serán bien recibidos, son a los únicos que los trabajadores les abriremos las puertas, les vamos a dejar las puertas abiertas”.
En la  conferencia estuvo presente el abogado asesor del SUSPEG, Martín Castañeda López, quien lamentó las declaraciones del  gobernador, a las que calificó como una aberración jurídica.
“El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se supone, debería ser un tribunal imparcial, sin embargo existe la intromisión del gobierno en este tribual para que todos los juicios que se diriman ahí sean a favor del gobierno, afortunadamente existen recursos, que es el juicio de amparo, que son los que le echan abajo todas las resoluciones que emiten cuando tienen línea de gobierno”, agregó.
Sobre la postura de la Junta de Conciliación y Arbitraje que “declaró ilegal” el paro, dijo que los mismos trabajadores que sirven en ese órgano legal están en paro, en solidaridad con los burócratas.
“Si el tribunal no está actuando, no se puede emitir ninguna resolución; esto evidencia más  de la intromisión del gobernador en administrar el tribunal a su modo; es decir, parece que el tribunal tiene una carta de menú jurídico para que el señor gobernador la pida y diga, ‘quiero esto, quiero que me declares que el paro de los trabajadores es ilegal’ ”, describió.
El abogado comentó que la misma Constitución establece un procedimiento, “todo tenemos derecho a ser oídos y ser juzgados en juicio, es decir, a ustedes no se les ha escuchado en un tribunal”.
Castañeda López dijo que el sindicato no ha sido notificado sobre ningún procedimiento legal que enfrente, y que haya sido tramitado por el gobierno del estado.
“Si él pide la intervención tiene que dársele vista a la organización sindical, para que comparezcamos a juicio y se emita una sentencia, que en derecho laboral se llama laudo, sin embargo el señor gobernador habla de un laudo emitido por la junta local de conciliación y arbitraje, desde ahí se ve esa pifia jurídica”, agregó.
Explicó que la Junta de Conciliación y Arbitraje no es competente para dar a conocer este tipo de asuntos, que es competencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
“Resulta que, de manera grotesca están sacando un documento cuando no existen ahorita condiciones para que el Tribunal funcione, entonces esto no es más que una aberración jurídica”, señaló.
Castañeda López dijo que el gobernador no tiene facultades para solicitar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje que declare ilegal un paro, cuando este paro es distinto a un movimiento de huelga, ya que no se trata de una huelga.
“Es un paro derivado de una prestación que no se ha pagado, si bien es cierto no está en la ley, porque las prestaciones y los bonos no están en la ley, son pactos colectivos que se dan con los trabajadores y que se tienen que respetar; es decir, no se necesita estar en ley para que se pueda pagar, por eso se llama bono”, describió.
Comentó que en la ley tampoco están el bono del Día del Padre, de la Madre ni ninguno de los que se dan de manera esporádica, ya que son acuerdos de carácter colectivo y forman parte de documentos que dan legalidad a los trabajadores a los que por derecho les corresponden.
Pidió a los trabajadores que no se dejen sorprender por esta estrategia del gobierno del estado, ya que están participando en un movimiento legitimo, que no está sometido a ningún tribunal.
“El tribunal no puede intervenir, hasta en tanto las dos partes no estén debidamente emplazadas a juicio, entonces es como si ya están sentenciando y condenando a alguien sin haber sido escuchado”, agregó.
El abogado comentó que el gobierno del estado esta confundiendo los procedimiento, y señaló que él quería hacer valer otro en el que se da en los conflictos colectivos de huelga se pide la calificación, cuando los trabajadores son emplazados.
Dijo que aquí no se emplazo a ningún movimiento, ya que se trata de un paro laboral derivado de la “cerrazón” del patrón, al no querer otorgar una prestación que está establecida en su minuta de acuerdo.
“Entonces equivoca la vía jurídica, no tiene validez la resolución que emite el tribunal que, le repito, lo hace por presiones del gobierno, tan es así que el represente del sindicato se opuso, emitió su voto particular que se manifiesta en que celebraron un pleno como Tribunal de Conciliación y Arbitraje declarando inhábil todos los días del paro”, agregó.
Señaló que el gobierno del estado se equivocó en su estrategia jurídica, ya que no tienen ningún sustento “se va a caer en cualquier juicio de amparo”.
“Nos demuestra más que una soberbia jurídica emitiendo acuerdos de un tribunal que no tienen la autonomía es lamentable que los tribunales laborales todavía no tenga esa autonomía propia porque es precisamente el gobierno quien los surte de los trabajadores; lo importante es que los trabajadores de Conciliación y Arbitraje, todos, están en paro, la conclusión jurídica es que el documento que hacen referencia es una aberración jurídica en toda la extensión de la palabra”, concluyó.