Pidieron padres a Peña Comisión Internacional contra la Impunidad como la de Guatemala

* Investigaría los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de intereses y macrocriminalidad

* Los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes que sólo mediante acciones de fondo podrán ser revertidos, plantean

* Peña rechazó la propuesta de los padres de crear una Unidad Especializada , informa Vidulfo Rosales

*  Los padres ven una amenaza en el señalamiento del presidente de que nadie puede estar por encima de la ley

* No se permitirá el vandalismo en la protesta de hoy, dice Rogelio Ortega

*Hay 30 órdenes de aprehensión contra egresados de Ayotzinapa

Pidieron padres de Ayotzinapa a Peña una Comisión
Internacional contra la Impunidad como la de Guatemala

Su objetivo, investigar y coadyuvar en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los    derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad. “Nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina”, dicen en el documento que entregaron al presidente el jueves

Redacción

En el documento que leyeron y entregaron al presidente Enrique Peña Nieto en la reunión del jueves, los familiares de los normalistas desaparecidos demandaron que solicite a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su colaboración para crear una instancia internacional contra la impunidad como la que funcionó en Guatemala.
Los padres de los 43 normalistas desaparecidos le pidieron al presidente que en su visita a las Naciones Unidas, prevista para el domingo, “requiera formalmente” la colaboración de la ONU “para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad”.
Expusieron en el escrito que la comisión debe ser “similar” a la que funciona en Guatemala porque no confían en las instituciones nacionales.
“Presidente: no confiamos en sus instituciones y en su gobierno, que dolosamente buscaron engañarnos, pero el anhelo de abrazar nuevamente a nuestros hijos hoy nos hace estar aquí para exigirle una vez más que los encuentre, que los encuentre ya”, le dijeron al presidente.
También le pidieron que en su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “reconozca la legitimidad de nuestra lucha, la convicción del Estado mexicano para acatar el Informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y su disposición para profundizar la cooperación internacional en el fortalecimiento del Estado de derecho”.
De acuerdo con al agenda del presidente, Peña Nieto participará mañana domingo en la Cumbre de la Equidad de Género de la ONU; ese mismo día se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, para después participar en la Cumbre de Cambio Climático.
Y el lunes Peña Nieto participará en el debate general de la Asamblea General de la ONU.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala; es un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado para erradicar la impunidad en los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad.
La comisión todavía está en funcionamiento en Guatemala y su trabajo abarca también temas de corrupción gubernamental.
La crisis del país requiere acciones de fondo, señalan

En la carta de ocho puntos, los familiares exponen que son necesarias “acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México”.
Indican que durante este año que llevan movilizados para exigir la presentación con vida de sus hijos “hemos aprendido que nuestros 43 hijos no son los únicos desaparecidos, nuestro dolor es tan generalizado como las desapariciones. Decenas de miles de familias buscan a sus seres queridos mientras nuestro país se convierte en una inmensa fosa clandestina”.
“La crisis que vive nuestro país es de tal magnitud que se requieren acciones de fondo. El GIEI es un paso en la dirección correcta; es necesario profundizar ese camino. Por eso, en el marco de su visita a las Naciones Unidas a partir de este domingo 27 de septiembre, en donde incluso se reunirá con el Secretario General Ban Ki-Moon, demandamos que requiera formalmente y por la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflicto de interés y macrocriminalidad”.
“Los pactos de impunidad que subsisten en México son tan fuertes, que sólo mediante una iniciativa de esta magnitud podrán ser revertidos. Para dar forma a esta iniciativa, se precisa una consulta amplia entre las víctimas, la sociedad civil, la academia y las instituciones estatales”, plantean.
“Es momento de comprometerse con su país entero y efectuar cambios de gran calado”, reclaman.
En el texto le recuerdan a Peña Nieto su discurso del 21 de agosto en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, cuando dijo que “los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país: la confianza. La confianza en el gobierno federal, en los gobiernos locales, en el Congreso federal y en las Legislaturas de los estados, en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de las distintas entidades”.
En el documento también piden que los familiares de los desaparecidos deben ser escuchados y a partir de sus exigencias ajustar las leyes y políticas a la búsqueda de los desaparecidos, y advierten que “de lo contrario, el clamor de las familias que buscamos a quienes nos faltan lo seguirá a donde vaya y en donde esté, incluso después de que termine su mandato”.
“Mientras no conozcamos con pruebas irrefutables el paradero de nuestros hijos; mientras las víctimas no seamos tratadas con dignidad; mientras los asesinos no sean detenidos y castigados; mientras los narcopolíticos sigan gobernando; mientras no haya verdad, nuestra legítima búsqueda de justicia marcará su administración y a su nombre se asociará el de Ayotzinapa como símbolo de la impunidad y la corrupción que reina en el país. Mientras no sepamos dónde están nuestros hijos, nuestro grito seguirá resonando en todo el país: vivos se los llevaron, vivos los queremos”, manifiestan.
El documento está firmado por el Comité de Padres de Familia de los 43 normalistas, los familiares de los normalistas heridos, los familiares de los normalistas ejecutados extrajudicialmente y el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Otras peticiones

Los otros siete puntos que los padres de los normalistas desaparecidos plantearon en la carta son la demanda de “que como jefe del Ejecutivo reconozca que nuestra lucha es legítima y exprese públicamente, de manera clara, que la investigación está abierta. Ya no queremos escucharlo decir que debemos superar este dolor y seguir adelante, como si la verdad hubiese sido esclarecida, cuando se nos pretende engañar con mentiras y falsedades”.
Otra de las peticiones es que Peña Nieto “públicamente se comprometa a cumplir el Informe del GIEI. Demandamos que se acate, no que se analice”, y que el resumen ejecutivo del informe del GIEI sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y que se haga una amplia edición del mismo. Además que el trabajo del GIEI se prorrogue durante un año más.
Otra de las peticiones es que se replantee la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: “una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar”.
Dentro de este apartado piden que la investigación ya no sea llevada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sino por la oficina de procuradora Arely Gómez González y a cargo de un fiscal avalado por el GIEI, que haga suyo el peritaje de los expertos internacionales y “agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero”.
Una más de las exigencias que le hicieron al presidente fue “que se instale una mesa para la planeación de operativos regionales de búsqueda y que se use a la brevedad la tecnología recomendada por el Grupo de Expertos desde su primer informe, incluyendo lo relacionado con la telefonía, la georreferenciación de los puntos de búsqueda y el empleo de la técnica LIDAR para el uso de georradares aéreos”.
Otras de las solicitudes fueron que haya trato digno a las víctimas, porque sigue habiendo fallas en la atención de los heridos y de las familias de los fallecidos; respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas; y mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a sus derechos.
En la carta los padres de los normalistas también reprocharon a Peña Nieto su “indiferencia”, “omisión” y “negligencia” por no actuar en las primeras semanas después de la desaparición de los 43 estudiantes.
También se quejaron de que “lo que su gobierno sostuvo como la verdad histórica no era más que un engaño construido sobre pruebas hechas a modo y sin independencia”.

Hay 30 órdenes de aprehensión contra egresados de Ayotzinapa que protestaron en 2011 y 2014, denuncian

La PGR y la FGE actúan contra normalistas que participaron en las protestas para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría, en la Autopista del Sol, informa el comité de egresados

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El representante del Comité Estudiantil de egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, Izcóatl Benito Coronado informó que hasta la fecha hay 30 órdenes de aprehensión liberadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), contra quienes protestaron en diciembre de 2011 y 2014 para exigir el esclarecimiento de atentados a estudiantes de la institución.
En conferencia de prensa en el plantón popular magisterial del Zócalo, Benito Coronado, acompañado de los integrantes del Comité Estudiantil de egresados, Andrés Zuloaga García y Óscar González Palacio, y de los miembros de la comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora, Antonia Morales Vélez y Arturo Nava Torres, declaró que hace dos años llegó a la dirección de la Normal Rural de Ayotzinapa un oficio que incluía las órdenes de aprehensión.
Según Benito Coronado, las órdenes de aprehensión fueron giradas contra los dirigentes estudiantiles de la Normal Rural de Ayotzinapa que se movilizaron en 2011 para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel de Jesús Echeverría, el 12 de diciembre de ese año en la Autopista del Sol.
Explicó que, el pertenecer a la Normal Rural de Ayotzinapa ampara a los estudiantes durante las movilizaciones, pero no a los egresados; sin embargo, no especificó cómo supieron de las órdenes de aprehensión que giró la FGE.
Se negó a dar los nombres de los afectados por las órdenes de aprehensión, con el argumento de que se tiene que proteger a los normalistas acusados, pero dijo que se desconoce los delitos que se les imputan en el oficio.
El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz declaró el miércoles que ha buscado acercarse a los normalistas de Ayotzinapa para conocer si ellos se adjudican “el ataque” del lunes a la Fiscalía, “porque eso es un delito, no es una manifestación”, dijo.
Al respecto, Benito Coronado aseguró que no ha habido ningún acercamiento a las autoridades para hablar sobre el tema, y criticó que se desperdicie tiempo buscando a los responsables de acciones contra instituciones gubernamentales, en lugar de que se avance en la investigación del paradero de los 43 normalistas detenidos y desaparecidos.
Dijo que se programó una reunión el 6 de octubre con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, en la ciudad de México, en la cual participarán egresados de Ayotzinapa, quienes someterán a discusión las órdenes de aprehensión y exigirán que se anulen.
Añadió que los egresados de Ayotzinapa abandonaron el Curso Integral de Consolidación a las Habilidades Docentes, que tenía como objetivo capacitar a los normalistas para que volvieran a presentar la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente, en octubre, hace cinco días porque se enfocarán en la jornada de acciones para exigir el esclarecimiento de los ataques en Iguala, a un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.
Por último, anunció que hoy, a las 12 del día habrá una marcha en demanda del esclarecimiento de los ataques en Iguala, como parte de las acciones del aniversario de su desaparición forzada.
Por su parte, Antonia Morales dijo que el Movimiento Popular Guerrerense tendrá un foro el 8 de octubre, al cumplirse un año de la instalación del plantón popular magisterial en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, con el que se exigió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa el año pasado.
Manifestó que, en la actualidad, no sólo están movilizados los cetegistas y normalistas en el estado, sino también los burócratas, quienes exigen el pago del bono sexenal, por lo que espera que el gobierno estatal actúe para resolver las demandas de todos los sectores.

Peña los amenazó con represión en la reunión
del jueves, denuncian padres de Ayotzinapa

Concluyen el ayuno de 43 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Si el presidente no acepta el informe de los expertos es porque tiene culpa, dicen. No se obtuvo nada en el encuentro, señala el abogado Vidulfo Rosales

Lourdes Chávez

Ciudad de México

El vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace un año, Felipe de la Cruz, denunció que el presidente Enrique Peña Nieto los amenazó con represión, en la reunión del jueves, cuando les dijo la frase: “nadie por encima de la ley”.
Ayer, padres de los 43 desaparecidos concluyeron el ayuno de 43 horas en el Zócalo de la Ciudad de México, y ofrecieron una conferencia de prensa, con su abogado, Vidulfo Rosales Sierra, en la que dieron más información sobre la reunión con Peña Nieto.
Dos días antes de esa reunión que tuvo lugar en el Museo Tecnológico en la Ciudad de México, el gobernador de Guerrero advirtió que ya hay averiguaciones previas en contra de estudiantes y padres que protestaron de forma enérgica el lunes en la Fiscalía General de Estado, donde a pedradas y palazos rompieron vidrios y quemaron una caseta de vigilancia. Sin embargo, Felipe de la Cruz calculó que esas denuncias contra los padres y estudiantes son más viejas.
“Pero decimos que no tenemos miedo, la cárcel mata los cuerpos pero no las ideas que han llegado a corazones receptivos, vamos a caminar con la cara al frente, sin taparnos el rostro”.
La conferencia concluyó a las 2 de la tarde con 53 minutos, y en ese momento se dio por concluido el ayuno que los padres y madres de los desaparecidos sostuvieron durante 43 horas, por sus hijos.
Con la protesta se levantó el campamento que instalaron en una de las calles alrededor de la plaza central de la Ciudad de México.

El gobierno nos ha dado puñaladas en el corazón

“Este gobierno nos ha dado puras puñaladas en el corazón”, dijo el padre del normalista  desaparecido Bernardo Flores Alcaraz, Nardo Flores, al concluir el ayuno en la plaza de la Constitución en la Ciudad de México.
En la conferencia de prensa de este jueves en Chapultepec, el padre de familia denunció que el gobierno federal no presentó pruebas científicas de sus investigaciones sobre los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, en cambio, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue contundente.
El GIEI desechó por falta de veracidad la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el basurero de Cocula, de que ahí fueron incinerados los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, y sus restos lanzados al río San Juan.
El vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, afirmó que para el presidente Enrique Pena Nieto esa versión sigue siendo una hipótesis de investigación, y la equipara con el informe de los expertos.
El padre Nardo Flores, que rara vez habla en público, denunció que si Peña no aceptó el informe del GIEI, “es porque tiene mucha culpa. Es día que debe aceptar su culpa y poner mano dura a los que desaparecen a un hijo”.
Añadió que si a los funcionarios de primer nivel les hubiera ocurrido esto, tampoco creerían lo que les dicen, “nosotros como padres no podemos irnos y quedarnos de brazos cruzados, porque son vidas, si fuera dinero en un año ya lo hubiéramos olvidado, tenemos un Dios supremo, estamos seguros que con la vara que miden, serán medidos”.
Asimismo, el señor Emiliano Navarrete compartió los momentos de la última vez que vio a su hijo José Ángel, el 26 de septiembre del año pasado: “hace un año recuerdo todavía que estuve con mi muchacho en la casa, me visitó, platiqué con él, le dije que lo quería y que iría por él a donde quiera que estuviera, sin pensar que al siguiente día sería así”.
Afectado emocionalmente añadió que se ha preguntado en más de una ocasión si en verdad está dispuesto y ha hecho todo para dar con su paradero, y consideró que tal vez debería seguir buscándolo por otro lado, “en los cerros”, pero ahora sabe que se puede buscar de distintas formas, “organizándonos, haciendo marchas, mítines, dándole información a la ciudadanía para que no solamente escuchen de la voz que pasa en los medios de comunicación, que desgraciadamente hay unos que dicen solamente mentiras”, dijo ante más de 60 reporteros y fotógrafos.
Ratificó su convicción de que el día que ya no haya más respuestas, “cuando tenga que poner mi vida lo haré, yo tengo que caminar con la frente en alto en las mismas calles que caminaba mi hijo, porque no tolero que el gobierno quiera pisotear la vida de jóvenes inocentes”.
Dijo que hoy puede gritar a las autoridades, porque los normalistas atacados en Iguala “fueron brutalmente agredidos con armas de fuego, como padres hemos perdido trabajo, dejamos todo, compañeros campesinos dejaron todo, la tierra, pero también podemos dejar la vida en la exigencia de nuestros hijos. Tenemos la  esperanza de encontrarlos”.
Consideró que una vez que los tengan a su lado, los que fueron desaparecidos verán la solidaridad de esta lucha, y el camino que recorrieron sus padres “a veces señalados”, pero sin rendirse.

La fiscalía es parte de otro proceso

El abogado de los padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra reiteró que en la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto no se obtuvo nada, y si bien dijo que la lucha es la misma que la de los padres, sus seis compromisos no fueron claros ni resuelven el problema.
De los seis puntos que presentó la Presidencia a la opinión pública, indicó que el único novedoso es la creación de una fiscalía para la búsqueda de desaparecidos, que el gobierno federal discute hace mucho tiempo con familiares de los desaparecidos en el país.
Pero en el caso Ayotzinapa donde fueron ejecutadas seis personas y desaparecidas 43, aclaró que no están de acuerdo con una propuesta que es parte de otro proceso que sigue en discusión.
Insistió en que el gobierno federal tiene una oportunidad para esclarecer el caso Ayotzinapa tomando en cuenta el informe del GIEI, que es auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mencionó que en el informe de los expertos ya quedó claro que en el basurero de Cocula no se quemaron 43 cuerpos, que hay irregularidades y la participación de todos los cuerpos de seguridad pública en Guerrero, incluidos policías federales y militares.
Subrayó que en la investigación de la PGR se ocultó, destruyó información durante el proceso, por eso pidieron al presidente Peña que se comprometiera a hacer un resumen ejecutivo del informe de los expertos, y que se publique en el Diario Oficial de la Dederación (DOF), y que se difunda en todo el país para que esto no vuelva a ocurrir en México.
“Los padres, los normalistas y los asesores (del movimiento) no podemos confiar en la Agencia de Investigación Criminal, en la Subsecretaría Especializada de Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), porque fueron artífices de la supuesta verdad histórica”, agregó.
De la agresión de los guardias de Presidencia a los padres de familia durante la reunión, detalló que al terminar el encuentro con Peña Nieto los padres quisieron salir, pero se los impidieron los oficiales del Estado Mayor.
Rosales Sierra precisó que del lado de la puerta al norte del salón se encontraba el presidente hablando con sus funcionarios de seguridad, y hasta que no se hubiera retirado nadie saldría del lugar. Tras un jaloneo (se supo de manera oficial), se permitió la salida de los padres y abogados.

Por segundo día policías
resguardan la terminal
de autobuses, mantienen un retén en la capital
y en la carretera a Tixtla

Policías estatales antimotines resguardan la terminal de autobuses Estrella Blanca, el túnel del libramiento Tixtla-Tierras Prietas, y mantienen el retén cerca de Tierras Prietas en la Autopista del Sol, para impedir las movilizaciones a un año de la desaparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un recorrido se confirmó que en el túnel del nuevo libramiento a Tixtla se encontraban unos 150 policías estatales antimotines, tres autobuses y cinco patrullas de la Fuerza Estatal resguardando el lugar.
Por segundo día se observó que unos 15 policías estatales permanecían en el retén cerca de la gasolinera Gas Mundial para revisar que las Urvan y camionetas no porten piedras, bombas molotov o cohetes.
En la central de autobuses unos 20 policías estatales resguardaron la entrada, y frente al edificio estaba un camión de la Policía Estatal, en la que había toletes.
Un policía dijo que resguardaba la central camionera para evitar que los normalistas de Ayotzinapa tomaran autobuses para sus movilizaciones en la ciudad.
Cerca del Teatro María Luisa Ocampo por el río Huacapa se encontraban tres patrullas de la Policía Estatal.
El martes, el gobernador Rogelio Ortega Martínez dijo que concluyó la tolerancia y que hay órdenes de aprehensión contra los líderes normalistas que el lunes irrumpieron y causaron destrozos en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, mientras que el secretario general de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, advirtió que habría filtros para impedir el paso en Chilpancingo, Acapulco e Iguala. (Luis Blancas /Chilpancingo).

Peña rechazó la propuesta de los padres de crear
una Unidad Especializada para Ayotzinapa

El abogado Vidulfo Rosales explica que la fiscalía que anunció el presidente no se refiere al caso de los 43 normalistas, y es algo que se ha trabajado hace tiempo con familiares de los desaparecidos en el país

Aprovechando las medidas cautelares que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los padres de los 43 normalistas desaparecidos, las víctimas y sus familiares pidieron al presidente Enrique Peña Nieto la creación de una Unidad Especializada de Investigación para los Crímenes del 26 y 27 de Septiembre de 2014, para llegar a la verdad y la justicia, pero el mandatario la rechazó el jueves, informó el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
De la propuesta, indicó que fue pensada para trabajar con dos fiscales (o agentes especializados de Ministerio Público) aprobados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que auspició la CIDH.
Concluido el ayuno de 43 horas por 43 normalistas desaparecidos, donde también participó, el defensor explicó que la Unidad sustituiría a la Subprocuraduría Especializada de Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Agencia de Investigación Criminal, porque ya no les tienen confianza.
Precisó que desecharon la idea de una fiscalía porque la figura está muy desgastada, y en la estructura de la PGR ya existen varias unidades de investigación, entre otras, una para la búsqueda de personas desaparecidas.
“De ahí tomamos la referencia, pero lo que pensamos, es que esta unidad tenga dos instancias, cada una con un fiscal (o Ministerio Público), (uno) que se encargue de investigar todo lo relacionado con la verdad”, y otro que establezca las responsabilidades de los funcionarios públicos que incurrieron en omisión, ocultamiento y destrucción de evidencia.
Añadió que los fiscales deben contar con el visto bueno del GIEI, porque los expertos continuarán asesorando a las autoridades mexicanas y deben proponer, en caso de nuevos peritajes, a expertos independientes, como el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF), para que los padres tengan confianza en sus resultados.
En cuanto a un tercer peritaje en el basurero de Cocula para que la PGR verifique los análisis del GIEI, aclaró que sólo estarían de acuerdo si entre los peritos especializados se incluye al experto en fuego, José Torero (quien realizó el peritaje que sostiene el GIEI, que concluye que los 43 estudiantes desaparecidos no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula), porque estamos seguros de que su investigación es inobjetable.
Sobre la fiscalía que propuso el presidente para la búsqueda de personas desaparecidas, aclaró que no están en desacuerdo sobre esa fiscalía, que se ha trabajado hace tiempo con los familiares de los desaparecidos en el país, pero, el caso de la Normal Rural de Ayotzinapa sigue otra ruta de trabajo, a partir de las investigaciones del Grupo de Expertos.
Subrayó que las víctimas todavía están apelando a las instituciones de procuración de justicia de nuestros país, pero el matiz que garantiza la investigación es el asesoramiento del instancias internacionales. (Lourdes Chávez).

No empleará la fuerza pública pero tampoco permitirá vandalismo en la marcha de hoy, dice Rogelio Ortega

Insiste en la ilegalidad del paro de burócratas y reitera que el día 30 se aplicarán los descuentos

Karina Contreras

El gobernador Rogelio Ortega Marínez aseguró que no va a utilizar la fuerza pública en las manifestaciones que se realicen hoy al cumplirse un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, pero advirtió que no permitirá actos vandálicos porque entonces se va a actuar con base en la legalidad.
En declaraciones al llegar al centro comercial Costera 125 de Acapulco, donde tiene sus oficinas, para reunirse con alcaldes que exigen que la federación les libere recursos para cubrir los gastos antes de irse, se le preguntó si va a blindar Chilpancingo ante las manifestaciones que se esperan por el aniversario de la detención-desaparición de los 43 normalistas, y dijo que no, que espera que se cumplan los acuerdos que “hemos establecido con todos los liderazgos para que ejerzan su derecho de libre manifestación”.
Dijo que podrán ejercer su libre expresión, de crítica, de cuestionamiento que consagra la ley, pero pidió “evitar provocaciones e infiltraciones de  quienes de manera irresponsable quieran aprovecharse de las manifestaciones para realizar acciones de vandalismo o acciones de violencia”.
Añadió que como autoridad no puede permitir actos de vandalismo y se va a actuar con base en la legalidad y que hoy “está garantizado el derecho de los y las guerrerenses, de libre manifestación, de crítica, de reclamos, de exigencia a las autoridades siempre dentro del marco del Estado de derecho, quien transgrede la legalidad tiene que responder por ello, y para ello existen las instancias correspondientes que persiguen los delitos de oficio o denuncia”.
Sobre la llegada de más policías antimotines a Chilpancingo, dijo que nada más es “preventivo” y que todo lo que su gobierno hace es en coordinación con las autoridades municipales  y federales.
Convocó a ser solidarios con los familiares de los 43 normalistas, con los familiares de los más de 30 heridos en la tragedia de Iguala y las seis personas que fallecieron esa noche.
Resaltó el gobernador que ayer decretó el Día de los Desaparecidos y el Día de los Derechos Humanos en Guerrero.

Positiva, reunión de padres con Peña Nieto

Sobre cuál es su opinión de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 normalistas, que se llevó a cabo este jueves, Ortega Martínez subrayó que fue positiva y que ya hubieran querido sus hermanos mayores del movimiento del 68 reunirse, aunque sea cinco minutos, con el presidente Gustavo Diaz Ordaz, donde lo que se pedía era diálogo público.
Resaltó que fue la segunda vez que el presidente se reunió con los padres de los 43 normalistas y “este tipo de reuniones son positivas y positivo que el caso sigue abierto, y el compromiso del presidente de apoyar, de que se profundice la investigación y se haga justicia”.
Sobre el tema de Apaxtla, donde las comunidades de Liberaltepec y San Felipe del Ocote están tomadas por hombres armados, el gobernador Rogelio Ortega no quiso abundar en el tema y se escudó diciendo que el “paro (de los burócratas) retrasa los trámites administrativos y el desplazamiento para allá, pero se está atendiendo”.
A la pregunta de si los militares ya fueron al lugar, nada más respondió que éstos están interviniendo en la parte que les corresponde.
Mientras que en el tema del paro que tienen los trabajadores sindicalizados, el gobernador reiteró que en la quincena del 30 de septiembre se van a aplicar los descuentos correspondientes, porque es un paro ilegal y por lo tanto tienen que realizar los descuentos correspondientes de los días que no trabajan.
Dijo que no es una amenaza pero que la ley dice que si después de tres días “abandonan injustificadamente su trabajando se les puede despedir”.
Reiteró que no es una amenaza sino un llamado a la conciencia de los trabajadores y dirigentes, pues en el acuerdo que se deposita en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje no se comprometió ese bono y se precisó en la cláusula novena que si existían las condiciones en las finanzas se haría y no se especificó cantidad, y que si se daba sería al final del año fiscal que es el 31 de diciembre.
El gobernador calificó como absurdo y absolutamente ilegal lo que están haciendo los líderes del SUSPEG.
Agregó el gobernador que con ese paro se está afectando a la sociedad, porque “los tiempo y formas son cruciales, porque pueden perder un juicio, un amparo, una pensión alimenticia, un embargo”.
Señaló que se está afectando la recaudación y se tienen las playas sucias y ya pidió que se haga un operativo para limpiarlas, porque no pueden dejar que el turismo no visite el puerto por la “irresponsabilidad de quienes se van a un paro ilegal”.
Ortega Martínez insistió que el paro es ilegal y que los líderes están poniendo en riesgo a su base de manera injusta con un descuento conforme a la legalidad, si ya la junta declaró un paro ilegal y “si se prolongan entonces vamos a tener que tomar medidas para que podamos poner en funcionamiento la administración pública, proceder conforme a la legalidad porque hay un abandono de trabajo”.
El gobernador lamentó el daño que, dijo, le causan a Chilpancingo, que ha sido la ciudad más golpeada por las manifestaciones por todo lo que ha sido la tragedia de Iguala, y “ahora estos señores irresponsables se les ocurre ir a bloquear calles y eso en qué les beneficia, al contrario, les perjudica porque se ganan el rechazo de la sociedad”.