Responder a las propuestas de los padres de Ayotzinapa, pide la CNDH al gobierno federal

*Plantea también que la PGR tome en cuenta las conclusiones del grupo de expertos de la CIDH

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró pertinente efectuar una revisión integral del expediente integrado por la Procuraduría General de la República (PGR) por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, a fin de detectar omisiones o irregularidades que “en todo caso tendrán que ser investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho”.
También pidió que se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe del pasado 6 de septiembre.
A través de un comunicado de prensa por el primer aniversario de los hechos violentos de Iguala, en los que fueron ejecutadas seis personas y detenidos-desaparecidos 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el organismo enlistó 12 puntos que deben considerarse para el esclarecimiento de los hechos.
En uno de estos llamó a “dejar de lado descalificaciones” y sumar esfuerzos para avanzar en la investigación con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere.
Para ello, precisó, debe continuar la atención de las observaciones contenidas en el documento denominado “Estado de la Investigación del Caso iguala”, que presentó la CNDH en julio, y se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Informe que rindió el 6 de septiembre.
La CNDH consideró pertinente efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR por los hechos de Iguala, a fin de detectar omisiones o irregularidades que en todo caso tendrán que ser investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho.
Reconoció que el gobierno estatal no pudo impedir la complicidad de la delincuencia organizada con algunas autoridades y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados.
El organismo aseguró que el esclarecimiento de este caso sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que refuerce todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos.
“Los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes”, expresa.
También consideró necesario dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación de la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas “que para el mejor trámite de la misma se tomen”.
Expuso que la coadyuvancia de las víctimas en la investigación que lleva a cabo la PGR es un derecho reconocido por la ley, por lo que se pueden implementar mecanismos que permitan que la indagatoria del caso se enriquezca con aportaciones y opiniones de expertos que acudan en apoyo y cuenten con la confianza de las víctimas, “con ello también se abonará al seguimiento y transparencia de la propia investigación”.
El organismo nacional informó que es prioritario que las instancias competentes avancen en el reconocimiento y atención de las víctimas, además llamó a la comunicación respetuosa y constante con ellas, “en un contexto de dignidad y respeto, son cuestiones necesarias que contribuyen a la consecución de las metas comunes de verdad, justicia y reparación”.
Por ello, exhortó al gobierno federal a que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y organizaciones sociales, en la carta que entregaron al presidente Enrique Peña Nieto en la reunión del jueves.
“No podemos permitir la impunidad en este caso ni en ningún otro. Por el contrario, la investigación de este asunto debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana”, se lee en uno de los puntos enlistados.
La CNDH explicó que para recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones, se requiere que las autoridades competentes den una respuesta debida a la demanda de justicia y de verdad en este caso.
Indicó que la investigación que lleva la PGR por la desaparición de los 43 normalistas debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos “y no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre”.
Pidió también impedir el uso político de los hechos violentos acontecidos en Iguala y evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los mismos y que contamine la investigación de la PGR. “Nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con las víctimas y con la memoria de aquellos que perdieron la vida, nos impone asumir lo anterior como una premisa”, señala.
Manifestó que la búsqueda de la verdad en este caso es un reclamo de las víctimas y de la sociedad, y para los organismos de los derechos humanos que intervienen en el caso, “hacer efectivo el derecho a la verdad es también una prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional”.
La verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa, plantea.
La CNDH aseguró que “nuestra indignación y nuestro compromiso en favor de esas causas deben verse reflejados y encontrar correspondencia en los hechos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará con su investigación objetiva, profesional y responsable en el ámbito de su competencia y estará atenta y dará seguimiento al desarrollo de las acciones que lleven a cabo las autoridades con relación a este caso”.
Finalmente, externó que “no debe haber impunidad ni tampoco olvido” y que el asesinato de las seis personas y la desaparición forzada de los 43 normalistas deben ser el parteaguas “que nos lleve a renovar el compromiso que, como autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de derecho”.