Tiene EU señaladas 101 empresas de Jalisco vinculadas con el narco; la PGR no hace nada

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Desde 2007, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha congelado los activos de 101 empresas de Jalisco por sus nexos con el narco, pese a lo cual éstas siguen operando normalmente en el estado.
De acuerdo con el gobierno estadunidense, se trata de firmas ligadas a cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, Los Cuinis, el de Sinaloa y hasta el de Medellín.
Los giros van desde venta de comida gourmet, tequila, caballos y alarmas para carros hasta el manejo de deuda.
La medida de congelamiento llevada a cabo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) va a acompañada de la prohibición a todos los ciudadanos estadunidenses de hacer transacciones con dichas compañías.
Aun así, Víctor Suberza, director de Análisis de la PGR, explicó que, pese a la identificación realizada por EU, debe existir una denuncia formal en el país para proceder contra las firmas señaladas.
Aseguró que, una vez que la Unión Americana les aplica a las empresas la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros, conocida como Ley Kingpin, por lavado de dinero o porque sus accionistas están relacionados con actividades ilícitas, es posible que en México no se configure delito alguno.
Dicha ley le permite a EU bloquear bienes y capitales procedentes del narcotráfico.
“Se tendría que recibir la notificación de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos para que el agente del Ministerio Público, esto es la PGR, pudiera proceder en contra de esa empresa aunque no haya quebrantado o cometido ningún delito aquí en México.
“Esto tendría que ser a través de la Cancillería mediante una carta rogatoria”, indicó Suberza.
Gustavo Fondevila, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas, calificó la respuesta de la PGR como una excusa insostenible.
“Esto es para tapar lo que (la PGR) no hizo o de lo que se enteró y no quiso o no pudo hacer nada”, dijo en entrevista.
“Lo de las denuncias es insostenible. En realidad es una excusa y es una broma”.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, consideró que es necesario legislar para que, ante cualquier información de este tipo, se inicien las indagatorias.
“Es negligencia, definitivamente (…) Es muy cómodo decir: ‘Pues, yo no sabía porque no hay denuncia’”, espetó.
“Es una vergüenza que en otros países estén investigando a empresas mexicanas y los mexicanos estemos viendo cómo las investigan”, añadió la activista.