Abelardo Martín M.

Después de un año

Transcurrió, entre obligadas protestas y manifestaciones, el primer aniversario de la tragedia de Iguala. Los vacíos se llenan y eso es una expresión de la ausencia de autoridad (y de gobierno) en municipios y el estado de Guerrero, aunque ocurre también, debe aceptarse, en otras regiones del país. La tragedia de Ayotzinapa, en Iguala, refleja que los vacíos municipales y estatales fueron ocupados por la federación, con todos los riesgos y nulas posibilidades de éxito. Lo que mal empieza, mal acaba.
Además de los sitios emblemáticos de Guerrero –Iguala, Tixtla, Chilpancingo–, las movilizaciones se escenificaron en la ciudad de México y otras sedes del país e incluso de otras naciones.
La efeméride fue precedida por un encuentro tan inevitable como improductivo, entre los padres de los normalistas desaparecidos con el presidente de la República, en la ciudad de México.
Hablan idiomas distintos. El de los deudos es el lenguaje del duelo inconsolable, el sentimiento de injusticia que no empezó hace un año, pues viene de atropellos ancestrales y se alimenta de resentimientos profundos. El del gobierno federal tiene el pecado original de la reacción tardía en aquellos días de septiembre de 2014, agravada por la habilidad de sus opositores para hacer aparecer la descomposición de los poderes locales como un crimen maquinado desde las más altas esferas del Estado.
Los expertos internacionales que dieron recientemente su veredicto, no aportaron nuevas hipótesis ni desficieron entuertos; sólo aumentaron la desconfianza y pusieron en jaque la “verdad histórica”.
Ahora no hay ni a quien creerle. Y en Guerrero, como en México, se cumple aquella máxima que señala: quien no cree en nada, está dispuesto a creer cualquier cosa.
Lo cierto es que la reconstrucción de la “vida normal” en el estado, y el reencauzamiento de la actividad social y productiva, la reinserción de la entidad en el proceso de desarrollo de la nación, es hoy más compleja que hace un año, y demorará un largo lapso recuperar lo desandado.
Este día el presidente de la República anunciará desde Tapachula, en Chiapas, su iniciativa de ley para la creación de tres zonas económicas especiales en el sur-sureste del país, una de las cuales estará ubicada alrededor del puerto Lázaro Cárdenas, en los límites del vecino Michoacán con Guerrero.
Es un proyecto interesante, con sorprendentes resultados en China, país donde el esquema se inventó, que luego ha tenido réplicas en otros lugares del planeta.
El sentido de las zonas económicas especiales es que al dar facilidades de excepción para la inversión y la generación de empleos, se detone el crecimiento en regiones que se han quedado atrás de la dinámica del resto del país, y arrastran por lo tanto carencias, rezagos y pobreza de la población local.
Ojalá funcione en México, pero en todo caso es una apuesta de largo plazo, cuya instrumentación requiere de varios años, y sus frutos de varios lustros.
Aquí opera en contra el clima de inseguridad y violencia, un fenómeno que no estuvo presente en el experimento chino ni en otros lugares donde se ha imitado la fórmula.
Con una perspectiva cuesta arriba, sin embargo es posible que la intervención federal en Michoacán desde el año pasado, y los planes de reactivación en Guerrero, puedan neutralizar esa nociva circunstancia, y generar mejores expectativas para la región.
También pueden ayudar los relevos de gobierno en ambos estados, con la posibilidad que siempre se introduce de enmendar políticas, cambiar equipos, corregir rumbos.
Por supuesto nada de eso es garantía de éxito; se trata apenas de posibilidades, de esperanzas –diríamos, si nos ponemos románticos.
Pero de no funcionar en sentido positivo estos diversos elementos que ahora se conjuntan, el futuro regional se cargará de nubes negras, más oscuras que las que está acercando el huracán Marty.
Y entonces sí, a ver cómo nos protegemos. Del huracán, por lo pronto, y luego del futuro.