Se reúnen en Chilpancingo integrantes de la CIDH con víctimas de violaciones a los derechos humanos

*Se incrementó el hostigamiento a sobrevivientes de El Charco, a la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso y uno de sus hijos desde que los casos están en el organismo internacional, informa la Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Una vez que la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998 entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se incrementó el hostigamiento y la persecución a su representante y a los sobrevivientes, denunció la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
Informó que la familia del perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera -asesinado el 20 de agosto de 2009-, es hostigada a partir de que se aceptó el litigio por ejecución extrajudicial, también en la CIDH.
La activista fue consultada luego de una reunión de organizaciones sociales y ciudadanos con la presidenta y el vicepresidente del organismo, Rose-Marie Belle Antoine y James Cavallaro y su secretario técnico Emilio Álvarez Icaza, en el hotel Parador del Marqués al sur de Chilpancingo.
Ayer, los integrantes de la comisión internacional que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), escucharon decenas de casos sobre personas desplazadas por la violencia de forma masiva en la sierra de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, así como casos individuales, la desaparición forzada de personas en Chilpancingo y Acapulco, ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales y detenciones arbitrarias de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
López Paulino informó que Red Solidaria Década contra la impunidad presentó la masacre de El Charco, la ejecución extrajudicial del luchador social Arturo Hérnandez Cardona, la detención de integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso (entre los que hay varios sobrevivientes de El Charco), y la ejecución extrajudicial de Chavarría Barrera, ante la negación de justicia en el país.
Varios cason ya son del conocimiento de la CIDH, pues el 15 de septiembre admitió el caso de Chavarría Barrera, y antes otorgó medidas cautelares a los familiares de Hernández Cardona.
De la masacre de El Charco, que se ingresó a la CIDH en 2012 pero se aceptó hasta 2015, López Paulino indicó que la coordinadora de viudas y sobrevivientes de la masacre, Eustolia Castro recordó que el 20 de agosto venció el plazo para que el gobierno mexicano respondiera a las recomendaciones de la Comisión.
A la fecha no ha respondido, pero creció el hostigamiento y persecución contra las víctimas, desde que se dieron a conocer los avances de caso.
Por ejemplo, dijo que en la cuenta de facebook de Estolia Castro pusieron que se iba a suicidar y ella no escribió eso, y los sobrevivientes son perseguidos por personas desconocidas cuando van a sus reuniones de organización.
Aclaró que no se denunció ante la Comisión Interamericana, pero la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obeso y uno de sus hijos también son hostigados a partir de la demanda internacional.

Ejecuciones y desapariciones afectan a todos

El director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien desde el 2007 da seguimiento al tema de los desaparecidos y ejecuciones, informó que en tres minutos el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero, planteó algunas propuestas y entregó varios documentos a la CIDH.
Afirmó que las ejecuciones y desapariciones forzadas no son exclusivas de los luchadores sociales y las organizaciones civiles, que afectan sobre todo a la población en general.
“Los casos no son cuestión de buenos y malos, estamos siendo víctimas de manera directa toda la población, la mayoría de los casos no son luchadores ni dirigentes”, pero están estigmatizados porque las autoridades los relacionan con la delincuencia organizada.
Aclaró que este problema no es político sino humanitario, y solicitó a la CIDH que recomiende a las organizaciones de derechos humanos que apoyen la demanda de búsqueda de todos los desaparecidos.
Dijo que a raíz del despojo de la tierra y de los recursos naturales para la producción de enervantes y la explotación de fuerza de trabajo, los grupos criminales funcionan como empresas capitalistas y de esa manera tienen incidencia en la vida económica y política del país.
En este marco, agregó que presentaron algunos casos de ejecutados y desaparecidos, y se reservó el caso de tortura de tres personas en prisión, por falta de tiempo.
También estuvieron en la reunión el dirigente de los mineros en Taxco, Roberto Hernández, quien habló de los seis años en huelga de organizaciones y desplazados por la violencia en Acapulco, y una de las hijas de la lideresa de los desplazados de la comunidad de la Laguna, Juventina Villa Mojica, asesinada en noviembre de 2012.