Entre un recuento de los incidentes del año, declara el IEPC terminado el proceso electoral

*Ayotzinapa, la amenaza de organizaciones sociales de impedir la votación del 7 de junio y la probable intervención de la delincuencia organizada, fueron los temas que prevalecieron en la sesión

Carlos Navarrete Romero

Chilpancingo

La desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, la amenaza de organizaciones sociales de impedir la elección del 7 de junio y la presunta intervención de la delincuencia, fueron los temas que prevalecieron durante la sesión en que se declaró la culminación del proceso electoral por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero.
Este martes, el Consejo General del IEPC celebró su sesión extraordinaria, en la que se declararon formalmente concluidos los trabajos correspondientes a la elección de gobernador, diputados locales y presidencias municipales.
En su intervención, la presidenta del órgano local, Marisela Reyes Reyes, manifestó que sacar adelante las elecciones fue una tarea compleja, tanto para los actores políticos como para los órganos electorales.
“En este lapso hay contenidas decenas de historias personales y estrategias que tendrán que sistematizarse, para que Guerrero aporte su experiencia en la organización de procesos en las condiciones que todas y todos vivimos, los hechos violentos acontecidos el pasado y en los días previos a la jornada electoral, no pueden repetirse en 2018”, expresó.
Indicó que las autoridades electas en el reciente proceso deben ser aliados estratégicos del IEPC “en la construcción de una nueva ciudadanía, más participativa, mejor informada, que explore nuevos mecanismos de participación, que canalice su enojo, sus reclamos ante las carencias y hasta los abusos, en torno al establecimiento de controles que hagan de los gobiernos e instituciones en general, ejercicios más transparentes y democráticos”.
Marisela Reyes manifestó que el reciente proceso electoral se caracterizó por una amplia participación ciudadana, rebasando las expectativas y porcentajes en comparación con elecciones anteriores.
Agradeció a las consejeras y consejeros electorales, a los representantes de los partidos políticos, así como al personal técnico operativo del IEPC, “quienes asumieron sin titubeos sus responsabilidades, a pesar de que por momentos no se dieron las mejores condiciones laborales por la toma de las oficinas institucionales”.
En su intervención, la consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz explicó que los hechos acontecidos la noche del 26 de septiembre del año pasado, “pasaron a la historia del estado, del país y del mundo, como un trágico y abominable suceso que no puede volver a repetirse”.
Mencionó que es legítima la demanda de justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y las seis personas que perdieron la vida en Iguala, pero aseguró que también hubo “oportunismo de otros tantos, que desvirtúan un justificado clamor”.
Informó que en el proceso electoral local hubo nueve candidaturas a gobernador registradas: tres mujeres y seis hombres; 518 candidaturas a diputaciones de mayoría relativa: 260 mujeres y 258 hombres; 148 candidaturas a diputaciones de representación proporcional: 70 mujeres y 78 hombres; 7 mil 798 candidaturas a ayuntamientos: 3 mil 682 mujeres y 4 mil 84 hombres, y 32 candidaturas independientes en tres ayuntamientos: 14 mujeres y 18 hombres.
Indicó que hubo 4 mil 774 casillas instaladas y de ellas, 51 anuladas: cuatro de gobernador, 23 de diputados y 24 de ayuntamientos; de ellas, 30 por integración incorrecta de la mesa directiva de casilla; 18 por haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos y esto fue determinante para el resultado de la votación; una por ejercer violencia física o presión contra los miembros de la mesa directiva de casilla o los electores.
Eugenio Alcaraz dijo que se presentaron 105 medios de impugnación, en la etapa de preparación de la elección, con el resultado de 15 acuerdos revocados; además de 276 medios impugnativos interpuestos en la etapa de resultados electorales y declaración de validez de la elección, que concluyó con dos constancias revocadas de diputados y nueve de ayuntamientos.
De la participación de la mujer gracias a la paridad de género, manifestó que ocuparán 18 de 46 diputaciones locales, 21 presidencias municipales, 59 sindicaturas y 268 regidurías.
En su oportunidad, el consejero René Vargas Pineda aseguró que, desde su inicio, el proceso estuvo marcado por los acontecimientos violentos ocurridos en Iguala.
“Se destaca aquí lo paradójico de la fecha, 27 de septiembre, día en que se estaban cumpliendo 193 años de la consumación de la Independencia de México”.
Indicó que estos hechos “por demás condenables e inadmisibles dentro de un estado de derecho, marcaron no sólo el ambiente en que se construyó este proceso electoral, sino la propia historia contemporánea de nuestro estado y del país”.
Explicó que los hechos acontecidos en Iguala generaron un ambiente adverso sobre el desarrollo del proceso electoral y, en consecuencia, “se auguraron” que “preveían las peores condiciones que podrían, incluso, impedir que se llevará a cabo la jornada electoral”. Pese a ello, dijo que el IEPC siempre actuó con responsabilidad y tolerancia ante “las vicisitudes” que enfrentaron a la hora de realizar sus responsabilidades.
Vargas Pineda recordó que por primera vez en la historia electoral del estado, se celebró un proceso electoral bajo un nuevo diseño, producto de la reforma político-electoral, donde las facultades entre los órganos electorales generaron una mayor cooperación en las principales tareas que tienen que ver con el desarrollo de las etapas del proceso.
Resaltó que hoy la presencia de las mujeres en la integración de los poderes públicos, no tiene precedente alguno.
“Las mujeres representaron hoy la mitad de las candidaturas a diputados, y la mitad también en las fórmulas de presidentes y síndicos, y listas de regidores de los ayuntamientos. Este hecho, histórico en sí mismo, significa un gran avance de la participación política de las mujeres en el ejercicio del poder público en el estado de Guerrero”.
La consejera Leticia Martínez resaltó las novedades de la reforma política-electoral, como la coordinación entre el IEPC y el Instituto Nacional Electoral (INE); la participación de la mujer en el 50 por ciento de las candidaturas a cargos de elección popular y la figura de los candidatos independientes.
“Sería de ciegos no mencionar los acontecimientos ocurridos en este proceso electoral, primero la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, los reclamos justos de los padres de éstos, la nulidad de la elección de Tixtla; acontecimientos sociales, que en su momento pugnaron por que no se llevaran a cabo las elecciones”, manifestó.
A pesar de las movilizaciones, aseguró que el IEPC fue responsable en su trabajo para de renovar, a través de elecciones libres, los poderes ejecutivo, legislativo y los 80 ayuntamientos.
Por su parte, el consejero Felipe Arturo Sánchez aseguró que fueron las elecciones más concurridas en la historia electoral del estado, con un 56.74 por ciento de participación ciudadana en las urnas.
“Esa fue la respuesta contundente de la ciudadanía, ante la duda e interrogante común que se generó ante la crisis de credibilidad de las instituciones del estado mexicano, que se tradujo en ingobernabilidad prácticamente durante todo el proceso, a raíz de la inhumana espiral de violencia que tuvo su clímax con los hechos acontecidos la última semana de septiembre de 2014”.
Recordó que la elección se celebró con la abierta oposición de grupos sociales, que pretendieron “tomar como rehén y moneda de cambio, el derecho humano de las y los guerrerenses a elegir a sus gobernantes, a cambio del cumplimiento de otros derechos humanos”.
Informó que en la víspera de la jornada electoral hubo robo de paquetes: cuatro en Tixtla, uno en Tlapa y uno en Copanatoyac; además de que se no permitió la instalación de 26 casillas en Tixtla y con posterioridad a la jornada electoral robaron tres paquetes en Cutzamala, siete en Cuetzala y uno en Cocula.
El representante del PRD ante el órgano electoral, Ramiro Alonso de Jesús, cuestionó el actuar de los órganos electorales, principalmente de los consejos distritales que, insistió, actuaron para beneficiar al PRI, lo mismo que los tribunales en la materia.
Además, reiteró la acusación de que intervino el crimen organizado para beneficiar al PRI, lo mismo que la compra del voto, el uso de recursos económicos ilícitos y la coacción del voto.
Llamó a Héctor Astudillo Flores a no intervenir en el proceso electoral extraordinario de Tixtla y dijo que recurrirá ante las instancias correspondientes, para que los consejos distritales que incurrieron en irregularidades sean sancionados con la inhabilitación y cárcel para sus integrantes.
En su intervención, el representante del PRI ante el IEPC, Manuel Saavedra Chávez, aseguró que este proceso fue atípico, “con una participación muy activa de los grupos sociales, con incidentes en determinados distritos, algunos sufrieron la destrucción de las oficinas en las que estaban operando y se tuvieron que establecer en sedes alternas”.
De los señalamientos hechos por el PRD, dijo que se han resuelto por las autoridades competentes, “por lo que el triunfo está legitimado, y está plenamente reconocido el triunfo que se obtuvo en las urnas”.
En esta sesión, se aprobó el anteproyecto de presupuesto 2016 del IEPC, este anteproyecto contiene las principales líneas estratégicas a desarrollar durante el próximo ejercicio fiscal, consistentes en impulsar el respeto a los derechos políticos de los guerrerenses, para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo; alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía, como un eje de la relación entre el Estado y la sociedad; difundir campañas que contribuyan al fortalecimiento de los valores y principios democráticos constitucionales; mantener una relación de colaboración, respeto y comunicación con los poderes del estado.
Otra estrategia que impulsará el IEPC es la coordinación con gobiernos municipales, para la instrumentación de acciones que fortalezcan y difundan los derechos humanos; también emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de los poderes estatales y los municipios; promover convenios de colaboración para el fomento y promoción de la cultura cívica en las escuelas del Estado y en las instituciones públicas y privadas.
En razón de lo anterior, y con el fin de que el órgano electoral pueda cumplir cabalmente con sus programas de trabajo, así como sus prioridades aprobadas por este Consejo General, el IEPC aprobó un monto total de  326 millones 53 mil 683 pesos, que regirán para el año fiscal 2016, el cual se clasifica en gastos de operación: 157 millones 561 mil 572 pesos; financiamiento a partidos políticos: 120 millones de pesos; proceso electoral extraordinario del Ayuntamiento de Tixtla: 6 millones 492 mil 111 pesos, y pagos de laudos laborales: 42 millones de pesos.