Ofreció a la CIDH depurar la Fiscalía, afirma Héctor Astudillo

Se comprometió con la CIDH a defender los derechos humanos, asegura Astudillo

*Afirma que en una reunión con la misión del organismo interamericano ofreció depurar la Fiscalía General del Estado. Planteó también una depuración a fondo de los cuerpos policiacos. Revisará el caso de Nestora Salgado y le preocupan los de Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino, dice. Los representantes de la CIDH también se reunieron con el gobernador Rogelio Ortega, pero no se informaron detalles

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Integrantes de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, se reunieron anoche en privado con el gobernador electo Héctor Astudillo Flores, a quien le pidieron su opinión respecto al ataque que sufrieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, hecho que derivó en la desaparición de 43 estudiantes.
También se reunieron con el gobernador Rogelio Ortega Martínez en el Centro Cultural Guerrero (antes Casa Guerrero), sin embargo de esta reunión no se pudo confirmar el contenido del encuentro debido a que se impidió el acceso a las instalaciones a los reporteros.
La reunión con Astudillo Flores fue de apenas media hora, de 7:30 a 8 de la noche, en un salón del hotel El Parador del Marqués.
El gobernador electo informó al salir de la reunión que los integrantes de la CIDH se interesaron por conocer su opinión respecto al caso de violencia en contra de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Agregó que también se interesaron por el tema de las policías, porque, dijo, en opinión de los defensores de derechos humanos existe una persecución hacia determinadas personas y hacia jóvenes estudiantes, principalmente.
Informó que le dijeron que les preocupa las evidencias que hay respecto a la participación de la delincuencia organizada en la policía, como sucedió en el caso de Iguala, y que al respecto les expresó que en Guerrero se tiene que hacer una depuración a fondo de todos los cuerpos policiacos.
Les dijo que su idea es generar una policía única con mando único, “más profesional, mejor pagada, mejor atendida socialmente para que se mejoren las condiciones no solamente de los policías sino también sus familias”.
Expresó que también le manifestaron las deficiencias que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE) y que se comprometió con los integrantes de la CIDH no solamente a asumir la defensa de los derechos humanos, sino también a realizar una depuración en la FGE.
Astudillo Flores declaró que en su caso acudió a la reunión “con el mejor de los ánimos” para expresar sus razonamientos, que les explicó cuál ha sido su  postura con respecto al caso Ayotzinapa, por ejemplo que fue el primer diputado que solicitó de manera inmediata el desafuero del presidente municipal de Iguala, José Luís Abarca Velázquez.
Añadió que les comentó que se ha reunido también con los familiares de las víctimas del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y que opina que a éstos se les debe de prestar atención igual que a los del caso Ayotzinapa.
Consideró que la reunión de anoche fue un ejercicio muy rápido pero que tuvo la oportunidad para ratificarles su compromiso con la defensa de los derechos humanos.
El gobernador electo comentó finalmente que no solamente se ha comprometido con los “visitantes internacionales”, sino con el pueblo de Guerrero cuando hizo campaña, en el sentido de que el tema de derechos humanos será una prioridad en su gobierno, y luego ofreció que esa no solamente será una actitud suya, sino que procurará que los asuntos que tienen que ver con las policías que dependerán de él, actúen con mayor respeto y solidaridad humana.
Astudillo Flores declaró que en materia de derechos humanos no solamente le preocupa el caso de Ayotzinapa, sino también el caso de la ejecución de Arturo Hernández Cardona, dirigente de la organización Unidad Popular, ejecutado en el gobierno de José Luís Abarca en Iguala, y el de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino, así como esclarecer el caso de las tumbas clandestinas encontradas en Iguala y la violencia que viven los pueblos del municipio de Chilapa.
El gobernador electo adelantó que entrará al gobierno con los pies sobre la tierra porque reconoce que la violación a los derechos humanos en la entidad es un asunto delicado y que tendrá que resolverlo.
En la entrevista Astudillo Flores también ofreció realizar una “revisión profunda” al caso de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, y de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
También dijo que entrando revisará el tema de la ley de amnistía para liberar a los presos de conciencia que está retenida en el Congreso local.
Del Parador del Marqués los miembros de la CIDH se trasladaron al Centro Cultural Guerrero, donde se reunieron después de las 9 de la noche con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, pero de este encuentro no se pudieron conocer detalles porque desde la puerta tres, por donde entraron los integrantes de la Comisión Interamericana, se impidió el acceso a los reporteros.

Se reúnen en Chilpancingo integrantes de la CIDH con víctimas de violaciones a los derechos humanos

*Se incrementó el hostigamiento a sobrevivientes de El Charco, a la viuda de Armando Chavarría, Martha Obeso y uno de sus hijos desde que los casos están en el organismo internacional, informa la Red Solidaria Década Contra la Impunidad

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Una vez que la masacre de El Charco ocurrida el 7 de junio de 1998 entró a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se incrementó el hostigamiento y la persecución a su representante y a los sobrevivientes, denunció la secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Magdalena López Paulino.
Informó que la familia del perredista y presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera -asesinado el 20 de agosto de 2009-, es hostigada a partir de que se aceptó el litigio por ejecución extrajudicial, también en la CIDH.
La activista fue consultada luego de una reunión de organizaciones sociales y ciudadanos con la presidenta y el vicepresidente del organismo, Rose-Marie Belle Antoine y James Cavallaro y su secretario técnico Emilio Álvarez Icaza, en el hotel Parador del Marqués al sur de Chilpancingo.
Ayer, los integrantes de la comisión internacional que forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), escucharon decenas de casos sobre personas desplazadas por la violencia de forma masiva en la sierra de Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan, así como casos individuales, la desaparición forzada de personas en Chilpancingo y Acapulco, ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales y detenciones arbitrarias de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
López Paulino informó que Red Solidaria Década contra la impunidad presentó la masacre de El Charco, la ejecución extrajudicial del luchador social Arturo Hérnandez Cardona, la detención de integrantes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso (entre los que hay varios sobrevivientes de El Charco), y la ejecución extrajudicial de Chavarría Barrera, ante la negación de justicia en el país.
Varios cason ya son del conocimiento de la CIDH, pues el 15 de septiembre admitió el caso de Chavarría Barrera, y antes otorgó medidas cautelares a los familiares de Hernández Cardona.
De la masacre de El Charco, que se ingresó a la CIDH en 2012 pero se aceptó hasta 2015, López Paulino indicó que la coordinadora de viudas y sobrevivientes de la masacre, Eustolia Castro recordó que el 20 de agosto venció el plazo para que el gobierno mexicano respondiera a las recomendaciones de la Comisión.
A la fecha no ha respondido, pero creció el hostigamiento y persecución contra las víctimas, desde que se dieron a conocer los  avances de caso.
Por ejemplo, dijo que en la cuenta de facebook de Estolia Castro pusieron que se iba a suicidar y ella no escribió eso, y los sobrevivientes son perseguidos por personas desconocidas cuando van a sus reuniones de organización.
Aclaró que no se denunció ante la Comisión Interamericana,  pero la viuda de Chavarría Barrera, Martha Obeso y uno de sus hijos también son hostigados a partir de la demanda internacional.

Ejecuciones y desapariciones afectan a todos

El director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, quien desde el 2007 da seguimiento al tema de los desaparecidos y ejecuciones, informó que en tres minutos el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero, planteó algunas propuestas y entregó varios documentos a la CIDH.
Afirmó que las ejecuciones y desapariciones forzadas no son exclusivas de los luchadores sociales y las organizaciones civiles, que afectan sobre todo a la población en general.
“Los casos no son cuestión de buenos y malos, estamos siendo víctimas de manera directa toda la población, la mayoría de los casos no son luchadores ni  dirigentes”, pero están estigmatizados porque las autoridades los relacionan con la delincuencia organizada.
Aclaró que este problema no es político sino humanitario, y solicitó a la CIDH que recomiende a las organizaciones de derechos humanos que apoyen la demanda de búsqueda de todos los desaparecidos.
Dijo que a raíz del despojo de la tierra y de los recursos naturales para la producción de enervantes y la explotación de fuerza de trabajo, los grupos criminales funcionan como empresas capitalistas y de esa manera tienen incidencia en la vida económica y política del país.
En este marco, agregó que presentaron algunos casos de ejecutados y desaparecidos, y se reservó el caso de tortura de tres personas en prisión, por falta de tiempo.
También estuvieron en la reunión el dirigente de los mineros en Taxco, Roberto Hernández, quien habló de los seis años en huelga de organizaciones y desplazados por la violencia en Acapulco, y una de las hijas de la lideresa de los desplazados de la comunidad de la Laguna, Juventina Villa Mojica, asesinada en noviembre de 2012.

Nombra Albarrán como encargado de la policía de Iguala a un operador de Abarca

*El policía primero Crisóforo Tinoco Bahena estará al frente de la corporación en tanto se nombra al director definitivo. El nuevo alcalde designa a ex funcionarios que demandaron por despido al ayuntamiento y ganaron laudos millonarios

Alejandro Guerrero

Iguala

El alcalde electo de Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza, dio a conocer ayer en conferencia de prensa a los integrantes de su gabinete, entre quienes destacan 17 ex funcionarios de los gobiernos de Raúl Tovar Tavera y del perredista José Luis Abarca Velázquez.
Entre ellos están el ex tesorero del ayuntamiento, Jesús Romero Valle, al que nombró en el mismo cargo, y la ex oficial mayor Cecilia Marchán, que demandaron al municipio y tienen laudos laborales a su favor por cerca de cinco millones de pesos.
Albarrán Mendoza informó que el nuevo secretario de seguridad pública será nombrado por el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando éste asuma el cargo, y nombró como encargado del despacho al policía primero Crisóforo Tinoco Bahena, quien es parte de la policía municipal y fue director operativo al final del gobierno del priista Raúl Tovar y ratificado por el perredista José Luis Abarca Velázquez.
El alcalde electo, que este día asumirá las funciones de presidente municipal para el periodo 2015-2018, al igual que los otros 80 Ayuntamiento en el estado, entregó la dirección de tránsito municipal a los líderes del transporte público, Martín Ocampo Arteaga y Enrique Jiménez Zúñiga, el primero en la dirección y el segundo en el departamento de infracciones.
Ambos son ex funcionarios del ex alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez, donde ocuparon los cargos de jefe de licencias e infracciones y la dirección de protección civil municipal, respectivamente; Jiménez Zúñiga hasta ayer seguía en funciones.
Al mediodía de ayer, Esteban Albarrán en conferencia de prensa en el céntrico restaurante El Arroyo, dio a conocer una lista de 67 personas que ocuparán los cargos de secretarios, directores y jefes de departamento como parte de su gabinete, que entrará en funciones este día.
Sólo estuvo acompañado por  sus asesores Ulises Pérez Calvo y el ex diputado local y actual director de la clínica del IMSS en Iguala, Herón Delgado Castañeda, así como el nombrado director de comunicación social, Eduardo Albarrán Orozco, quien coordinó la conferencia de prensa.
Entre los nombres que dio a conocer el priista que formarán parte de su gabinete y que dijo serán sometidos a una evaluación constante, la primera a los 100 días de gobierno, destaca el secretario de Finanzas, Jesús Romero Valle, el cual ocupó el mismo cargo en el gobierno de Raúl Tovar Tavera y que tenía demandado al Ayuntamiento con un laudo condenatorio por más de dos millones 800 mil pesos hasta agosto pasado y que fue evidenciado a través de este medio.
En la ronda de preguntas y respuestas, Albarrán Mendoza afirmó que Romero Valle se había desistido de la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, lo cual no sustentó con documentación, y después se informó que esto habría sido el 6 de agosto.
También dio el cargo de directora del DIF a la ex oficial mayor, Cecilia Marchán Castañeda, que también demandó al Ayuntamiento en el periodo de Tovar Tavera y tiene un laudo condenatorio por más de un millón 600 mil pesos; según Esteban Albarrán, también se desistió. El también ex diputado local y federal dijo que en la primera sesión de cabildo pondrá a consideración de los ediles algunos de los nombramientos para que sean ratificados.
Dijo que aún faltan entre siete y ocho nombramientos por algunos “ajustes”, y habló de que en su administración buscará “recuperar la confianza de los igualtecos”.
Albarrán pidió el voto de confianza para su administración y dijo que los nombramientos “no son cargos definitivos por los tres años”.
Expuso que “son gente igualteca que se le está dando la oportunidad, aquí nadie tiene comprado su puesto ni asegurado absolutamente nada, si damos la oportunidad y otorgamos el beneficio de la duda, podemos actuar de manera positiva, hay que esperar los primeros resultados de la evaluación que vamos a hacer y el funcionario que no esté a la altura de las circunstancias, que no tenga la lealtad al pueblo y al presidente municipal, simplemente se van a ir retirando de su cargo”.
A la pregunta de una reportera sobre las investigaciones que hace la PGR en contra de algunos de los funcionarios por el caso Ayotzinapa y que nombró Esteban Albarrán en el área de seguridad pública, dijo que desconocía la información y señaló que esperará a que le entreguen su documentación, como la carta de no antecedentes penales.
Sobre el nombramiento del secretario de Seguridad Pública, dijo que será nombrado por el gobernador Héctor Astudillo Flores cuando asuma el cargo.
Señaló que con el gobierno del estado, la policía de Iguala se estaría integrando al Mando Único Policial y que se verá con el próximo gobierno.
Nombró como secretario de obras públicas a Ignacio Pérez Niño, que no es de Iguala; a la ex regidora Martha Adán Cortés como secretaria de desarrollo económico; al ex síndico Manuel Martínez Carreón –que quedó en ese cargo cuando Esteban Albarrán se fue como diputado federal- como oficial mayor; al ex director de tránsito Eliseo Sánchez Bastida como coordinador de avanzada y logística; al ex secretario de gobierno con Raúl Tovar y que también demandó al Ayuntamiento, Eduardo Román Jaimes, lo nombró director de catastro.
Al ex regidor Miguel Salgado Martínez como director de gobernación; al ex regidor Mario Delgado Castañeda como director de salud; al regidor del PVEM saliente, Leonel Gallegos Lome, como director de ecología; a la ex síndica procuradora de justicia en el gobierno de Raúl Tovar, Carmen Perea Moreno, como directora de educación; a la ex regidora Blanca Katy Ramírez como directora del INAPAM, y a la ex regidora del PAN, Dolores Santamaría Carbajal, como directora de atención al migrante.