Crece la tensión entre el gobierno de Peña Nieto y la CIDH a causa del caso Ayotzinapa

Silvia Garduño / Agencia Reforma

Ciudad de México

Las tensiones entre el Gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han intensificado a raíz del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.
De hecho, en una sesión en Washington celebrada la última semana de julio, en la que se discutió prolongar el mandato del GIEI, el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa, se confrontó con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.
Pero la labor del GIEI no es lo único que molesta al gobierno federal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se vio forzada a extender una invitación al pleno de la CIDH (que realizan esta semana) para visitar el país para evitar que el organismo lo incluyera en la lista negra de países del continente en los que se violan los derechos humanos de manera sistemática.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que la visita in loco de la CIDH, en pleno aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, responde a que México estuvo a punto de ser incluido en el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH.
“Era muy probable que México estuviera en el capítulo cuarto del informe anterior de la Comisión, reglamentariamente hay esta salvaguarda de hacer esta invitación de visita in loco a cambio de no estar en ese capítulo. Es en ese contexto donde el Gobierno mexicano decide hacer una invitación a la Comisión Interamericana.
“En el capítulo cuarto están los Estados que incumplen sistemáticamente los derechos o que viven en condiciones de violaciones generalizadas”, expresó.
De acuerdo con el informe de la CIDH de 2014, un Estado entra en el capítulo cuarto si el organismo reúne información de múltiples fuentes que evidencien violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos humanos sobre la situación del país, como fue el caso de Cuba y Venezuela en 2014.
En el caso de México, varios mecanismos internacionales han señalado el carácter de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, como el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez –con quien la SRE entró en confrontación directa–, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y el Relator contra Ejecuciones Extrajudiciales, Christof Heyns.
Sin embargo, el mismo informe de la Comisión marca que si un Estado ha recibido una visita in loco (como es el caso ahora de México), no será incluido en el capítulo cuarto.
En medio de estas tensiones, la activista Isabel Miranda de Wallace planteó la semana pasada que es necesaria la salida del GIEI y que Emilio Álvarez Icaza tiene un conflicto de interés al involucrarse en el caso Iguala.