Gaspard Estrada

¿La paz llegará finalmente a Colombia?

El anuncio, el pasado miércoles, de la voluntad del gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, así como del máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, de firmar un acuerdo de paz bajo los auspicios de los gobiernos cubano y noruego, y por tanto de terminar con el conflicto armado en el país sudamericano, tuvo un fuerte impacto internacional. No se trata del primer intento de obtener la paz después de más de cincuenta años de guerra. Sin embargo, contrariamente a las ocasiones pasadas, existen razones que permiten ser mesuradamente más optimistas en esta ocasión.
En primer lugar, a pesar de las profundas diferencias existentes entre la guerrilla marxista y el gobierno colombiano, existe una voluntad política clara de ambas partes de llegar a un acuerdo. El presidente Juan Manuel Santos, no obstante haber nacido en una de las familias más acaudaladas del país y haber sido uno de los mayores defensores de la mano dura del gobierno contra las FARC durante el mandato del presidente Álvaro Uribe como ministro de la Defensa, decidió apostar por una salida pacífica al conflicto, al convertir el tema de la paz en el eje de su mensaje político durante su campaña de reelección, el año pasado. Si bien esta orientación política sorprendió a la mayoría de sus correligionarios –e inclusive, a varios miembros de su familia–, esta última ha sido una constante desde su investidura como presidente reelecto de Colombia, a pesar de los intentos tanto de sectores conservadores de las fuerzas armadas como del propio gobierno y de la oposición de derecha (liderada por el ex presidente Álvaro Uribe) de descarrilar esta iniciativa.
Por su lado, esta mano tendida del gobierno ha sido bien recibida por el alto mando político de las FARC. Estas últimas, después de haber sido el objeto de una dura campaña militar durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, han visto disminuir su poder militar, al tiempo que varios de sus líderes, incluyendo a Manuel Marulanda y Raúl Reyes, fueron eliminados por el ejército colombiano con información de inteligencia de Estados Unidos. Estas muertes provocaron un cambio en la dirigencia de la guerrilla, orientándose la nueva cúpula a una postura más abierta al diálogo con el gobierno, a pesar de una correlación de fuerzas negativa para las FARC. En efecto, la mala experiencia de los diálogos del Caguán (llevados a cabo a finales de los años 1990, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana), que habían permitido a las FARC reequiparse y crearse una base de apoyo financiero y político, condujo al gobierno Santos a exigir el mantenimiento de la guerra en el terreno, lo cual ha contribuido a debilitar más aún a la guerrilla. A pesar de esta realidad, la dirigencia de las FARC parece haber percibido que esta sea tal vez su última oportunidad de llegar a un acuerdo con un gobierno dispuesto a pagar los costos políticos de tal hecho histórico.
En segundo lugar, podemos notar un cambio en el posicionamiento de la mayoría de las elites económicas de Colombia con relación al conflicto armado. La existencia de este conflicto desde hace décadas produjo una adaptación de la economía colombiana a esta realidad, que fue provechosa para los grandes empresarios de aquél país. Sin embargo, los cambios económicos y sociales de los últimos años, en buena medida fruto de los altos precios de las materias primas, han contribuido a fomentar el desarrollo de un mercado interno mucho más dinámico. La existencia de costos ligados a la guerra, ha venido frenando importantes proyectos de inversión, colombiana o extranjera. Por ende, para poder llevar a cabo esta expansión de sus negocios, una parte considerable del empresariado colombiano ha decidido apoyar, o por lo menos no impedir, que este acuerdo político histórico se lleve a cabo.
Esto no quiere decir que exista un consenso de las élites colombianas al respecto de la firma de este acuerdo entre el gobierno y las FARC. Muchos puntos quedan por acordar. Sin embargo, el mandato que le dio el pueblo colombiano al presidente Santos ha sido claro: Colombia quiere terminar con el conflicto armado.

* Analista político del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.