Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*Alcaldes y narcopolítica en Guerrero: ¿un nuevo ciclo?

Está muy lejos de haber sido una inocente equivocación el “error” cometido por el nuevo presidente municipal de Iguala, el priista Esteban Albarrán Mendoza, de designar como encargado de la Secretaría de Seguridad Pública a Crisóforo Tinoco Bahena, quien había sido director operativo de la policía durante las gestiones de Raúl Tovar y de José Luis Abarca.
Aun cuando la noche del mismo martes en que había anunciado el nombramiento Albarrán Mendoza dio marcha atrás a esa designación, es legítimo preguntarse los motivos que tuvo para hacerla y por consiguiente cuáles son las ligas que lo vinculan con Abarca y con el grupo al que pertenece Tinoco Bahena, que es el mismo que tenía el control de la corporación policiaca municipal cuando hace un año ocurrió el ataque contra los estudiantes normalistas.
Es perceptible que ese nombramiento alertó al gobernador electo Héctor Astudillo Flores, quien lo frenó y consideró necesario advertir el miércoles a todos los nuevos alcaldes –ahí, en Iguala– sobre el cuidado que deben tener al escoger a los funcionarios encargados de la seguridad pública y las policías.
Astudillo Flores dijo que la mejor recomendación que podía hacer a los nuevos alcaldes del estado es que cuiden el tema de la seguridad pública, “desde quién va a ser el responsable de coordinar a la policía, (pues) los policías municipales atraviesan por un momento muy difícil y especialmente a los municipios grandes les he recomendado que sean muy cuidadosos a quién van a designar. Hay una reforma que está en tránsito, que habla sobre requisitos para llegar a ser director de la policía municipal, pero también del estado, secretario, entonces yo lo que recomiendo es tener mucho cuidado, no poner a nadie que no tenga experiencia y que no tenga los requisitos de honorabilidad correspondiente”.
La pretensión de Esteban Albarrán de entregar el control de la policía municipal al mismo grupo que con consecuencias trágicas sirvió al ex alcalde José Luis Abarca, despierta suspicacia sobre el nuevo alcalde de Iguala y muestra su insensibilidad o el exceso de intereses que rodean su llegada al ayuntamiento. No lo detuvo ni siquiera la presencia en Iguala de la misión de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después de estar en la Normal de Ayotzinapa con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, acudió el miércoles con familiares de los otros desaparecidos a algunos de los sitios donde fueron encontradas fosas clandestinas con 104 cadáveres aún sin identificar.
Así como está lejos de haber sido un error ingenuo, el episodio entre Albarrán Mendoza y Tinoco Bahena ofrece también una prueba del enraizamiento y la persistencia de los nexos entre política y delincuencia, y de la proclividad de los políticos y gobernantes a entrar en tratos con gente de dudosa reputación, justo en momentos en que existe un debate público sobre ese tema después del caso Abarca y de las sospechas que persiguen a numerosos políticos de Guerrero. No debe olvidarse que varios de los alcaldes que entregaron los ayuntamientos el miércoles terminaron su gestión en medio de señalamientos oficiales de relaciones inconfesables con el narcotráfico, incluido el de Chilpancingo, el priista Mario Moreno Arcos, sin que fueran llamados finalmente a cuentas por las autoridades que los acusaron.
El caso de Chilpancingo resulta particularmente delicado por tratarse de la capital del estado. Pese a que es una ciudad pequeña donde todo se ve y se sabe, y a que aloja a la 35 Zona Militar y a los poderes públicos, el crimen organizado no ha aflojado el control que ejerce en sus calles, ni el gobierno le ha podido arrebatar ese control, a tal grado que el nuevo presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena, tuvo que reconocer al tomar posesión que asume el cargo entre el miedo de la población por la violencia incesante. Con esa frase, el alcalde hizo un diagnóstico y describió el saldo de la administración saliente de su compañero de partido Moreno Arcos, quien sin embargo abandonó el puesto bajo la protección del gobierno y del PRI, partido que podría dirigir en los meses próximos.
De diferente naturaleza, pero igualmente inconfesables y de inciertas consecuencias, son las relaciones entabladas por el nuevo presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, cuyo grupo político encontró refugio en la alcaldía que desde antier encabeza el perredista. ¿Por qué el alcalde de Acapulco nombró secretario particular al ex secretario particular de Aguirre Rivero, Everardo García Mondragón, y se echó de esa manera sobre sí el desprestigio y la mala fama que ahora son la marca del ex gobernador y de su grupo político?
Sobre Aguirre Rivero y su grupo pesan imputaciones de responsabilidad política por el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, entre otras causas por haber protegido a Abarca, y también posibles cargos penales si las investigaciones avanzan hasta él. Además, su hermano Carlos Mateo Aguirre y varios miembros de la familia Hughes, operadores cercanos al ex gobernador, están presos por un desfalco millonario al presupuesto público. En esas condiciones, el nombramiento del ex secretario particular del ex gobernador como secretario particular del alcalde de Acapulco, y el de otros aguirristas en otros puestos municipales, pone de manifiesto la existencia de compromisos de fondo. Cuáles puedan ser y cuál fue el origen de ese nombramiento sólo Evodio Velázquez podría explicarlo, pero públicamente unió su suerte a la de Aguirre Rivero.
En consecuencia, parece más que razonable preguntarse si Guerrero se encuentra en el fin de un ciclo turbio, o en el principio de otro.

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