Abre nuevas líneas de investigación la PGR por Ayotzinapa; hay nuevos señalados de las agresiones

Rodrigo Vera / Agencia Proceso

Ciudad de México

La procuradora general de la República, Arely Gómez González, dio a conocer ayer que en el caso Ayotzinapa se han abierto “nuevas líneas de investigación que señalan la participación de otras personas” en la comisión de delitos contra los estudiantes normalistas.
Asimismo, explicó que para resolver uno de los temas de contraste, como el incendio en el basurero de Cocula, participarán otros expertos independientes ya que, dijo, “la única forma de acercar posiciones es realizar un nuevo análisis con la participación de expertos forenses del mayor prestigio que nos den certezas sobre lo sucedido”.
Gómez González dio esta información durante el encuentro sostenido hoy con los integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la reunión, la procuradora dijo a los legisladores que el Ministerio Público Federal ha ejercitado acción penal contra 131 detenidos, de los cuales 111 ya han sido detenidas para responder “por estos hechos inaceptables para la sociedad”.
También les prometió que tendrán todo el apoyo y la información de la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener todas las “claves posibles” que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del año pasado.
“Ha habido disposición y apertura de parte del personal de la PGR para escuchar las inquietudes, lo cual se acredita con el hecho de que, hasta el momento, 80 por ciento de las 208 peticiones que han realizado a esta institución, han sido atendidas”, dijo la procuradora.
En la reunión estuvieron presentes María Guadalupe Murguía, presidenta de la comisión legislativa, y los integrantes Cristina Ismene Gaytán, Arturo Álvarez Angli y Ana Guadalupe Perea.
A la procuradora la acompañaron Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos; y Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, entre otros funcionarios de la dependencia.