Vive México una grave crisis de derechos humanos: CIDH

Rechaza el gobierno federal que el informe refleje la realidad nacional

* Existe una situación extrema de inseguridad y violencia, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, señala el organismo

*La impunidad alcanza niveles críticos y hay una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas, asegura

*Respalda el Informe Ayotzinapa del GIEI y urge al Estado a nombrar un fiscal especial para la investigación

* “No compartimos que un informe preliminar realizado en cinco días pueda reflejar la situación general del país”, responde el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa

*Revela la PGR que hay líneas de investigación del caso Ayotzinapa que señalan a “otras personas”

*Asalta un comando armado un autobús en el que viajaban normalistas de Ayotzinapa en Zacualpan, Atoyac

 

México está sumido en una “grave crisis
de derechos humanos”, sentencia la CIDH

Tras una gira intensa por el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Nuevo León, el pleno de la organización internacional da su respaldo irrestricto a las primeras conclusiones del GIEI para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Agencia Proceso

Ciudad de México

México está sumido en una “grave crisis de derechos humanos” caracterizada por “una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a la víctimas y a familiares”, consideró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al término de su visita de cinco días en el país.
Tras una gira intensa por el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, Veracruz, Coahuila y Nuevo León –que incluyó reuniones con autoridades federales y estatales, legisladores y autoridades del poder judicial–, el pleno de la CIDH dio su respaldo irrestricto a las primeras conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El resultado del grupo, dijo “dista de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento”. Por ello, hizo un llamado al gobierno de Enrique Peña Nieto para “permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería”.
En conferencia de prensa, la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, resaltó que los representantes del organismo constataron “en terreno” las afectaciones de “la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales” de forma desproporcionada en grupos vulnerables como personas en extrema pobreza, migrantes, desplazados internos, menores, defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas y lesbianas, gay, bisexuales y transgénero.
Ante decenas de familiares de víctimas de desaparición que portaban las fotos de sus seres queridos, la funcionaria –nacida en Trinidad y Tobago y de habla inglesa–, informó en español las primeras conclusiones de la visita, en consideración a los familiares de los afectados.
“La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento busca acallar las voces que más necesita México”, dijo Belle Antoine.
Luego, citando a “una alta autoridad” que se reunió con los comisionados, añadió: “A los mexicanos nos hacen falta verdades sobre nuestra propia historia y nuestras propias tragedias”.
Al recordar que la masacre estudiantil de 1968 es paradigmática por la impunidad en la que se encuentra, el informe preliminar de la CIDH recuerda que las graves violaciones a derechos humanos, “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas”.

“Como en la guerra sucia”

En la lectura de un avance de lo realizado por la delegación de la CIDH –integrada además por James Cavallaro, Felipe González, Tracy Robinson y Rosa María Ortiz, así como el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, la secretaria ejecutiva adjunta, Abi. Mershed y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza–, Belle Antoine se refirió a la situación “alarmante” de las desapariciones en México.
Dijo que son atribuidas a la delincuencia organizada pero también a “la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas”.
El documento resalta el paralelismo en el que se encuentran los casos actuales con los registrados durante la llamada “Guerra Sucia”, debido a los “altos niveles de impunidad”.
Agrega que “las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples”, además de que muchas no se denuncian “debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o su temor de sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias”.
Cuando se refirió a los primeros avances del GIEI, la presidenta de la CIDH urgió al Estado mexicano a “esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes”.
A la PGR le demandó “adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI; trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo y reorientar la investigación a fin de seguir las líneas del informe del GIEI”. Cabe recordar que el resultado que expuso el Grupo resultó distinto a la “verdad histórica” que presentó la PGR.
En el primer avance de lo que será el informe final, que se presentará el próximo año en la sede de la OEA, el documento define como “ejecuciones extrajudiciales” los casos de Tlatlaya, ocurrido en el Estado de México; y los registrados este año en Atatzingán y Tanhuato, Michoacán.

Si bien los comisionados reconocieron avances legislativos en materia de derechos humanos, advirtieron que hay “una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas”.
Algunas de las personas reunidas con los comisionados repitieron una y otra vez que “la procuración de justicia es una simulación”.
El pleno de la CIDH consideró en su informe preliminar que para “romper con la impunidad histórica” cabría “esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado”.
Para “resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia”, es necesario, dijo, abatir “la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de gobierno, en especial a nivel municipal”.

“El gran dilema… superar impunidad”: Álvarez Icaza

La brecha entre la legislación de derechos humanos y su aplicación es tan grande que la necesidad de una comisión contra la impunidad es una idea que está cobrando fuerza en el debate público en México, consideró Emilio Álvarez Icaza.
“Fue una expresión que encontramos en todos lados. Nos lo dijeron fuerte, bajito, quedito, documentado y como clamor. Es así, esa discusión está en el debate público. El modelo del grupo de expertos ha tenido un extraordinario impacto en México. Nos lo dijo el Gobierno, nos lo dijo el Congreso, las víctimas nos lo dijeron de una manera demoledora, cómo les había recuperado la esperanza”, indicó en entrevista el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ahí hay una ruta que México tendrá que analizar. Si en su caso llegase la solicitud a la Comisión, lo va a analizar”.
En el marco de la presentación de las observaciones preliminares de la CIDH sobre su visita al país, estimó que ha llegado el momento de que México vea hacia el interior y genere procesos que le ayuden a superar la impunidad estructural.
Refirió que la Comisión ubica a México como un país con avances legislativos notables, pero advierte también que la distancia entre ese marco y su aplicación sigue siendo enorme.
“La convicción a la que llega la Comisión, de escuchar a las cientos de víctimas, sino es que miles, tiene que ver con una simulación. Se le expresó así al Gobierno mexicano, el gran dilema es cómo superar esa tensión estructural de impunidad, que acerque la política pública a través de los ordenamientos a nivel territorial”, expuso.
Álvarez Icaza dijo observar mucho más avance en el gobierno federal que en las procuradurías estatales, donde, dijo, hay un abandono total, corrupción, indolencia de amenaza de parte de los aparatos de seguridad e indiferencia.
Cuando los casos no se resuelven a nivel estatal, abundó, se van al federal, que entra en tensión porque su capacidad instalada está rebasada.
Lamentó que 15 estados no tengan tipificación sobre tortura y que sólo tres cuenten con legislación especial en materia de desaparición forzada.
Resaltó que la visita de la Comisión no abarcó un espectro amplio de violaciones a los derechos humanos, sino que se centró en las más graves: desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
“México tiene leyes muy buenas, tiene muy buena voluntad, muy buena cooperación, pero hay una realidad que duele. Cuando fuimos a buscar las fosas clandestinas en Iguala, que nos dicen ‘señor aquí encontramos 18 cuerpos, y los encontramos porque vemos una hondonada, enterramos una varilla y con el olor’. Van 104 cuerpos que encuentran ellos. Fue muy fuerte”, comentó.
Cuestionado sobre el hecho de que el presidente Enrique Peña Nieto no se reuniera con los integrantes de la CIDH, señaló que fue una decisión del Gobierno mexicano.
“Se solicitó pero no recibimos confirmación. Era deseable, es una práctica de la Comisión, pero la principal preocupación está en la agenda y en los mensajes que se mandan. Será el Ejecutivo el que tendrá que explicarlo”, apuntó.
En la reunión que sostuvieron ayer los comisionados con la canciller Claudia Ruiz Massieu y otros funcionarios del gobierno federal, indicó, se expusieron las observaciones preliminares, a lo que se respondió con los avances en la materia, a su vez que resaltó la cooperación y la apertura a la visita. (Con información de Agencia Reforma).

 

Rechaza la Segob
el reporte; Ayotzinapa “es caso extraordinario”, dice Roberto Campa

El gobierno de México rechazó que se viva en el país una grave crisis de derechos humanos, como afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y afirmó que la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un hecho “absolutamente extraordinario”.
En respuesta al informe preliminar de la CIDH, que emitió tras su visita a México, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, advirtió que ese documento “no refleja la situación del país”.
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, había anunciado que sería Campa el responsable de emitir la posición, en una entrevista con el conductor Joaquín López Dóriga, a quien felicitó por cumplir 47 años “de un periodismo serio, responsable y de cara a la sociedad”
Y así fue: En conferencia de prensa, Campa rechazó también la participación de una instancia internacional para investigar en México violaciones a derechos humanos y en todo caso advirtió que será hasta el próximo año cuando se emita una evaluación integral.
“Como los propios integrantes de la Comisión explicaron al mediodía, un informe como este, una visita como esta, requiere de un tiempo prudente para su estudio, para su análisis. El tiempo que han anunciado nos lleva a una fecha en el primer semestre del próximo año”, expuso.
“Confiamos en que el definitivo que se presente será un informe objetivo que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos. Creemos que este informe preliminar no refleja la situación del país (sino) que se circunscribe a zonas, a regiones en donde sabemos que tenemos enormes retos”.
Guerrero, admitió, es uno de los estados donde se tienen los principales retos en materia de derechos humanos, y el caso Ayotzinapa es extraordinario y no tiene comparación con lo que ocurre en otras partes del país y mucho menos es algo generalizado.
“La situación que vivimos el año pasado en Iguala, en Ayotzinapa, por distintos motivos, por distintas razones y características es una situación absolutamente extraordinaria”, puntualizó.
Sobre la petición de un sector de organizaciones civiles para que opere en México una figura internacional de investigación de los presuntos casos de impunidad, como en Guatemala, Campa advirtió que la cooperación internacional que el Sistema Interamericano prevé y que México reconoce es la cooperación para fortalecer a las instituciones, en un trabajo coordinado.
“Estamos convencidos de que ni en el Sistema Interamericano y mucho menos en nuestra legislación se prevén acciones para sustituir instituciones. Y nos parece que en el caso de México, la historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos; soluciones en donde vengan de fuera a resolvernos, sustituyendo a los mexicanos, siempre son salidas fáciles y que conducen al fracaso”. (Agencia Proceso /?Ciudad de México).

 

Abre nuevas líneas de investigación la PGR por Ayotzinapa; hay nuevos señalados de las agresiones

Rodrigo Vera / Agencia Proceso

Ciudad de México

La procuradora general de la República, Arely Gómez González, dio a conocer ayer que en el caso Ayotzinapa se han abierto “nuevas líneas de investigación que señalan la participación de otras personas” en la comisión de delitos contra los estudiantes normalistas.
Asimismo, explicó que para resolver uno de los temas de contraste, como el incendio en el basurero de Cocula, participarán otros expertos independientes ya que, dijo, “la única forma de acercar posiciones es realizar un nuevo análisis con la participación de expertos forenses del mayor prestigio que nos den certezas sobre lo sucedido”.
Gómez González dio esta información durante el encuentro sostenido hoy con los integrantes de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a los resultados del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la reunión, la procuradora dijo a los legisladores que el Ministerio Público Federal ha ejercitado acción penal contra 131 detenidos, de los cuales 111 ya han sido detenidas para responder “por estos hechos inaceptables para la sociedad”.
También les prometió que tendrán todo el apoyo y la información de la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener todas las “claves posibles” que ayuden a esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del año pasado.
“Ha habido disposición y apertura de parte del personal de la PGR para escuchar las inquietudes, lo cual se acredita con el hecho de que, hasta el momento, 80 por ciento de las 208 peticiones que han realizado a esta institución, han sido atendidas”, dijo la procuradora.
En la reunión estuvieron presentes María Guadalupe Murguía, presidenta de la comisión legislativa, y los integrantes Cristina Ismene Gaytán, Arturo Álvarez Angli y Ana Guadalupe Perea.
A la procuradora la acompañaron Gustavo Salas Chávez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos; y Tomás Zerón de Lucio, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, entre otros funcionarios de la dependencia.

 

Asalta un comando un autobús donde viajaban
normalistas de Ayotzinapa en Atoyac, según versión

El jueves en la noche un comando armado con rifles AK-47 asaltó un autobús de pasajeros de la línea Futura, donde presuntamente viajaban diez estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Según la versión, aún no confrmada por fuentes de la Normal Rural, los hechos fueron entre la comunidad Zacualpan y la colonia Vicente Guerrero, pasando Las Palmeras.
El lugar donde fueron asaltados los normalistas es de alta incidencia delictiva, se han registrado asaltos a pasajeros y existen muchas quejas de los vecinos porque los policías no actúan para poner fin a la ola de asaltos. También algunos pasajeros han muerto asesinados a manos de los asaltantes.
Los camiones que viajan de la Costa Grande a la Ciudad de México se juntan en el crucero de San Jerónimo para pasar en convoy por esa zona escoltados por policías federales y estatales, cuando están de regreso esperan en el libramiento Paso Texca para pasar por la zona de Zacualpan junto con otros carros.
Es un tramo de 2 kilómetros que va de la cuadrilla Las Palmeras a la colonia Vicente Guerrero, un área de cordillera montañosa que llega hacia la carretera y el manglar de la laguna que está a 500 metros, en donde existen múltiples veredas que conectan con la sierra y comunidades de Atoyac y Coyuca de Benítez.
Hasta anoche, estudiantes de la Normal Rural no habían hecho denuncia al respecto. (Víctor Cardona Galindo / Atoyac).