Maneja el gobierno rumores contra la Normal de Ayotzinapa para la criminalización a los estudiantes

*Se dijo que 4 mil activistas armados con explosivos, una madrugada de diciembre de 2014 atacarían edificios públicos en Chilpancingo, según una declaración del gobernador Rogelio Ortega. El 12 de diciembre de 2011, los policías ministeriales estaban alterados porque llegaron rumores de que estudiantes y activistas concentrados en la Normal atacarían la ahora Fiscalía General del Estado

Lourdes Chávez

Tixtla

La criminalización de la Normal Rural de Ayotzinapa, que se traduce en represión, persecución, acoso y desaparición, es resultado de rumores sin fuentes precisas que llegan a las esferas de gobierno y a la sociedad como verdades.
Un ejemplo es el rumor de un supuesto ataque de 4 mil activistas concentrados en la Normal Rural armados con artefactos explosivos una madrugada de diciembre de 2014, contra edificios públicos en Chilpancingo, según la entrevista que el gobernador Rogelio Ortega concedió a la revista Proceso.
Entonces, el abogado de los padres de los desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra declaró que el movimiento estaba en un momento de “reflujo”, porque había descendido considerablemente la participación de la sociedad en los primeros meses de los ataques de policías y sicarios a estudiantes en Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Según el gobernador, una noche de diciembre, que no supo precisar, la federación tenía la intención de “arrasar” a la Normal para evitar una tragedia que se pudiera extender a civiles, pero se opuso. Al final, no hubo tal acción.
Algo similar ocurrió la noche del 12 de diciembre de 2011 en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde el abogado Rosales Sierra, con el equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, rastreó a los alumnos detenidos en un desalojo a balazos ocurrido por la mañana. En esa agresión, hubo dos estudiantes asesinados y un trabajador de una gasolinería gravemente herido en la explosión de una bomba de gasolina murió pocos meses después, torturas, y tratos crueles y degradantes no sólo a normalistas, sino también a transeúntes que pasaban por el lugar.
Rosales Sierra reveló después que la noche del 12 de diciembre los policías ministeriales estaban alterados porque llegaron rumores de que estudiantes y activistas se estaban concentrando en la Normal Rural para atacar las instalaciones de la ahora Fiscalía General del Estado.
En realidad, los estudiantes convocaban a la población a localizar a sus compañeros desaparecidos que buscaron refugio en casas o que volvieron a pie a la Normal.
De la situación en diciembre de 2014, el dirigente estudiantil de Ayotzinapa, David Flores Maldonado, dijo que con el movimiento reducido por las vacaciones de fin año, pensaron en acciones simbólicas para mantener su movimiento.
Aclaró que tampoco hubo indicio de algún riesgo para la Normal Rural. Tampoco había comunicación con el gobierno del estado, pero sí con la federación.
Recordó que el llamado más fuerte que recibió de un funcionario federal, siendo dirigente estudiantil, ocurrió el 13 de enero de 2015. Ese día, los padres de los 43 alumnos desaparecidos quisieron entrar al 27 Batallón de Infantería en Iguala a buscarlos, y al calor de la manifestación algunos activistas abrieron, empujando con un tráiler, uno de los accesos.
El normalista dijo que en una llamada telefónica le advirtieron, “fíjense lo que están haciendo porque cada acción tiene una reacción”. El normalista le respondió que la protesta no se pensó de esa manera, pero ocurrió en medio del dolor y la rabia ante los crímenes de Iguala.
De diciembre concedió que el movimiento por la presentación de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos “se enfrío un poco”, muchos normalistas, activistas y luchadores sociales que durante meses hicieron su base en Ayotzinapa volvieron con sus familias. Por esa razón buscaron acciones simbólicas, más que masivas, en Navidad y en año nuevo en la Ciudad de México.
Durante las fiestas, estudiantes de la Normal Rural y padres de familia protestaron afuera de la residencia oficial de Los Pinos en Noche Buena y Fin de Año, y el 25 de diciembre en la embajada de Alemania.
Reconoció que los primeros días después de los ataques y la detención de los 43 normalistas hubo destrozos en edificios públicos, que no necesariamente fueron promovidos por la Normal Rural, y distinto a los que dicen los editorialistas de los medios masivos de comunicación, con las protestas no se pretendió ningún daño a los ciudadanos; “cuando íbamos a acciones al Congreso o en el Palacio de Gobierno siempre se cuidó a la sociedad”, explicó el dirigente.
Aclaró que el año que estuvo frente al Comité Directivo Estudiantil Ricardo Flores Magón, nunca hubo diálogo con el gobierno del estado: “ellos nos buscaron, nosotros no aceptamos porque lo hacen con la intención de dañar socialmente, y si la sociedad no está con nosotros no somos nada”.
Las protestas eran precisamente para llamar la atención de la comunidad nacional e internacional, precisó, porque en diciembre estaban las pláticas con la federación para la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como garantía de verdad y justicia para los padres de los normalistas.
El acuerdo entre el Estado mexicano y la CIDH que permitió la creación del GIEI se firmó en noviembre de 2014. El primer periodo de trabajo de los expertos fue del 2 de marzo al 2 de septiembre. Aún no se define el periodo de la segunda etapa de gestión.