Jesús Mendoza Zaragoza

Sensatez política

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la visita in loco a México y, como resultado, publicó sus observaciones preliminares mientras integra un informe completo de su investigación. Puso su atención, de manera especial, en los temas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, y la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Un caso particular, entre muchos otros observados en la ciudad de México, en Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Veracruz, fue el de Ayotzinapa.
Según sus observaciones, “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia y graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares” y enumera una serie de situaciones en las que se conculcan los derechos humanos sobre personas en situación de pobreza, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros.
Al mismo tiempo, la CIDH hace un reconocimiento de los avances legislativos que se han establecido para proteger los derechos humanos en México, destacando la modificación de diversos artículos de la Constitución que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
No obstante, las observaciones de la CIDH, señalan que “los problemas descritos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas”. Esta es, a mi juicio, una clave fundamental para entender lo que está pasando en México, lo que significa que el tema de la justicia no depende solo de buenos o malos jueces, de procedimientos legales, de buena o mala voluntad política, de la incapacidad profesional de los ministerios públicos, etc. La justicia en México depende de estos elementos, pero no solo de ellos. Depende de un sistema político que ha establecido su propio código, en el que la procuración y la administración de justicia no son la regla sino la excepción y en el que prevalece la impunidad porque se defiende el sistema a toda costa y se abandona a los ciudadanos agraviados.
La CIDH constató “una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una ‘simulación’”. Los datos que se tienen sobre impunidad son catastróficos debido a la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y a las mil trabas que encuentra en el camino quien se anima a buscar justicia.
Algo que llama la atención es la respuesta gubernamental ante estas observaciones, a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en el sentido de que el caso Ayotzinapa es un caso extraordinario y que, por ello, no refleja lo que sucede en el país. Creo que lo extraordinario del caso Ayotzinapa está en su resonancia política y social por el hecho de que se trata de una escuela de larga tradición combativa. Pero casos semejantes ha habido abundantes en el país y no han tenido esa resonancia.
¿O hay que esperar un alto impacto político de una tragedia para percatarnos de una crisis humanitaria? Porque en términos humanitarios ha habido muchos Ayotzinapas en el país. Algunos, incluso, prácticamente desconocidos. En la sierra de Guerrero, por ejemplo, al amparo del aislamiento y del silencio, se han desarrollado tragedias de pueblos enteros, pero como son simples campesinos, no son visibles y nadie reclama por ellos. Y en nuestras mismas ciudades guerrerenses abundan las tragedias de víctimas a las cuales se acumula la tragedia de una justicia inaccesible porque las instituciones encargadas solo saben obstruir y complicar el camino de las víctimas. Si hasta algunos ministerios públicos aconsejan a las víctimas para que no denuncien.
¿Que se necesita para que el Estado reconozca la crisis nacional, cuya primera y básica connotación es humanitaria, que tiene repercusiones sociales y políticas en la medida en que se hace visible y toca a sectores sensibles de la sociedad? ¿Es necesario que la crisis humanitaria, como la que se vive en muchas latitudes del país, tenga repercusiones políticas para ser reconocida y atendida? Nuestras autoridades tienen ojos y no ven, oídos y no oyen y siguen creyendo que la negación es el mejor camino. ¿Significa esto que el poder ensordece y enceguece? Precisamente, esta ceguera y sordera es la que ha propiciado la crisis en derechos humanos en el país, ya que ni ven ni oyen a las víctimas. Es más, ni les interesan. Lo que les interesa es mantener el poder, así sea de manera espuria y mafiosa.
Esta salida no es salida, es un engaño, es una deshonra para la verdad. Un día no se va a poder contener tanto enojo social generado por la impunidad y la inaccesible justicia. Se requiere una transformación profunda del sistema de justicia para afrontar la crisis humanitaria, como condición necesaria para la paz. En este sentido van las 21 recomendaciones que la CIDH hace al gobierno mexicano al final de las observaciones preliminares. Veamos si las acepta y les da curso para asumirlas. Esta sería una señal de sensatez política, que es tan necesaria en nuestro país.