Víctor Cardona Galindo

PÁGINAS DE ATOYAC

* Zona de cisma (Quinceava parte)

Fueron en total 53 funcionarios y policías contra quienes se ejerció acción penal como responsables de la matanza de Aguas Blancas o por obstruir las investigaciones del caso. Con su informe del 27 de febrero de 1996, el fiscal concluyó que no hubo autores intelectuales y no solamente exoneró al gobernador Rubén Figueroa, también a los tres funcionarios de mayor rango cercanos a él: al secretario general de Gobierno Rubén Robles Catalán, al procurador de Justicia, Antonio Alcocer Salazar y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. También al general Mario Arturo Acosta Chaparro, de quien había evidencia sobre su participación en los planes para detener a la OCSS el 28 de junio de 1995.
De acuerdo a la recapitulación que hace Maribel Gutiérrez en su libro Violencia en Guerrero, “La fiscalía despejó dos de las cuatro incógnitas planteadas de manera particular por la CNDH. La primera, dijo que el tirador que aparece en el video disparando una pistola contra los campesinos, vestido de camisa blanca y gorra, es el director de Gobernación, Esteban Mendoza Ramos. Y respecto a la segunda cuestión, dijo que los funcionarios que llegaron en helicóptero al vado de Aguas Blancas son el secretario general del gobierno, Rubén Robles Catalán, y el director de Comunicación Social del gobierno de Figueroa, Carlos Carrillo Santillán. Para la fiscalía, el señalamiento de estos dos funcionarios no tuvo ninguna implicación en alguna responsabilidad acerca de la información que ocultó el gobierno. Y reveló los nombres como si se tratara simplemente de satisfacer la curiosidad de la CNDH”.
El 10 de febrero, diez funcionarios del gobierno del estado fueron aprehendidos, consignados por ejercicio indebido del servicio público y abandono del servicio público, pero luego obtuvieron su libertad provisional mediante el pago de una fianza, debido a que los delitos que se les imputaban no son considerados graves.
Entre los diez detenidos estaban el ex subsecretario de Seguridad Pública y Protección Rosendo Armijo de los Santos, la directora de Averiguaciones previas de la Procuraduría de Justicia del Estado, Blanca del Rocío Estrada Ortega, y el determinador de la agencia central del Ministerio Público de Acapulco, Elías Reachi Sandoval, que fue responsable de la primera averiguación iniciada con motivo de la matanza de los 17 campesinos.
Los otros detenidos fueron los agentes del Ministerio Público José María Alcaraz López, Javier Reyes Grande, Jorge Rafael Reyes Serrano y José Antonio Clavel Díaz; los peritos Gildardo López Reyes y Gonzalo Barrera Abarca y el agente de Gobernación y chofer de la Policía Motorizada Ramiro Orlando Soberanis Moreno.
También fueron consignados nueve funcionarios más, que se ampararon antes de ser arrestados. El 14 de febrero comparecieron ante el juez siete amparados que fueron el ex fiscal especial Adrián Vega Cornejo, la agente del Ministerio Público Francisca Flores Rizo; los peritos Carlos Gruintal Santos, Rafaela Cruz Suástegui, Juan Olea Ventura y Alfonso Alonso Piedra y el ex delegado de servicios periciales Francisco Ricart Álvarez, quienes llevaban consigo una orden se suspensión de la acción penal otorgada por el gobierno federal.
No alcanzó la acción penal al agente de gobernación Olimpo Soberanis Méndez, quien también estuvo presente en el vado de Aguas Blancas y “al agente especial de Gobernación Armando Nieto Espitia, que se encontraba en el vado de Aguas Blancas armado de con un AK-47, que fue el encargado de llevar a editar el video a las instalaciones de la empresa estatal Radio y Televisión de Guerrero (RTG), y que desapareció al día siguiente de la masacre, probablemente llevándose el original del video”, comenta Maribel Gutiérrez.
De los 19 consignados, el 10 de febrero, el de mayor rango fue Armijo de los Santos, a quien Figueroa ordenó encargarse de la operación del 28 de junio de 1995, pero el funcionario no acudió, “por problemas personales”.
Igual que la CNDH el fiscal planteó que los campesinos iban desarmados y que colocaron armas en sus manos. De esto responsabilizó a los agentes del Ministerio Público que hicieron las primeras pesquisas comenzando por Elías Reachi Sandoval.
Luego el juez Van Meeter decretó auto de libertad a cuatro de los funcionarios consignados, que fueron la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Blanca María del Rosario Estrada Vega, el delegado de la Procuraduría en Acapulco, José María Alcaraz, el delegado de Servicios Periciales de la Procuraduría, Francisco Ricart Álvarez y el Agente del Ministerio Público revisor Gildardo López Reyes, porque la fiscalía no aportó los elementos suficientes para declararlos presuntamente culpables de delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público. Más tarde la mayoría poco a poco fue saliendo en libertad.
Al siguiente día, de cerrado el caso, el gobernador dijo a los medios de comunicación en Huitzuco: “no tengo porque renunciar”. Pero en ese momento el movimiento social se encontraba en un proceso de agitación y de reorganización, porque el video exhibido por Televisa provocó mayor indignación y le inyectó nuevos bríos a las protestas.
“El fiscal especial para el caso Aguas Blancas, Alejandro Varela Vidales, sólo ganó tiempo para dar una solución prefabricada en torno a la masacre de 17 campesinos el pasado 28 de junio. La actuación agrega nuevos delitos que deben seguirse contra la fiscalía y el caso debe retomarse de manera obligada”, dijo a la alcaldesa de Atoyac María de la Luz Núñez Ramos a El Sol de Acapulco y también señaló que “ningún funcionario sobre todo en nuestro estado, hace nada sin el consentimiento del gobernador”.
El 2 de marzo durante un cabildo abierto María de la Luz Núñez Ramos lanzó la campaña SOS/Atoyac, que tenía como objetivo denunciar los hechos de violencia que se daban en el municipio y llamó a realizar un ayuno en el zócalo de la ciudad de México. En ese cabildo abierto se nombró la defensora de los derechos humanos, Teresa Jardí, “fiscal del pueblo” que ayudaría en la investigación particularmente de los asesinados de El Paraíso.
Ante la presión internacional, de la sociedad civil nacional y de la mayoría de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, que reclamaban que se violaron las garantías individuales y que se rompió el Estado de derecho, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, fundado en el artículo 97 constitucional por medio del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, el 4 de marzo, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investigara las violaciones a las garantías individuales en Guerrero.
Presionada la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Ejecutivo federal, aceptó asumir la investigación “pese a que el 18 de septiembre de 1995, había votado en contra de la misma propuesta realizada por los ministros Gerardo David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño”, recuerda Gabriel Alfonso Castillo Leyva en su tesis Inestabilidad Política en el estado de Guerrero. El Caso “Aguas Blancas” y su contexto.
Un día antes de que el presidente de la República pidiera la intervención de la Suprema Corte en el caso, el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, por medio de su representante, Luis del Toro Calero, dirigió un documento de 26 cuartillas al presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán, en el cual le solicitó que no atendiera la petición de intervenir presentada por las organizaciones no gubernamentales. Al día siguiente cuando se conoció la solicitud presidencial y la resolución en favor de la Suprema Corte, Figueroa Alcocer se puso a disposición de los ministros de la comisión investigadora sosteniendo que no tenía nada que ocultar.
La Suprema Corte nombró para investigar el caso a los ministros Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios. También durante el proceso de investigación de la Corte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio un giro importante a su postura, su líder nacional, Santiago Oñate Laborde, declaró el 5 de marzo de 1996 que la investigación de la matanza en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, no ha convencido y “nosotros queremos que se esclarezca. Esa sería nuestra posición”.
Boutros Boutros Ghali, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), visitó el país el 6 de marzo de 1996 y el Departamento de Estado norteamericano dio a conocer un informe donde especificaba que “los mayores abusos incluyen violencia y asesinatos en Guerrero, así como torturas, arrestos ilegales y detenciones arbitrarias”.
Ese día el Ayuntamiento de Atoyac, encabezado por su alcaldesa y los regidores perredistas, realizó un plantón y ayuno en el Zócalo la Ciudad de México que duró dos días. María de la Luz se introdujo a una reunión en la Secretaría de Gobernación donde estaba Figueroa, llevó un documento llamado Banco de Sangre y Violencia que dio a conocer ante los presentes, encarando al gobernador de Guerrero.
Una concentración de unos 3 mil manifestantes se llevó a cabo el sábado 9 de marzo en Acapulco. Ahí el dirigente estatal del PRD, Saúl López Sollano, llamó a seguir a Figueroa a todos los lugares donde pretendiera realizar actos públicos, para exigir su salida, y desmentir sus declaraciones de que en Guerrero “no pasa nada”, porque la violencia seguía. Ese día se informó del número 12 en la lista de campesinos mixtecos asesinados con motivo de su participación en el movimiento por el reconocimiento del municipio autónomo Rancho Nuevo Democracia. La nueva víctima fue Jacinto Gervasio, asesinado el 4 de marzo en San Miguel Tejalpa, por el comisario priista de esa comunidad, municipio de Xochistlahuaca.
Las fuerzas vivas de priismo guerrerense comandadas por el economista Ángel Heladio Aguirre Rivero manifestaron su apoyo a Figueroa con multitudinarias manifestaciones que se llevaron a cabo en Atoyac, Chilpancingo y Acapulco el domingo 10 de marzo de 1996. Los priistas movieron toda su fuerza para apoyar a su gobernador, las principales consignas fueron en contra de Televisa por la transmisión de la versión amplia del video de la matanza de Aguas Blancas.
Ese día marcharon en Atoyac unos 500 priistas a favor de Rubén Figueroa y en contra de María de la Luz Núñez Ramos para quien pidieron auditoría y destitución. Uno de los oradores fue Javier Galeana Cadena, quien en su mensaje deseó “que se gobierne Atoyac con seriedad y no con protagonismos personales ni con ridículos ayunos altamente satisfechos con manjares de hoteles y viajes pagados con dinero del pueblo, del que solamente se han olvidado por sus sueños de gloria de los que los atoyaquenses nos encarguemos de darles un amargo despertar”.
La marcha de Chilpancingo fue a mediodía, convocada por la cúpula empresarial de ese lugar, pero luego apabullaron los priistas. La primera Dama Silvia Smuty y sus empleados iban vestidos de blanco. Mucha gente iba de blanco y con globos blancos era “la marcha por la paz y contra la violencia en Guerrero”, las consignas fueron en contra de Televisa. Cuando estaba el mitin Rubén Figueroa salió al balcón del Palacio de Gobierno.
En Acapulco, por la tarde dos fuerzas antagónicas estuvieron a punto de chocar en la plaza cívica, frente al malecón. Rubén Figueroa acudió acompañado del presidente municipal, Rogelio de la O Almazán a esta manifestación de apoyo. De pronto el Frente Cívico desplegó una manta en el kiosco que decía: “Alto a la violencia. Fuera Figueroa de Guerrero”. Eran las 5:30 de la tarde, cuando un pequeño grupo encabezado por Javier Mojica, Delia Garduño y Mirios Ramos colocaba la manta. Pero de pronto un grupo de choque se vino sobre los frenteciviquistas quienes después que los priistas les destrozaron la manta se refugiaron en la parroquia Nuestra Señora de la Soledad, protegidos pos la prensa, porque una turba de violentos priistas querían vengar la afrenta hecha a su gobernador.
El incidente desbarató el acto, en que la plana mayor del PRI de Guerrero encabezaba a unos 15 mil priistas, que portaban lonas y mantas entre las que destacaban: “Televisa, basta de mentiras, en Guerrero hay gobierno y obra social” y “Televisa quiere gobernar”.