Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAIS

*Ángel Aguirre en capilla

En una reunión con los diputados federales que integran la comisión especial para dar seguimiento al caso Ayotzinapa, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, informó el viernes pasado sobre la apertura de nuevas líneas de investigación “que señalan la participación de otras personas” en la comisión de delitos contra los estudiantes.
¿Quiénes son esas otras personas a las que la procuradora aludió con toda deferencia y cuáles sus delitos?
Por el contexto creado en el caso Ayotzinapa después del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las conclusiones preliminares presentadas ese mismo día por la misión de la CIDH –en las que se describe a México sumido en una grave crisis de derechos humanos–, la procuradora no podía haberse referido de esa manera a “personas” cualquiera, como sicarios o policías rasos coludidos con el crimen organizado, sino a personajes relevantes que aún no han sido alcanzados por las investigaciones.
Y como no parece que la procuradora se haya referido a mandos militares, exonerados por las autoridades de toda responsabilidad, resultaría lógico que con esa vaga descripción haya identificado en realidad al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, señalado desde el principio como uno de los responsables de los hechos de Iguala.
El antecedente que apuntala la posibilidad de que Aguirre Rivero sea llamado a cuentas es que hace poco más de un mes, el 27 de agosto, fue citado por la PGR a declarar en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), después de que desde su destierro del poder hace un año había disfrutado un exilio dorado, sin ser molestado por la justicia ni siquiera por el caso del aparatoso desfalco de 287 millones de pesos que el gobierno federal atribuye a su hermano Carlos Mateo Aguirre, del que por simple sentido común el ex gobernador no puede estar desvinculado.
El ex gobernador fue citado por la PGR en carácter de “testigo” sobre la desaparición de los 43 normalistas y sus vínculos con María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca y con quien según datos del expediente el ex gobernador sostenía una relación sentimental. La información disponible señala que el jefe del cártel Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, detenido por el ataque a los normalistas, declaró a la PGR que en el 2010 su organización financió la campaña de Ángel Aguirre a la gubernatura, precisamente a través de la señora Pineda Villa de Abarca. (El Sur, 23 de septiembre de 2015).
Aunque a Aguirre Rivero le preguntaron en la SEIDO cómo y a qué hora se enteró de lo que ocurría en Iguala aquella noche del 26 de septiembre, quién le informó, cuáles fueron las instrucciones que impartió y a quiénes, y de ello se pueden desprender cargos por obstrucción de la justicia, es muy probable que la PGR finque las eventuales acusaciones contra el ex gobernador en los nexos que desarrolló con los Guerreros Unidos a través de María de los Ángeles Pineda Villa, pues esos vínculos explican la conducta cómplice que adoptó a favor del ex alcalde José Luis Abarca, a quien respaldó mientras estuvo al frente del ayuntamiento igualteco y después del ataque a los normalistas le permitió fugarse.
Debe recordarse que el lunes 29 de septiembre de 2014 Abarca Velázquez se reunió en la ciudad de México con el entonces presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, mientras su esposa lo hizo con Aguirre Rivero en Acapulco. Y que al día siguiente, después de pedir licencia al cabildo de Iguala, el ex alcalde y su esposa huyeron. Las cosas ocurrieron de ese modo pese a que el domingo anterior el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había pedido al gobernador impedir que el todavía alcalde huyera, según habría de revelar el propio funcionario federal.
Era imposible que la huida de la pareja se diera sin la protección del gobierno de Aguirre Rivero, pues aquel martes 30 de septiembre la Policía Ministerial del estado llegó al Palacio Municipal de Iguala media hora después de que el ex alcalde había salido del edificio, y luego los agentes ministeriales los buscaron en su casa, o fingieron buscarlos mientras en realidad le concedían más tiempo para poner tierra de por medio.
El viernes 31 de octubre escribimos aquí que semejante comportamiento de la Policía Ministerial del estado “solamente podía ser resultado de una orden superior, y ahora es indiscutible que esa orden provino del ex gobernador Ángel Aguirre”. Sostuvimos que “los datos suministrados por el capo de Guerreros Unidos (Sidronio Casarrubias), que involucran a Aguirre Rivero en la trama delictiva de Abarca y su esposa, son consistentes con la conducta del entonces gobernador y explican porqué dejó escapar al ex alcalde de Iguala. Aparte del hecho colateral de que la esposa de Abarca haya desarrollado una relación personal con Aguirre Rivero –que también concuerda con todo lo demás y subraya la promiscuidad que se apoderó del gobierno aguirrista–, lo sustancial es que la tragedia de Iguala destapó la existencia de una red de complicidades en cuya cúspide, hasta ahora, se encuentra el ex gobernador del PRD”.
Un año después de todo, y bajo la presión internacional intensificada por los informes de la CIDH, aparentemente el gobierno federal decidió ya fincar cargos criminales contra el ex gobernador Ángel Aguirre, quien si las cosas van en serio podría ser detenido en cualquier momento. A menos que estemos del todo errados y las “otras personas” aludidas por la procuradora sean sólo peones de la trama, como los 111 encarcelados hasta ahora.

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