Cumple dos años preso en la capital el policía comunitario de Zitlaltepec; su caso no avanza

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Hoy se cumplen dos años de la detención del policía comunitario na savi, Samuel Ramírez Gálvez de 20 años de edad, sometido con su grupo de trabajo por policías municipales y militares en la cabecera municipal de Cochoapa El Grande, el 6 de octubre de 2013.
El joven indígena de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), no alcanzó el beneficio de libertad bajo fianza, como el resto de sus compañeros, porque el rifle que llevaba, un vieja carabina 30-30, está clasificada como un arma de alto poder, pese a que el rifle no es suyo, le fue dado por su comunidad para prestar el servicio comunitario como todos los jóvenes del pueblo que se integran a la Policía Comunitaria durante tres años.
Ayer, el hombre moreno, de mediana estatura, delgado y seria expresión, habló parco de su encierro, porque todavía se le complica expresarse en español, que aprendió en la cárcel, reconoció.
Pero añadió que cuando salga del penal de Chilpancingo, donde lo encerraron hace 24 meses, volverá a su pueblo para ser campesino y continuar en el servicio de la CRAC. Abandonó estudios en sexto grado de primaria, la única escuela de su comunidad.
Tampoco está interesado en trabajar como jornalero agrícola en otros estados de la República, una de las actividades más generalizadas de la región de la Montaña. Quiere volver con su papá a sembrar la milpa y cuidar de sus hermanos menores, de 12, siete y cinco años de edad. Es el tercer hijo de una familia de ocho, cuatro hijos y dos hijas.
En consulta telefónica, dijo que su caso no avanza porque los policías que los denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) no se presentan a los careos.
El día de su detención, a la que no se opuso, los policías municipales le patearon las costillas para quitarle el rifle, y el teniente que iba al frente de los militares le dio una cachetada y le recriminó que llevara el arma, “por qué trajiste esta arma –me dijo– y me golpearon, le dije que esas (armas) son del pueblo”.
No se imaginó que pronto se quedaría solo, que los demás saldrían en una semana para seguir el proceso en libertad, “no alcancé beneficio de fianza, por eso no salí y ellos sí”, explicó.
Recordó que el 8 de agosto de 2012 fue nombrado Policía Comunitario en una reunión de la comunidad, antes de cumplir 18 años, porque su mamá Beatriz Gálvez Macario había sido consejera y coordinadora de la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
El trabajo es duro, se levantaba a las 5 de la mañana para ir al campo a trabajar la milpa y regresaba a las 5 de la tarde a reunirse con los policías comunitarios, confió que le gusta estar con los comunitarios y cuidar a su pueblo, “antes nos robaron animales, (había) asaltantes de camino, por eso se formó la comunitaria”.
Ahora, en prisión, hace balones, teje bolsas de mano que vende su familia para cubrir parte del costo de los traslados que hacen por separado cada mes su papá o su mamá. Los dos han expresado su preocupación porque no hay avances para obtener su libertad.
El joven pidió a los funcionarios del Poder Judicial, que respeten la Ley 701, la legislación que reconoce a la CRAC como una instancia de gobierno de los pueblos originarios de Guerrero.
No abundó de las condiciones en prisión, se limitó a decir que lo tratan bien, pero aceptó que desde la llegada del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, a la cárcel de Chilpancingo se siente más tranquilo, con mayor confianza.
Molina González fue trasladado del penal de máxima seguridad de Almoloya al de Chilpancingo en junio pasado, y por el caso de Samuel denunció que en la cárcel hay presos a los que detienen Cuernos de Chivo y que salen de prisión con fianzas. En cambio, las autoridades se ensañan con los más humildes.