Civiles que irrumpieron en mayo advierten que tomarán Chilapa; el gobierno no los atiende

Luis Blancas

Chilpancingo

Integrantes de la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia AC en Chilapa reprocharon al gobierno estatal que no ha dado más seguridad al municipio para eliminar secuestros, desapariciones y homicidios, y advirtieron que tomarán el control del Chilapa dentro de siete días.
En conferencia de prensa, el vocero de los comunitarios, Jesús Escobedo González dijo que el 17 de septiembre, en Palacio de Gobierno los atendió el subsecretario de Desarrollo Político, Saúl Barrio Zagal, pero no llegaron a ningún acuerdo; después se programó una reunión el 22 de septiembre y no se llevó acabo porque estaba tomado el edificio por los burócratas. Comentó que la reunión se reprogramó para el 1 de octubre, pero no ocurrió.
Escobedo González dijo que ante la falta de apoyo del gobierno estatal tomarán las entradas, salidas y el control de Chilapa el 12 de octubre como medida de presión para que los atiendan.
Informó que su petición es que haya más seguridad en el municipio, porque han ocurrido desapariciones de personas, extorsiones, secuestros, homicidios y hostigamiento contra los 36 comisarios de la zona sur de Chilapa.
Escobedo González comentó que una de las víctimas es Eugenio Loreto Nejapa, quien presentó una denuncia ante la agencia del Ministerio Público en Chilapa contra quien resulte responsable de los delitos de daños a la propiedad y casa habitación, “porque se metieron hombres de la delincuencia organizada a su domicilio, en Acatlán”.
Agregó que la denuncia quedó asentada en la averiguación previa Álvarez/SC/AA/04/101/2015, sin embargo el Ministerio Público no han iniciado las investigaciones para encontrar a los responsables, “este caso está estancado”.
Otra demanda es que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) entreguen 56 proyectos productivos con sistema de riego para cultivar hortalizas, maíz, frijol, ajo y cebolla.
Dijo que la Sagarpa y la Seder pretenden entregar 13 mil pesos a cada campesino para los proyectos productivos (el monto mínimo de sus programas), insuficientes incluso para levantar una cosecha.
Escobedo González señaló que otra de las peticiones es que la dirección de la Comisión Técnica de Transporte del estado instruya para que se abran rutas que lleguen a Chilapa, de las comunidades de Ayahualulco, El Jagüey y San Ángel, donde “los habitantes, para realizar sus compras acuden a Quechultenango”.
“Si las autoridades competentes no hacen caso a nuestros reclamos, no nos va quedar otra opción que hacer lo que hace la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en implementar justicia con las propias comunidades, en detener a los delincuentes, nos van a valer gorro el gobierno del estado y las autoridades”, declaró.
Informó que las comunidades de Chilapa que tienen su policía comunitaria son 36, más 30 que se agregaron recientemente, en total son 66 en la zona sur de Chilapa, donde cada localidad tiene 15 o 20 comunitarios.
Dijo que tienen un registro de 20 desparecidos en sus comunidades, pero no se integrarán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de la República (PGR) para no confrontarse con habitantes de la cabecera que los culpan por la desaparición de sus familiares, “por eso pedimos que nos investiguen, para deslindar responsabilidades”.
Reprochó al gobierno del estado que no se haya llevado a cabo la Convención Estatal de Refundación, Institucionalización y Regulación de las policías comunitarias a la que convocó para el 29 de septiembre, y para la que ellos enviaron la documentación que les pidieron para regularizar su organización.
El 9 de mayo, unos 300 civiles armados encabezados por los comisarios de las 36 localidades entraron a la cabecera municipal en busca de Zenén Nava Sánchez El Chaparro, presunto líder de la banda de Los Rojo que controla la plaza de Chilapa y a quien los habitantes de las localidades, principalmente El Jagüey, San Ángel y Xiloxuchicán, acusan de ser el responsable de la violencia que viven.
Los civiles armados se retiraron de Chilapa el 14 de mayo con la promesa de los gobiernos estatal y federal de que actuarían contra el grupo criminal y garantizarían la seguridad en sus pueblos.
Durante la irrupción de los civiles armados, familias de Chilapa denunciaron la desaparición de unas 30 personas de las cuales aún no se sabe de su paradero, pese a que la PGR atrajo la investigación que desestimó la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, los comisarios de 36 comunidades del sur de Chilapa integrantes de la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia AC, marcharon en Chilpancingo y emplazaron al gobierno del estado a que resuelva un pliego petitorio que le entregaron desde diciembre del año pasado.