Iguala no es el país, dice Campa; critica ala CIDH la resistencia del gobierno

*En vez de negar la grave crisis de derechos humanos que hay en el país un gobierno democrático debería encabezar la indignación ante el dolor de las víctimas, plantea Emilio Álvarez Icaza

*Insiste en que los expertos entrevisten a los militares, porque hay información de que estuvieron presentes en los ataques a los normalistas

*Que salgan de la investigación la SEIDO y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, reitera

El informe de la CIDH tiene excesos; Iguala no es el país: Campa

Jacob Morales Antonio

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, afirmó que es un “exceso” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decir que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la realidad de todo el país, y reveló que durante el gobierno perredista de José Luis Abarca Velázquez las desapariciones de personas aumentaron de 2 a 60 por año.
Campa informó que en próximos días la procuradora de la República, Arely Gómez, anunciará cómo se atenderán las recomendaciones de la CIDH, de trasladar la investigación de la desaparición a la subprocuraduría de Derechos Humanos y designar fiscal especial.
En entrevista en el noticiero de Televisa de Carlos Loret de Mola, el funcionario dijo que hay un “despropósito” en el informe de la CIDH.
El viernes, la CIDH, encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle Antoine, concluyó una visita de cinco días a México
En su informe preliminar señala que México está sumido en una “grave crisis de derechos humanos” y una situación “extrema” de impunidad y violencia.
Campa dijo que el informe tiene una “intencionalidad… es importante decir que la conclusión del informe grave crisis, fue la misma que declaró en entrevista con Proceso hace tres semanas Álvarez Icaza”, secretario ejecutivo de la CIDH.
Dijo que los expertos escucharon 13 testimonios, pero que sus experiencias no son recientes, cuatro son de hace 40 años, uno del 2006, uno del 2010, dos del 2013; uno de Veracruz y de Michoacán, “uno es de Iguala que ciertamente es reciente”. Además de otros tres de los que no se precisa de qué época son.
Insistió: “de ninguna manera me parece que podemos aceptar que se trate de asuntos que sucedieron en los últimos meses como me parece dio la impresión que quedó en las conclusiones del informe”.
–¿Es injusto entonces?–, pregunta el conductor.
–Creo que el documento tiene excesos, decir por ejemplo que la realidad de Iguala es la realidad del país, nos parece que es un exceso.
–Pero sí es parte de la realidad del país–, dice Loret de Mola.
–Claro. Que sea parte de la realidad del país no es que sea la realidad del país. Lo que le dijeron por ejemplo a los miembros de la Comisión en Iguala, es, nosotros metemos una varilla en el piso y si huele mal rascamos porque encontramos un cadáver.
Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando… entendiendo que hay muchas veces dificultad para creerle al gobierno, ¿de a de veras es la realidad de México?. La gente mete una varilla en nuestro país, y si huele mal encuentra un cadáver. Me parece que de ninguna manera lo podemos aceptar, no como gobierno, sino como país.

Critica la CIDH resistencia del gobierno a aceptar que hay una grave crisis de derechos humanos

*Un gobierno democrático debería encabezar la indignación ante el dolor de las víctimas en lugar de la negación, plantea el secretario técnico Emilio Álvarez Icaza. Insiste en que los expertos entrevisten a los militares de Iguala, porque hay información de que estuvieron presentes en los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa. Que salgan de la investigación la SEIDO y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, reitera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que hay resistencia en el gobierno federal para reconocer que se vive una grave crisis de derechos humanos en el país, cuando debería de encabezar la indignación de las víctimas, en lugar de la negación.
En el noticiero de Televisa dirigido por Carlos Loret de Mola, ayer el secretario técnico de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, insistió en que se debe de conocer la opinión de los militares del 27 Batallón de Iguala sobre los ataques a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, como cualquier otro servidor público consultado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), porque estuvieron en los sitios de las agresiones la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Dijo que en una situación de crisis, los gobiernos con talante y talento democrático deben de encabezar la indignación, si encabezan la negación, pierden ellos, pierden las víctimas y pierde el país y la Comisión Interamericana.
–¿El gobierno encabeza la negación?– preguntó el periodista.
–Me parece que hay una resistencia– respondió el defensor de derechos humanos.
Ante la pregunta, dijo que no es la intención de la CIDH darle una calificación a México, que lo que hace es “se pone en la mesa un diagnóstico para que México tenga oportunidades… hay una crisis en derechos humanos, les damos un espejo para que miren su dolor”.
Afirmó que México es uno de los países que más preocupan a la Comisión, y mencionó que en 15 estados no está tipificado el delito de tortura, “no se puede combatir porque ni siquiera es delito”.
Pidió investigar a los militares bajo las reglas del debido proceso cuando el conductor de Televisa cuestionó la pertinencia de las entrevistas a los militares, que las autoridades ya rechazaron en diferentes ocasiones.
El conductor preguntó si se pretende entrevistar a los militares de Iguala “¿porque piensan que el Ejército tuvo una participación directa en la desaparición de los 43 jóvenes (como lo han señalado los padres de las víctimas en las manifestaciones), o porque sospechan que supieron y no hicieron nada?”.
Alvarez Icaza recordó que hay información de que los militares estuvieron presentes en los ataques de Iguala, como se establece en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y agregó: “queremos conocer directamente su opinión de los hechos, no se constituye un escenario de culpabilidad alguna, pero cualquier principio de normalidad democrática supone que puede entrevistar a cualquier servidor público. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o cualquier otra instancia no tiene porqué sentirse agraviada porque se les solicite entrevistarlos, como a cualquier otro servidor público”.
Loret de Mola planteó que en algunos medios “están cuestionando quién envió a los estudiantes a Iguala… qué los motivó a ir a Iguala a tomar los camiones, ¿Qué dice la Comisión?”.
El ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (DF), recordó que la CIDH no ha intervenido en la investigación del caso Ayotzinapa, que sí lo ha hecho el GIEI que determinó que los normalistas de Ayotzinapa fueron a Iguala para prepararse para la marcha del 2 de octubre.
Y aclaró que la pregunta más importante de responder es dónde están los normalistas.
Álvarez Icaza consideró que a un año de los hechos, la cuestión es dar cuenta de lo que pasó y saber en dónde están los desaparecidos. Recordó que la mirada internacional está puesta en México por el caso Ayotzinapa y hoy, el Estado mexicano tiene “una oportunidad, con el grupo de expertos, de generar un modelo de cooperación”.
Para este nuevo esquema, aclaró que se deben atender las observaciones del GIEI, y una es que salgan del caso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), y el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Dijo que en la medida que se atiendan las observaciones, que haya un fiscal para el caso de Ayotzinapa, se podrán evitar prácticas irregulares como las que se señalaron en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró.
Alvarez Icaza dijo en la entrevista que si bien el presidente Enrique Peña Nieto y la procuradora Arely Gómez reconocen a los expertos, Zerón de Lucio “se la pasa dinamitando y boicoteando en los medios (de comunicación) diciendo que va a tratar de persuadir a los expertos”.
En el informe preliminar tras la visita in loco, la semana pasada, la CIDH puso como focos rojos de atención los casos de Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa, como casos gravísimos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por funcionarios públicos (policías o militares).
En Ayotzinapa fueron asesinadas seis personas y desaparecidas 43, aparte de los heridos que siguen graves; en Tlatlaya, Estado de México, 22 personas fueron asesinadas por militares y un juez federal acaba de liberar a los cuatro soldados implicados.
En el caso de Tanhuato, Michoacán, hubo 42 cuerpos asesinados con el tiro de gracia.